Es muy interesante lo que sucedió hace algunas semanas en la delegación Coyoacán: los vecinos se negaron a aceptar la reparación de uno de sus parques, anunciada con bombos y platillos por el delegado.
¿Cómo puede ser eso?
No parece tener lógica en un país en el cual los ciudadanos pasamos la vida pidiéndoles a los gobiernos esto y aquello, convencidos como estamos de que ellos deben satisfacer todas nuestras necesidades: desde agua y drenaje hasta transporte y recolección de basura, desde subsidios hasta créditos baratos, desde educación hasta salud, desde empleo hasta infraestructura. Y, sin embargo, en esta ocasión, se exigía lo contrario: que la delegación no haga esa obra.
El argumento de los vecinos es que el presupuesto asignado es excesivo. El dicho jardín tiene menos de 4 mil metros cuadrados y se ha anunciado que se destinarán veinte millones de pesos para los arreglos, siendo que, según uno de los inconformes, bastarían tres millones para dejar el lugar “hecho una chulada”.
Y, en cambio, dicen también los vecinos, no se arreglan “otras necesidades” como poner luz, tapar baches, mejorar parques que están en peores condiciones o terminar el remozamiento de las banquetas en todo el territorio delegacional.
La participación ciudadana entró a formar parte de la vida en México en la última década del siglo pasado, con la idea de que grupos de la sociedad se organizaran para incidir en la esfera pública. Según un teórico alemán, se trata de “acciones orientadas a la mejora, en términos colectivos, de las condiciones de vida”. Y según Luis Aguilar, en una sociedad tan estatizada como la mexicana, en la que el control estatal ha sido tan extenso como intenso, se trata de poner límites a la acción innecesaria o arbitraria del gobierno. Por eso a los gobiernos no les gusta esto de que los ciudadanos opinen y hagan. Obligados por ley a decir que la participación ciudadana es maravillosa y a asignarle recursos, de todos modos han hecho todo por impedirla.
La propia delegación Coyoacán, para seguir con el mismo ejemplo (entre muchos que existen y son idénticos), tuvo grupos de ciudadanos que organizaron consultas sobre cómo utilizar el presupuesto que les correspondía, pero nunca, jamás, consiguieron que se hiciera nada de lo que ellos propusieron.
El método de las autoridades es simple: no escuchamos, no vemos. Es de hecho lo que la delegación Coyoacán ha hecho ante las solicitudes de los vecinos de completar la reparación de las banquetas.
Pero cuando no hay remedio y tienen que escuchar y ver, entonces hacen tortuguismo. Porque saben que los ciudadanos no pueden dedicar tanto tiempo a las reuniones, los trámites, la vigilancia, la gestión o la protesta: “La batalla es constante, entre vecinos por un lado y autoridades por el otro. Aquellos no cuentan con las herramientas jurídicas, deben asistir una y otra vez con este o con aquel empleado, a esta o a aquella reunión”, dice un estudioso del tema, y en cambio los funcionarios y burócratas sí dedican el suyo a eso, siempre además con el objetivo de buscarle por dónde sacar más dinero.
Y para ello la obra pública es la mejor manera de conseguirlo: con cambios de uso de suelo, permisos de construcción y… obras de remozamiento. En Coyoacán basta ver el engaño del delegado anterior respecto a las luminarias que dice haber puesto y que quién sabe dónde están o las que sí están son una burla, unas varitas de tamaño ridículo que nada iluminan.
A los ciudadanos en México nadie los escucha, mucho menos les (nos) hacen caso. Ante las protestas de los vecinos la delegación respondió que el proyecto seguirá adelante y punto. De hecho, ya empezaron los trabajos.
Sin embargo, no hay que olvidar que en 2015 los vecinos de la delegación Cuauhtémoc se opusieron al llamado corredor cultural de la Avenida Chapultepec y ganaron la batalla. Así que hay esperanza.
Escritora e investigadora en la UNAM.
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