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En estos días, la caravana de migrantes centroamericanos que inició hace un mes en la frontera sur, finalmente ha arribado a la frontera de México con Estados Unidos, a la ciudad de Tijuana. Sus agotados integrantes están en la víspera de hacer su acercamiento a la garita fronteriza y presentar su solicitud de refugio ante el Departamento de Seguridad Interna (DHS), con la esperanza de que aprueben su humana y elemental petición.
Tienen derecho a ser escuchados y a que jurídicamente se gestione su solicitud de refugio, lo que no puede prohibir el vociferante presidente de los Estados Unidos, quien ha utilizado su movimiento como un pretexto para justificar su muro fronterizo y para presionar a México, instando a que seamos más severos con la migración centroamericana (¡aún más!).
¿Quién puede temer a personas que solamente aspiran a proteger el más elemental de los derechos, que es preservar la vida propia y de sus familiares? Desafortunadamente, en estos días vendrán más “tuits” de la cuenta de Donald Trump, con maltratos adicionales para esta migración de refugio, lo cual pudiera ser leído por las autoridades migratorias como una instrucción para cerrar aún más la puerta. Si es así, los casos que finalmente sean aprobados para permanecer en los Estados Unidos pueden ser menos de los esperados, provocando que muchas de estas personas sean repatriadas a sus países de origen.
Es decir, arribar a Tijuana, después de haber cruzado miles de kilómetros por México, hacer el esfuerzo para tener una entrevista con agentes migratorios de Estados Unidos, haber hecho ésos y más sacrificios… puede concluir con la deportación para alguna proporción de los migrantes de la caravana. Se sumarían a las miles de repatriaciones regularmente hacen los Estados Unidos (y México, por cierto, en mayor número).
Durante el año 2016, del que tenemos las últimas estadísticas completas, las personas que finalmente obtuvieron estatus formal de refugio en los Estados Unidos fueron 20,455, procedentes de muy diversas partes del mundo, desde China, Medio Oriente y Latinoamérica, entre otros puntos. De este total, una parte muy significativa correspondió a los tres países del norte de Centroamérica, con alrededor del 27 por ciento. Les fue otorgado refugio a 2,157 nacionales de El Salvador, 1,949 de Guatemala y 1,505 de Honduras. Es decir, hasta ese año era relativamente buena la probabilidad de obtener refugio para personas procedentes de estos tres países… dentro del margen estrecho de esos números.
Los tiempos de Trump pueden alterar la tendencia, evidentemente. Este es el escenario que comprobarán los integrantes de la caravana que recientemente llegó a Tijuana. ¿Cuántos de ellos lograrán culminar su proceso de refugio exitosamente? En principio, si finalmente se presentan 200 o más solicitudes, parecen tener alguna oportunidad de gestión exitosa. No así los más de mil integrantes originales de la caravana, que se fueron diezmando durante el trayecto.
En general, por este camino formal, las probabilidades de obtener refugio son bajas. Esto lo saben las personas migrantes, de la caravana y todas las demás, especialmente aquellos que huyen de sus países debido a la violencia, la pobreza o en búsqueda de reunificar a su familia. Por ello optan por la alternativa difícil y riesgosa, que los somete a todas las vulnerabilidades, que es moverse entre ambientes clandestinos. El drama humano se vuelve así más agudo, al tiempo que inevitable para quienes la opción es de literal vida o muerte.
Ante el dique creciente que significa para los refugiados el endurecimiento de la política migratoria de los Estados Unidos, el Plan B progresivamente es nuestro país. Un desafío central del próximo gobierno federal será replantear su política ante la migración centroamericana, especialmente ante la más vulnerable que es la que escapa de la violencia y de amenazas a la vida.
Es evidente que por razonas humanas, por historia compartida y por solidaridad con Centroamérica, México no puede seguir en la actual inercia que privilegia la contención migratoria. La problemática es grave y de enorme escala, por lo que requerimos una visión alternativa, más compleja, centrada en el efectivo respeto de los derechos humanos y en estrategias de desarrollo. En el corto plazo, habrá que fortalecer un liderazgo regional de México que le permita ser un actor capaz poner seriamente en la mesa las bases estructurales de la problemática y promover iniciativas regionales alternativas.
