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La situación de violencia en Tamaulipas, según las noticias que han circulado esta semana, es alarmante.
Nos enteramos de la espeluznante noticia de que el periodista Héctor González Antonio fue asesinado a golpes, y que su cuerpo fue localizado en Ciudad Victoria. Se trata del sexto periodista asesinado en lo que va del año. Más de un periodista asesinado al mes. Artículo 19, capítulo México, ha dado cuenta que González Antonio se convirtió en el 44 periodista asesinado en lo que va de este sexenio. Leopoldo Maldonado, director de Protección y Defensa de Artículo 19, en entrevista radiofónica, señaló que el nivel de impunidad es escandaloso, pues 99.6% de los casos de ataques contra periodistas que muy presumiblemente se perpetraron en razón de su labor informativa permanecen impunes, lo que envía un mensaje muy claro: “esto va a seguir sucediendo sin que haya consecuencias en contra de autores materiales, y mucho menos intelectuales”.
Por otro lado, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid bin Ra’ad Al Hussein, el 30 de mayo pasado, emitió un comunicado en el que da a conocer un informe que señala que, desde el mes de febrero al 16 de mayo de este año, se han dado 23 desapariciones en Nuevo Laredo, con fuertes indicios de haber sido cometidas por fuerzas federales, constituyen desapariciones forzadas propiamente dichas; hechos internacionalmente ilícitos del Estado; para no hacernos bolas, verdaderos “crímenes de Estado”.
De esta situación han dado cuenta los medios de comunicación, por lo que el Alto Comisionado indica que a pesar de la alta información y evidencia existentes, las autoridades mexicanas han avanzado poco en la localización y en la investigación.
Y entonces, el gobierno federal, a través de un comunicado conjunto emitido por Segob, SRE y PGR, indicó que, sin tener conocimiento oficial del informe aludido (y suponemos que tampoco de los informes de medios de comunicación que ya habían dado cuenta de la situación), solicitó una reunión urgente con representantes de la oficina del Alto Comisionado para conocer con exactitud el contenido del informe “sin prejuzgar sobre las conclusiones que por vía testimonial ha emitido el organismo internacional”. Además, se informa que la PGR abrió de inmediato una carpeta de investigación; y que Segob, a través del comisionado Nacional de Búsqueda de Personas, se trasladaría a Nuevo Laredo para que, in situ, “platique con familiares y personas que puedan aportar elementos para conocer la veracidad de la información”.
Este lenguaje insinúa, nuevamente, como lo ha hecho en múltiples ocasiones, que los relatores, comités o la oficina del Alto Comisionado, exageran, no investigan adecuadamente y solamente se basan en testimonios. Llama la atención que por un lado digan “que cualquier información sea oficial o no, que emiten organismos internacionales que tienen que ver con nuestro país se les valora con absoluta seriedad y respeto”, y que por otro lado incluyan la insinuación de que la información pudiera no ser veraz. No se olvidan los insultos dirigidos al Relator contra la Tortura tras su informe de 2015, en donde se le tachó de falto de ética y demás descalificaciones a otras instancias internacionales, a las que se les ha tildado de exageradas o desconocedoras del Derecho Internacional. Véanse estas notas en EL UNIVERSAL y este artículo referido al discurso del subsecretario de Derechos Humanos de la SRE, Miguel Ruiz Cabañas, pronunciado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el día 29 de febrero de 2016, como botones de muestra: http://cort.as/-6X34; http://cort.as/-6X3I; http://cort.as/-6X3O.
En fin, esperaremos resultados en éste y en todos los demás casos.
Profesor de Derechos Humanos
en la Universidad Iberoamericana.
@ CORCUERAS
