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Estamos, ahora sí, sufriendo las campañas electorales. Qué pesadilla son los spots, con propuestas vagas, sin verdadera trascendencia. Nos estamos volviendo especialistas en cambiarle a la estación de radio cada vez que sale otro spot, o de plano, en apagarlo.
Lo que debería estar escuchando la ciudadanía y posibles votantes, son propuestas a los problemas más agudos que enfrenta el país. El peor de todos, la crisis humanitaria que provocó la fallida estrategia emprendida por Calderón, que sólo en su sexenio produjo más de 110 mil ejecuciones y más de 26 mil personas desaparecidas. Peña no pudo revertir este proceso. Si bien los “números” bajaron durante los primeros cuatro años de esta administración, 2017 fue uno de los años más violentos de la historia reciente, alcanzando los niveles en que nos dejó Calderón el país.
Por desgracia, de lo poco que se dan a entender quienes pretenden la Presidencia de la República, no queda claro cuáles son sus propuestas para solucionar este problema. Uno dice que se debe evitar el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, pero no propone un plan de salida. Otro, el día que se aprobó la Ley de Seguridad Interior en el Senado de la República, lo escuché decir en el radio que estaba “muy complacido” de que dicha ley se hubiera aprobado. Feliz de la militarización, parece el candidato. De la candidata, mejor ni hablamos, pues su propuesta es más de lo mismo. Otro dice que deben fusionarse la Armada, el Ejército y la Policía Federal, con un mando único, que, según él, ya está establecido en la Constitución. ¿Y el Federalismo? ¿Y el artículo 115 fracción VII? ¡Que Quetzalcóatl nos ampare de realizarse semejante propuesta! La militarización institucionalizada. Ante tal situación, la Ley de Seguridad Interior resultaría un juego de niños.
Después del debate que suscitó la Ley de Seguridad Interior y estando pendiente la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de su inconstitucionalidad, quienes compiten por puestos de elección popular tendrían que pronunciarse, sin rodeos, hacia una solución “civilizada” del problema. Civilizada, en dos sentidos: (1) la seguridad pública debe ser ejercida por instituciones de carácter civil, sin integrar a ella a los militares, por lo que las Fuerzas Armadas deben ser retiradas poco a poco, pero sin regresiones, de dichas laborales y (2) porque eso es lo que los países civilizados hacen. La militarización no conduce a la civilización.
¿Dónde están las propuestas para la civilización de la seguridad pública?
Aquí unas: 1. Se respete y distinga la función de las instituciones de seguridad pública y las misiones de los institutos armados (incluyendo defensa exterior, seguridad interior —conflicto armado interno— y labores de auxilio o en beneficio de la población civil, sin perjuicio de que las leyes orgánicas puedan establecer otras atribuciones que sean compatibles con su naturaleza, tales como las previstas para la Armada de México en su ley orgánica vigente); 2. Se fortalezcan progresivamente las instituciones de seguridad pública en todos los niveles (federal, estatal y municipal); y 3. Se establezca expresamente, en la leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas, que los miembros de los institutos armados no podrán participar en funciones de seguridad pública.
Se debe reconocer que, más para mal que para bien, las autoridades civiles están recibiendo auxilio de las instituciones armadas en sus labores de seguridad pública, por lo que la inmediata aplicación de la propuesta debe ser paulatina, pero de acuerdo con un “plan de salida” que tenga viabilidad.
Esto sólo sería posible si la Ley de Seguridad Interior es “expulsada” del orden jurídico mexicano. Ojalá que la Suprema Corte le saque la roja a semejante engendro del infierno. Sólo así se podría abrir una ventana de luz y de esperanza para lograr lo que nos prometieron en este sexenio y no lograron cumplir: un México en Paz.
Profesor de Derechos Humanos
en la Universidad Iberoamericana.
@ CORCUERAS
