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Hace unos días se publicó en un diario de circulación nacional una carta firmada por una persona, pero en nombre de la “Sección 9 democrática SNTE-CNTE”.
En ella se queja de que: “Vivimos un proceso en el cual se equipara y trata como delincuentes a las personas y organizaciones que realizan protestas sociales” y que “Es una constante el uso de la criminalización y judicialización de la protesta social como respuesta del Estado hacia las justas demandas de los trabajadores y del pueblo”.
Todo esto para referirse a sus compañeros detenidos el pasado 12 de febrero y presos en el penal de Puente Grande en Jalisco, a quienes manifiesta su solidaridad.
Hasta aquí todo muy lógico. El problema sin embargo, es que ya entrado en solidaridades, se sigue y de una vez la hace extensiva a toda la población penitenciaria de ese lugar.
Sólo que dicha población penitenciaria está compuesta por delincuentes de alta peligrosidad, relacionados con el narco y otros delitos graves. Por eso sorprende encontrar que los maestros les manifiesten su solidaridad.
¿En qué momento delinquir se ha convertido en algo digno de orgullo? ¿Desde cuándo los delincuentes son los buenos de la película a los que hay que apoyar y con los que hay que solidarizarse? ¿Cómo es que se ha erosionado de esa manera nuestra idea de lo correcto y de lo digno de apoyo y solidaridad?
Sí rastreamos en la historia reciente, encontramos por un lado un avance significativo en cuanto a la democracia electoral, el respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión y la creación de leyes e instituciones adecuadas a una idea de la sociedad moderna y liberal. Pero por otro, encontramos que también existen quienes piensan que no hay que respetar las leyes cuando no les acomodan, no aceptar los resultados electorales cuando no se ajustan a sus deseos y hasta “mandar al diablo” a las instituciones.
A ello se agrega que la libertad se concibe como que cualquiera puede hacer bloqueos de carreteras y calles, destruir bienes públicos y robar a los privados con absoluta impunidad. Además de que la libertad de expresión se usa para agredir e insultar y para echarle la culpa de todos los males al gobierno y al Ejército, dejando fuera de la ecuación interpretativa a los delincuentes y en particular a los narcos, así como a grupos corporativos aferrados y a los ciudadanos.
Según los investigadores Douglas C. North, John Joseph Wallis y Barry R. Weingast, la fuerza que sostiene el orden social son las instituciones, pues de ellas depende la convivencia humana y están directamente relacionadas con la manera como las sociedades se organizan y controlan la violencia. Son “las reglas del juego” que gobiernan las relaciones entre los individuos, incluyendo tanto las leyes escritas y las convenciones sociales formales como las normas informales de conducta.
Cuando en una sociedad dominan las interacciones personales por encima de la obediencia a la ley y el respeto a las instituciones, no se puede controlar la violencia.
Y aquí esta la clave. Pues es evidente que en este momento de nuestro país, a lo que se está apelando es a ignorar a las instituciones y leyes y a considerar que la conducta de los delincuentes es más digna de respeto que la de los soldados, la de quienes rompen las reglas más digna de apoyo y solidaridad que la de los ciudadanos que las cumplen.
Desde mi punto de vista, esto es lo que dice la carta que envía la solidaridad de un grupo magisterial a aquellos a quienes la ley ha castigado por sus acciones violentas (y que dentro del penal siguen cometiendo delitos), y que además aprovechan para su beneficio lo conseguido por una sociedad que luchó para que se protejan los derechos humanos y los debidos procesos.
Y por eso enoja que haya quien piensa como el que firmó la misiva, ejemplo claro y terrible de cómo creen algunos que debe ser la sociedad mexicana.
Escritora e investigadora
en la UNAM. sarasef@prodigy.net.mx
www.sarasefchovich.com