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Desde hace más de una semana el Órgano Administrativo y Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social está acéfalo. Desde hace 10 días, cuando Francisco Garduño fue enviado al Instituto Nacional de Migración para suplir la vacante derivada de la crisis migratoria, la institución que debe encarar la situación de cárceles cogobernadas o autogobernadas (50%, según la CNDH) por los criminales —que para el caso es lo mismo— en nuestro país, está sin titular. Suponíamos que para el gobierno federal el sistema penitenciario no era prioridad, ahora no hay duda de ello.
Contrario a lo que desde la estrategia de seguridad actual podría pensarse, en México no podemos darnos el lujo de no tener un titular del Órgano. No es noticia nueva que la delincuencia organizada opera desde las cárceles. Desde hace décadas, las bandas de secuestradores más sangrientas se organizan y operan desde prisiones. La descomposición tras las rejas, se refleja en la violencia en las calles. Tomar el control de las cárceles es, o tendría que ser, un asunto de seguridad nacional.
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Lo que sucede dentro de las cárceles es espejo de lo que pasa en el resto de la sociedad. No solo es la ruptura del tejido social, también es la indefensión de los ciudadanos en un sistema que no los cuida.
Autogobierno en las prisiones es que las personas privadas de la libertad dentro de un reclusorio tienen control absoluto de lo que pasa dentro del penal. La autoridad no lo es. Los custodios responden y trabajan para los internos. A veces es por la vía de la amenaza y la violencia, otras a través del pago de cuotas a directivos y autoridades.
En una de las cárceles de Zacatecas, por ejemplo, hace unos años me recibieron los propios internos con armas largas. Ellos permitían o negaban el acceso. También hace algún tiempo, el director del penal de Topo Chico en Nuevo León, debió dejarme en la entrada porque, me dijo, “no tengo acceso al centro”. He visto la manufactura de droga en penales de Chihuahua, que fue desterrada cuando el gobierno estatal y federal, se decidieron, hace unos ocho años, a tomar el control de lo que ocurría tras las rejas. Al interior del penal de Piedras Negras, en Coahuila, había fosas clandestinas. Los ejemplos abundan. La indiferencia social es preocupante.
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Que los penales sean gobernados por las organizaciones delictivas no conviene a nadie, excepto a los criminales. Combatir la delincuencia solamente desde la calle, no funcionará. Lo hemos visto una y otra vez. Parece imposible retomar el control de las cárceles, sin embargo, es posible. Dentro de nuestro país hay ejemplos exitosos en el pasado reciente. Se puede.
En los últimos 10 años son 4 estados los que se han destacado por priorizar su sistema penitenciario para combatir la inseguridad y los resultados hablan por sí solos.
En 2010, encabezadas por Eduardo Guerrero, las autoridades penitenciarias de Chihuahua tomaron control de los centros de reinserción. Desarticularon 14 bandas de extorsionadores y 10 bandas de secuestro. Entre 2011 y 2014 los homicidios cayeron 62%. Luego se descuidó y de nuevo la espiral violenta creció.
Después de una crisis de inseguridad que colocó en 2017 a Baja California Sur como una de las entidades con más homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, de la mano de Marco Montoya, las autoridades tomaron control de sus penales en 2018. En contraste con mayo 2017, cuando se registraron 61 homicidios (Semáforo Delictivo), mayo 2019 no registró un solo asesinato.
En Coahuila, encabezados por Apolonio Armenta desarticularon las bandas que desaparecían cuerpos dentro de los penales y ahora el estado es el tercer mejor evaluado en cuanto a su sistema penitenciario, con calificación de 8.1 (CNDH).
En Nuevo León, a finales de 2018, se decidieron a tomar el control de sus tres principales penales, clasificados dentro de los más peligrosos de América Latina: Apodaca, Cadereyta y Topo Chico (donde incluso un niño de dos años fue asesinado en el motín del 2016). De nuevo, la estrategia de Eduardo Guerrero tuvo éxito. Trasladaron a penales federales a 646 personas privadas de la libertad, clasificadas con delitos federales y de alto perfil delictivo. Sacaron a 392 mujeres de penales mixtos con sus hijos e instalaron el primer centro femenil estatal.
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Las cárceles, como retrato de la descomposición social, del valemadrismo de la clase gobernante que piensa que lo que ocurre al interior, no impacta en las calles ni en la vida de millones.
El sistema penitenciario importa. Las cárceles deben ser columna vertebral en la estrategia de seguridad nacional.
