Saber es poder. La información nos dota de capacidad para evaluar el desempeño de cualquier gobierno, y para pedir el cumplimiento de sus promesas y propósitos.
Para entender los nuevos propósitos de la política educativa es útil recurrir a la conferencia matutina de la Presidencia de la República del 12 de diciembre de 2018. En ella, el actual Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, dio a conocer los cambios que tendrá la educación en este nuevo sexenio.
Entre lo más revelador, se encuentra la reinstalación de los maestros cesados por la anterior Reforma Educativa, así como la eliminación de la evaluación punitiva hacia el magisterio, es decir, la que separaba al profesor de su cargo por no aprobar ciertos exámenes. Asimismo, se anunció la desaparición del INEE (Instituto Nacional de Evaluación Educativa), lo que ha causado mucha controversia debido a que se trata de un organismo autónomo, que ejerce así un contrapeso hacia el gobierno. En su sustitución, se creará el Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación, que operará de manera similar al anterior con respecto a la investigación y determinación de estándares para la mejora educativa, pero con facultades más amplias, que incluyen la capacitación permanente del magisterio, y la evaluación de las mismas autoridades educativas. Será muy sencillo darnos cuenta si esto se vuelve real.
Se comunicaron otros rumbos no del todo nuevos. Entre ellos, se dijo que se reducirá la carga administrativa del docente, que la desigualdad educativa será combatida de manera prioritaria, y que por primera vez, el aprendizaje de los estudiantes se pondrá al centro. Pues bien, la carga administrativa es un obstáculo para el docente conocido desde hace largo tiempo, incluso revelado en el informe 2018 del INEE, sobre el estado de la Educación Obligatoria en México; la necesidad de combatir la desigualdad educativa también conformaba las conclusiones del mismo informe; y por su parte, el primer principio pedagógico del plan de estudios vigente señala que se debe “Poner al alumno y su aprendizaje en el centro del proceso educativo”. Por tanto, si ahora estas necesidades se vuelven a comunicar como novedades, el Gobierno carga con la gran responsabilidad de manejarlos como prioridades tangibles.
Por otra parte, se anunció que habrá un cambio constitucional: al artículo 3° de la Carta Magna se le agregarán los principios de excelencia, integralidad y excelencia. Antes de cantar victoria, debemos recordar que en el sexenio anterior ya se había agregado al mismo artículo el término “educación de calidad”. Por ello, las autoridades deben tomar en cuenta que mejores resultados no se obtendrán volviendo las leyes más utópicas, ni engrosando una de las constituciones más modificadas del mundo (el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM revela que la Constitución mexicana es la segunda con más palabras a nivel mundial, sólo por debajo de la de la India). Se requieren acciones: hacer cumplir lo que se tiene.
Acompañando a lo anterior, se anunció una profunda transformación de las Escuelas Normales, y la inclusión de todos los actores de la sociedad (no sólo los directamente involucrados) en la construcción de la agenda educativa, ya que la educación es un tema que concierne a todos. Recordemos que en el sexenio pasado ya se había iniciado una Estrategia de Fortalecimiento y Transformación de las Escuelas Normales; y que asimismo existía la figura de los Consejos Escolares de Participación Social, cuya función era precisamente integrar en las decisiones educativas las opiniones de los diversos actores sociales: alumnos, maestros, padres de familia y población en general.
Por ello, también es importante que los gobiernos admitan que no empiezan desde cero. Usualmente, cada inicio de sexenio se comunican las estrategias como la reinvención de las políticas públicas: como la fórmula exitosa antes no descubierta. Pero, de manera paradójica, desean que sus políticas sí sean retomadas por el resto de los gobiernos. El mismo Secretario de Educación Pública declaró que estos rumbos educativos, sobre todo en lo concerniente a los nuevos programas que se diseñarán después, se mantendrán por “30 o 40 años para que den frutos”. Pues bien, es por ello válido que los nuevos gobiernos comuniquen lo que ellos están retomando de políticas públicas anteriores, comunicando así a la ciudadanía, tanto un acto de congruencia, como un ejercicio de seguimiento y profesionalización a lo que se considera útil, ya que siempre lo hay.
Estos son los rumbos que pretenden iniciarse en el 2019. La ciudadanía seguirá al pendiente sobre cuántos de ellos efectivamente se debutan y llegan a concretarse. Seguiremos vigilantes de sus frutos, y de la voluntad política para que lleguen a ser verdaderas políticas de Estado, y no sólo preocupaciones del momento.