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En razón de las noticias provenientes de Estados Unidos sobre los más de 2 mil niños, niñas y adolescentes separados de sus familiares, el gobierno de México, a través de su canciller, expresó que tal práctica resultaba “inaceptable” y la calificó de cruel e inhumana, y dijo que nuestro país tenía una postura y una política completamente diferente, pues en México no se criminaliza la migración y se respeta como principio fundamental la dignidad de los inmigrantes por encima de cual sea su calidad migratoria.
En contraste, el alto comisionado de la ONU para los refugiados envió una carta al periódico Reforma, publicada el 24 de junio, en donde señala que a raíz de las visitas que ha realizado desde el año 2016 a las llamadas estaciones migratorias y estancias provisionales en México, se ha percatado de que en la práctica, se da la separación de familias y en dichos lugares se encuentran niños, niñas y adolescentes no acompañados, y que se dan detenciones prolongadas e incertidumbre sobre los procedimientos administrativos que enfrentan en razón de su situación migratoria. Muy lejos estamos, en la realidad, y más allá de los discursos, del respeto a la dignidad de los migrantes. En México se viola, de manera recurrente, el principio consagrado en una norma imperativa del Derecho Internacional conocido como “no devolución” a personas que pudieran reunir las condiciones para ser reconocidas como personas refugiadas, principalmente provenientes del norte de América Central. Por desgracia, frecuentemente nos percatamos de que en México existe la aplicación práctica del “candil de la calle y obscuridad de la casa”.
Por eso, el 28 de julio de 2018, la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a la que me honro en pertenecer, emitió un pronunciamiento, detonado por la situación en Estados Unidos, pero en el que se pone énfasis respecto de la situación que prevalece en nuestro país y el trato que se le da a solicitantes de asilo, personas refugiadas y migrantes.
Es de destacar el llamado que hizo la Asamblea Consultiva en relación con el cese de la detención administrativa, pues aunque el canciller diga que en México la migración no es un delito, y que, como dijo el secretario Videgaray, no se criminaliza, en los hechos a los migrantes se les detiene “administrativamente” y se les “aloja” en “estaciones migratorias”. ¡Puros eufemismos! ¿No se les criminaliza? En los hechos, se les priva de su libertad, se les mantiene en un establecimiento con características idénticas a las de una cárcel y no se les garantizan derechos a un debido proceso legal y a la asistencia jurídica adecuada. En innumerables ocasiones, personas que en realidad son refugiadas, son devueltas a lugares en donde su vida, su integridad o libertad corren inminente peligro.
Debemos reconocer de que a pesar de la grave situación de violencia que se vive en nuestro país, México es visto con cada vez mayor frecuencia como un país de destino por un número cada vez mayor de personas que huyen de sus países de residencia por temores fundados, derivados de situaciones como la violencia generalizada. Lo anterior se demuestra con las cifras, detrás de las cuales hay seres humanos: desde 2014, el número de personas que solicitan asilo en México se ha incrementado en un 580%, (en 2014 2,137 solicitantes y en 2017 14 mil 596) y el número de niños, niñas y adolescentes también ha aumentado.
Si vemos las cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el número de personas menores de edad que logra acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de persona refugiada en México, es muy reducido. El Instituto Nacional de Migración ha registrado más de 56 mil niños y niñas no acompañados en los 4 años más recientes, pero solamente 721 solicitaron ser reconocidos como personas refugiadas.
Luego entonces, México es “candil de la calle, pero “obscuridad de la casa”.
Profesor de Derechos Humanos
en la Ibero. @CORCUERAS
