Termino hoy con el tema de la Constitución moral, tan importante, que por eso le he dedicado tres artículos. Insisto en decir, a un mes de que cierre la convocatoria que invita a los ciudadanos a expresarse sobre esta cuestión, que me parece peligrosa para México la propuesta de elaborar ese documento. Las razones que he dado en mis artículos anteriores, las presenté en días pasados en un foro que se llevó a cabo en el Senado de la República, al que fui invitada por el grupo llamado República Laica, conformado por personas de diversas posiciones políticas, senadores y diputados, funcionarios de gobierno, académicos e intelectuales y miembros de organizaciones de la sociedad civil y al que asistió una de las personas nombradas por el presidente para redactar dicho documento.
En esta última entrega, resumo las razones por las cuales no podemos permitir que se nos quieran imponer a todos los mexicanos valores y principios, cualesquiera que sean, ni siquiera de una manera que parece tan inocente y tan de buena fe como la de una Constitución moral, ni siquiera cuando se trata de asuntos sobre los que supuestamente estaríamos de acuerdo y ni siquiera porque la propuesta viene del Presidente que tiene mucha legitimidad.
Y es que hay que respetar lo que cada cual es y quiere ser, con toda la diversidad que existe en nuestro país. Y es que al gobierno no le corresponde meterse en el ámbito de la moral de las personas, pues otras son sus funciones y tareas. Puede, y de hecho debe, promover sus ideas de la necesidad de honestidad y de convivencia armónica, pero lo que debe hacer son leyes e instituciones que obliguen a las personas a no cometer delitos y castigarlas si lo hacen, por razones de convivencia social y no de moral. Y además, porque un documento de este tipo viene a invadir un espacio que ya está ocupado precisamente por una Constitución, nuestra Carta Magna. Y un país no puede tener dos Constituciones. Esto es un absurdo total.
Pero además, si permitimos que se haga un documento como este ¿lo que sigue será crear los mecanismos para perseguir a quienes no cumplan con las ideas allí plasmadas de lo que es justo, correcto y bueno? ¿Habrá entonces, como sucedió después de la revolución francesa y de las revoluciones rusa y cubana, comités de salud pública, vecinos que acusan a sus vecinos, empleados que denuncian a sus colegas y jefes, parientes que espían a sus parientes? ¿Habrá, como sucede hoy en varios países, persecución para la crítica y la disidencia sea ideológica, política, religiosa, económica, étnica, de género o sexual a la que se justifique con ese documento?
Allí está la historia para recordarnos que las imposiciones hechas en nombre de Dios, de un líder, de la supuesta verdad y la moral correcta, siempre conllevan baños de sangre. Y que paradójicamente, la violencia y la corrupción que se quieren evitar con un documento como el que se propone, serían precisamente una de sus consecuencias inevitables.
La 4T se ha propuesto cambiar el sentido, el modo, los objetivos y los beneficiarios del gobierno, algo que sin duda es necesario. Pero debe hacerlo con las instituciones, las leyes y las políticas públicas, pues esos son los instrumentos adecuados en un país democrático. No podemos y no debemos tener una Constitución moral, porque un documento de ese tipo no cabe en un país en el que vivimos grupos y personas muy diferentes, gracias a que nuestras leyes consagran el Estado laico, el respeto a los derechos humanos, la libertad de religión y de expresión así como la diversidad sexual, cultural, étnica y social.
Y, porque nadie tiene derecho, incluido el gobierno, a convertir sus puntos de vista, ideas y valores en un deber para los demás. El gobierno prometió escuchar a los ciudadanos. Esta es una oportunidad perfecta para mostrar que efectivamente lo hace.
Escritora e investigadora en la UNAM