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En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) y en el Programa de Desarrollo Minero 2013-2018 la minería fue declarada como un sector estratégico . Como objetivo principal se planteó “promover mayores niveles de inversión y competitividad en el sector” (Presidencia de la República, 2012).
Después de casi seis años de la presente administración gubernamental, y como saldo, destaca el 6to Informe de Gobierno (Presidencia de la República, 2018) que la superficie de las concesiones mineras se redujo en casi 10 millones de hectáreas. En 2012, 30.8 millones de hectáreas estaban concesionadas y para 2018, 20.9 millones de hectáreas, dato que sigue siendo considerable. Como parte de esto, el número de títulos bajo concesión, también se redujo de 26 mil a 25 mil.
Por otra parte, la inversión en minería , muestra el Informe, también cayó de 8 mil millones de dólares en 2012, a un poco más de 4 mil millones de dólares en 2017. En el mismo sentido, la inversión en exploración minera pasó de 798 millones de dólares a 354 millones de dólares. Es decir, la inversión se contrajo a la mitad. En parte esto se explica por la caída de los precios internacionales de los minerales; la reforma fiscal que eliminó la exploración como una actividad deducible de impuestos, el pago de los impuestos especial y extraordinario sobre minería; así como las decenas de resistencias sociales a la minería a lo largo de todo el país.
En contraste con la disminución de la inversión y superficie en concesión, el 6to Informe de Gobierno muestra que el número de sociedades mineras inscritas en el Registro Público de la Minería se incrementó de 2 758 a 3 368 del 2012 al 2018. Asimismo, el volumen de la producción de los principales productos minerometalúrgicos (oro, plata, plomo, cobre), en general tuvieron un crecimiento a lo largo del sexenio, lo que significa que pese a que la inversión y la superficie concesionada se redujeron, la extracción y explotación de los minerales se intensificó.
Junto a esto, también se han incrementado los conflictos socioambientales en México. Al inicio del sexenio, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), documentaba 24 conflictos en nuestro país; en 2018 la cifra se ha incrementado a 45 (OCMAL, 2018), cifra que representa un 88 porciento más de conflictividad socioambiental derivada de la actividad minera. Este hecho cuestiona uno de los retos del PND 2013-2018 , que planteó “beneficiar y respetar los derechos de las comunidades o municipios donde se encuentran las minas” (Presidencia de la República, 2012: 82). Además, no se puede olvidar que en este sexenio se vivió el “peor desastre ambiental de la industria minera del país” (SEMARNAT, 2014), con el derrame de la minera Buenavista del Cobre de 40 millones de litros de sulfato de cobre a los ríos Bacanuchi y Sonora, afectando a miles de personas.
No obstante esto, el último Informe de Gobierno , a partir de la información cartográfica, señala que el 62.6% del territorio nacional tiene potencial minero, lo que implica que todo este espacio es susceptible de ser concesionado. Además identifica “66 nuevas zonas prospectivas en los estados de Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Zacatecas, con potencial por oro, plata, plomo, cobre, zinc, antimonio, boro, titanio, manganeso, molibdeno, hierro, arena sílica y zeolita” (Presidencia de la República, 2018: 550).
En suma, los saldos del sexenio en materia de minería, no son los mejores. Por el contrario, en términos de inversión, de explotación y extracción, de conflictos, y de daños al medio ambiente, los resultados no son lo planeado. Además, la gran conflictividad es obviada y sólo se continúa presentando a México, como un gran contenedor de materias primas. La gran interrogante es lo que está por venir.
