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La reforma de 2014, por lo menos en el ámbito de la discusión pública, tenía dos objetivos principales: reducir la presencia de los gobernadores en los comicios y disminuir el costo de los procesos electorales a partir de la gestación de un sistema nacional de elecciones. Sobra decir que la reforma alcanzó muchas cosas, pero estos dos objetivos claramente no. Con toda seguridad, la reforma de 2019 o 2020 estará pensando en cómo acotar a los gobiernos (federal y locales) para que no generen injerencias indebidas en las elecciones y otro tema central será, evidentemente, qué sucederá con los institutos electorales locales. Mi preocupación particular es cómo enfrentar el comportamiento de algunos gobiernos que han decidido asfixiar a las instituciones electorales vía el recorte de presupuesto.
El antecedente más relevante lo encontramos en 2016. El gobierno de Veracruz —si se puede utilizar el término para referirse a la administración de Javier Duarte— desvió 34 millones de pesos que debían haber ido al OPLE. De acuerdo con expresiones de integrantes del Consejo, era con la finalidad de presionar el sentido de los fallos del instituto durante el proceso electoral local. O resolvían como decía el entonces gobernador o venía el recorte presupuestal.
El problema es que esa forma de presión que impacta directamente en la autonomía de los órganos electorales se empezó a multiplicar en otras entidades. Como siempre, o como casi siempre, el mal ejemplo se expande. En 2017, Nayarit fue el OPLE más castigado. Las propias consejeras electorales eran obligadas a firmar pagarés a la Secretaría de Finanzas del gobierno local por su sueldo. Aunque parezca inverosímil, eso sucedió. Al ejercer sus derechos recibieron una serie de ataques sistemáticos en medios de comunicación dirigidos por el gobierno local. ¿Y la autonomía?
Ahora, en 2018, Morelos es otro ejemplo. El Instituto Electoral local requiere 260 millones para organizar la elección, que incluye nada menos que la elección de gobernador del estado. El recurso que necesita es menos que la cantidad que recibe el Partido del Trabajo sólo de recursos federales (376 millones). El gobierno y el Congreso de Morelos le autorizan 55 millones. Con esa cantidad sólo podrán enfrentar el gasto para la impresión de las boletas, el personal operativo, los servicios generales e instalar los consejos distritales y municipales que la ley obliga a integrar, los cuales podrían funcionar sólo hasta el mes de julio. ¿Alguien ha pensado qué pasará si alguna de las elecciones es impugnada y ya no se encuentren instalados los órganos desconcentrados por la falta de recursos? ¿Alguien habrá pensado en las consecuencias de que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Morelos no tenga recursos para desarrollar el PREP, el voto de los morelenses en el extranjero, el pago del convenio y anexo técnico al Instituto Nacional Electoral? Parece que no importa a ojos de finanzas y el Congreso.
Otro caso. Digamos que Tabasco no es un edén para la autoridad electoral. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco requiere 495 millones de pesos para el proceso electoral. Sólo a nivel federal el Partido Verde Ecologista de México recibe una cantidad mayor sin contar el financiamiento local o el privado (578 millones). Tiene autorizado por el gobierno y el Congreso 350 millones. Su déficit a unos días de iniciado el año es de 145 millones que afectarán directamente a la operatividad electoral. ¿Para qué?
En Chiapas, el OPLE que ha dado muestras de independencia, es fuertemente restringido en el ejercicio presupuestal. El gobierno estaba tranquilo con un instituto que operaba para el PVEM y que permitía fraudes cibernéticos en los procesos o violar la paridad de género. Ese consejo fue sustituido por el actual que, repito, ha dado muestras de autonomía. El resultado es un recorte de más de 518 millones de pesos. Nuevamente con impacto directo a la elección: el Instituto local no tiene recursos para los cómputos, los mecanismos de recolección, candidaturas independientes, monitoreo de espectaculares, programa de resultados electorales preliminares y prevención de violencia política en contra de las mujeres. ¿Es en serio? ¿Alguien piensa que es una buena idea? ¿No dotar de recursos para prevenir la violencia política en contra de las mujeres en el estado en el que se cometen más de esas arbitrariedades?
No podemos seguir así. Hay que reconocer que el Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación ha enmendado la plana en varias ocasiones a las autoridades locales para que otorguen recursos a los órganos electorales. Hay que aplaudirlo. El mensaje de todas y todos debe ser claro: Los gobiernos locales deben ser más responsables. En lugar del desvío de recursos a los partidos, deben apoyar a sus instituciones electorales. Hay que tomar en serio al federalismo como un principio constitucional. Pero federalismo no significa autoritarismo local. Las realidades locales obligan a la gestación de un servicio profesional electoral especializado en los problemas estructurales y diversidades geográficas de cada rincón de la República mexicana. Creo que la salida es una reforma constitucional o legal que establezca un porcentaje presupuestal fijo para todas las autoridades electorales locales, con lo que se podrán librar de la negociación anual con las secretarías de Hacienda, y también de la presión política ejercida vía presupuesto.
Ex titular de la Fepade
