La tragedia por la explosión de la toma clandestina en Tlahuelilpan, Hidalgo, el 19 de enero, despertó diversos análisis sobre sus causas. Por una parte, se opinó que las fuerzas públicas actuaron de manera negligente al no impedir que los civiles se acercaran en el momento; y por otra, se dice que las personas afectadas actuaron con profunda imprudencia e irresponsabilidad, al exponerse a arriesgar sus vidas por algo tan banal.
Sin embargo, el problema de raíz que se revela es una lamentable carencia educativa en nuestra patria.
La alta peligrosidad de la gasolina resulta obvia para quienes contamos con educación y recursos económicos básicos. Por razones de mero instinto, nosotros no nos habríamos expuesto a una situación análoga. Imaginemos entonces el rezago educativo que una persona debe tener para ignorarlo. En una declaración para “Reporte Índigo”, una madre que perdió a su hijo en el evento lo ilustró, revelando que él: “No era huachicolero, no sabía lo que estaba haciendo, fue porque la gente empezó a correr para sacar gasolina. Yo le dije que no lo hiciera, pero se le hizo fácil y ahora no sé en dónde está. Yo sólo quiero que regrese a casa, quiero que me devuelvan a mi hijo”.
En efecto, Tlahuelilpan cuenta con una población de 18 mil habitantes, de los cuales 10 mil 218 viven en pobreza, que equivalen a 55.1 por ciento del total, de acuerdo con los últimos datos disponibles en el Coneval. La misma fuente revela que a nivel México, el 43.6% de la población está en situación de pobreza. Además, casi 2 de cada 10 de ellos viven en pobreza extrema, es decir, 9.4 millones de mexicanos.
El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) reveló en su informe “La Educación Obligatoria en México 2018”, que el factor que más obstaculiza el alcance del derecho a la educación de calidad es la inequidad social. La peor educación la reciben los que enfrentan situaciones económicas más adversas, así como los indígenas, hijos de jornaleros agrícolas migrantes, y personas con discapacidad.
Este problema nos revela entonces que la educación de todos ellos debe mejorarse, lo cual nos resultaría en doble beneficio, ya que estos sucesos no se repetirían, y la pobreza disminuiría. Se requiere de una campaña de fortalecimiento educativo en las zonas marginadas, con medidas como las que proponen los filósofos Amartya Sen y Martha Nussbaum, de hacer llegar los mejores profesores (justamente mejores remunerados) a dichas zonas; capacitar y fortalecer los directivos, supervisores, y otras entidades públicas que contribuyen, como el DIF.
En las aulas de clases cotidianas, los maestros debemos contar con la capacitación y herramientas suficientes para poder apoyar a los alumnos con mayores necesidades. Las estrategias asistencialistas, tan recurridas en México, deben quedar en un segundo plano, como dar comidas gratis, regalar juguetes en navidad y el día del niño, y otras tantas que resultan populistas y recurso mal administrado, al otorgar un corto remedio material de momento, pero no perdurable en la mejora de calidad de vida.
Si el Gobierno sigue sin comprometerse en esta imperante tarea, con toda la ambición que comprende, tragedias como éstas seguirán suscitándose. No necesitan tener la etiqueta de “explosiones de tomas clandestinas de combustible”; son tragedias de la misma naturaleza el narcotráfico, la trata de personas, los embarazos no deseados, y la obesidad, que también se caldean más entre las personas con menos oportunidades socioeconómicas. Dichos infortunios más silenciosas también se combaten con lo mismo: Educación. Más y mejor educación a quienes más lo necesitan. En eso consiste la justicia social. En eso consiste la auténtica empatía hacia los rostros más desfavorecidos de nuestro México. Que ellos descansen en paz, y que nosotros despertemos.