Un juez de Estados Unidos envió a la fiscalía federal para su investigación una demanda donde la unidad de Google que desarrolla vehículos autónomos acusa a Uber de robarle secretos.
El juez de distrito en San Francisco, William Alsup, emitió la orden el jueves en la noche.
La filial Waymo demandó a Uber y la acusó de robarle tecnología para desarrollar sus propios vehículos que se conducen solos.
"Este caso será referido al procurador general para la investigación de posible robo de secretos comerciales con base en evidencia entregada hasta ahora, concerniente a las aseveraciones del demandante Waymo LLC, de apropiación indebida de secretos comerciales", escribió Alsup en su fallo. "La corte no tomará posición sobre si se otorga o no un proceso. Esta decisión compete enteramente al procurador general".
Uber y Waymo no reaccionaron hasta el momento sobre el fallo del juez.
En el caso de presunto espionaje corporativo de alto nivel, Waymo acusa a Uber de trabajar en vehículos autónomos con base en secretos robados por el ex ingeniero de Google Anthony Levandowski.
Waymo asegura que antes de irse de Google a inicios de 2016, Levandowski descargó 14.000 documentos que contenían detalles sobre una herramienta de navegación llamada Lidar, que necesitan los carros robot para percibir qué hay a su alrededor.
En la demanda, Waymo dice que Levandowski y Uber conspiraron para crear una empresa tecnológica simulada llamada Otto como preludio al acuerdo de 680 millones de dólares a través del cual Uber adquirió Otto y obtuvo la tecnología que tanto necesitaba.
Después de la compra, el exingeniero quedó a cargo de supervisar la división de vehículos autónomos de Uber. A inicios del mes, Levandowski dejó el puesto hasta que la demanda de Waymo se resuelva.
Uber niega contundentemente haber usado las ideas de Waymo y asegura que su sistema Lidar es radicalmente diferente. Al mismo tiempo, Levandowski se ha negado a entregar su computadora personal o responder a la mayoría de las preguntas que le hicieron los abogados de Waymo, alegando su derecho constitucional a no autoincriminarse.