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Jaime tiene 20 años. Actualmente cumple una sentencia de 8 años por el delito de robo simple.
Cristina es una mujer injustamente acusada de robo. Conoció a la culpable del delito que le imputaban estando en prisión. Demostró con un video del C5 que se encontraba del otro lado de la Ciudad al momento del robo. Aun así, fue sentenciada a 12 años de cárcel.
Al “Gato”, un hombre transexual recluido en el Penal Femenil de Santa Martha, lo acusaron de un delito ambiental y cumple una pena de 13 años.
Alejandra denunció en múltiples ocasiones a su esposo por violencia y abuso. No aguantó más la indolencia de las autoridades que nunca la ayudaron y, cuando el hombre iba a violar a su pequeña hija, lo mató. Fue sentenciada a la pena máxima de homicidio.
Miguel, un joven de 21 años, indígena y sordomudo, es acusado por robar una computadora. Nunca ha tenido una defensa que sepa el lenguaje de señas y no entiende por qué esta en prisión. Actualmente cumple una sentencia de 13 años 6 meses.
Carmen purga una sentencia de 14 años, acusada por firmar cheques a nombre de su jefe para autorizar gastos. Los cheques no son parte de las pruebas y la única “evidencia” en su contra es el dicho de su jefe.
“Michoacán” está presa en el penal femenil de Santa Martha de Acatitla. La acusan de “mula”, por transportar droga en su cuerpo. En su declaración, menciona que tenían secuestrada a su hija y la amenazaron con matarla si no movía la droga. Actualmente cumple una sentencia de 10 años lejos de su familia.
“Toño”, un hombre indígena, cumple una pena de 8 años por vender huevos de tortuga. El trueque de los mismos, es parte de los usos y costumbres del lugar donde vivía, declaró al ser detenido.
Jaquelín y Nancy nacieron en una familia de secuestradores. Desde que tienen memoria, su papá se dedica al delito de secuestro. A los 18 y 21 años, respectivamente, en una redada, fueron detenidas y llevadas a prisión. Hoy, cada una cumple una sentencia de 33 años.
Alejo, acusado por homicidio, no tiene una sola prueba en su contra ni antecedentes penales. Lleva 18 años en prisión y le faltan 30 más.
Fernanda está en prisión hace un par de años, tiene 23 años de edad y una sentencia de 10 por el delito de robo a un puesto de camarones.
A Javier, conocido en prisión como “Javidú”, lo acusan del mayor desfalco a las finanzas públicas en la historia de nuestro país. Habría utilizado decenas de empresas fantasma, una red para triangular recursos y un sinfín de prestanombres para dejar en bancarrota Veracruz, estado del que fue gobernador. El miércoles de la semana pasada le dictaron sentencia: 9 años de cárcel, una multa de 58 mil pesos por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, y el decomiso de 40 propiedades.
El caso de Javier Duarte no solamente es uno de injusticia dolorosa para los mexicanos, es un ejemplo de nuestro sistema de justicia penal.
El costal de delitos expuestos por organizaciones de la sociedad civil, víctimas y las autoridades parecen estar solo en la imaginación y no en la realidad de la justicia. Las acusaciones quedaron como simples procesos muertos o en “investigación” ya que al ex mandatario no se le han podido —no se le han querido— imputar.
Tenemos un sistema de impartición de justicia que pena la pobreza, un sistema, que, por corrupción e impunidad, ha dejado libre a los más peligrosos y encarcelado a quienes no tienen recursos para defenderse. En nuestro país, los delitos que más dinero dejan son los más rentables, ya que otorgan el soporte económico para que, en caso de requerirlo, se contraten abogados cuyos honorarios rondan en los 5 millones de dólares, por defender casos como este.
Además de la ola de indignación y enojo, el caso Duarte evidencia de nueva cuenta que, en México, la cárcel es exclusivamente para los pobres.
Presidenta de Reinserta
