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A las madres de las víctimas
de desapariciones
El 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. La Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante resolución del 21 de diciembre de 2010, decidió declarar dicho Día, mismo que comenzó a observarse desde 2011.
México es parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. De acuerdo con esta Convención, el Comité contra la Desaparición Forzada es el órgano encargado de supervisar el cumplimiento de las estipulaciones del tratado. Este órgano tiene, entre otras, la función relativa a la recepción de denuncias por violaciones a la Convención que puedan ser presentadas por particulares, y que dan lugar a un procedimiento cuasi jurisdiccional, en la que el Comité puede emitir un dictamen en el que determina si existió o no, por parte del Estado, una violación a los derechos consagrados por la Convención. Sin embargo, esta función no puede desempeñarla el Comité, sino cuando cada Estado acepta su competencia para tal efecto. Aunque parezca increíble, el gobierno de Calderón, al decidir ratificar la Convención, decidió no aceptar dicha competencia. El actual gobierno tampoco lo ha hecho, no obstante la promesa contenida en su Programa Nacional de Derechos Humanos en el sentido de que se promovería tal aceptación.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México lanzó un llamado al gobierno para que presente la declaración de reconocimiento a la competencia del Comité para conocer de casos individuales. (http://bit.ly/2x5kKib).
He escuchado el falaz argumento de que si México lo hiciera, entonces habría más denuncias en contra del país. Tal cosa no es así, pues México ya tiene reconocida las competencias de otros comités de la ONU y de otros órganos regionales, como la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos. Si un familiar de una víctima de desaparición forzada quiere acudir a las instancias internacionales para presentar una denuncia, lo va hacer ante las instancias en donde eso le sea posible. No porque se reconozca la competencia del Comité va haber más denuncias. Lo que sí puede provocar, como efecto benéfico, es abrir una ventana de justicia ante un órgano especializado en esta materia. Mucho mejor sería que se reconociera la competencia de este Comité y brindar a las víctimas la oportunidad de que sus casos sean conocidos por él cuando la justicia nacional no les haya funcionado; pues debemos recordar que la justicia internacional es complementaria de la nacional.
La mejor manera de evitar que lleguen denuncias a las instancias internacionales es, por un lado, que no se cometan violaciones a los derechos humanos en el país; y por otro, que en caso de que se cometan se haga justicia en México, con lo cual no sería necesario para la víctima acudir a una instancia internacional. Pero si se cometen violaciones de derechos humanos, a nadie debe de sorprenderle que las víctimas clamen justicia (¡es su derecho!); y si la justicia nacional no les responde, a nadie debe sorprenderle, mucho menos molestarle, que acudan a las instancias internacionales. Ya es hora de que México adopte una postura congruente con su discurso. El gobierno constantemente reitera su compromiso y apertura al escrutinio internacional; pero en los hechos no lo demuestra.
¡Obras son amores y no declaraciones! ¡Basta ya de justicia en el discurso y de vidas sin justicia!
¡A ver a qué horas México adopta esta importante decisión y atiende el llamado que ha hecho la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México en tal sentido, y que es exigencia y clamor de las familias de más de 30 mil personas desaparecidas en nuestro país!
Ex presidente del Comité contra las
Desapariciones Forzadas de la ONU.
@ CORCUERAS
