En México, se puede trabajar tiempo completo y vivir en pobreza. El 42% de las personas ocupadas perciben un ingreso que no alcanza ni para comprar una canasta básica para una persona. Por su ingreso laboral viven en pobreza por ingresos.
Eso es una contradicción. Uno de los principios básicos del modelo económico es que se debe trabajar “para salir de pobre”. Así funciona en los países desarrollados. Es el resultado lógico y esperado del esfuerzo laboral.
En las economías de desarrollo medio y avanzado viven en pobreza quienes se quedan sin trabajo. Perder el empleo o no poder trabajar constituyen los factores centrales de empobrecimiento. Por eso, en esos países las políticas públicas para evitar la pobreza incluyen seguros de desempleo y transferencias de ingreso para quienes no tienen trabajo.
En México el problema es más grave. Aunque el gobierno se autopromueva por “crear empleos”, el problema es que muchos de esos empleos son trampas de pobreza, por los bajos salarios.
Los bajos salarios no sólo se generan por la mano invisible del mercado. Ciertamente hay factores estructurales relacionados con la baja productividad de pequeñas unidades económicas, muchas de ellas en el sector informal. Pero no es la única razón.
También muchos bajos salarios se crean “por decreto”. La pobreza laboral también resulta de la decisión gubernamental de fijar el salario mínimo por debajo del costo de la línea de bienestar.
La contención salarial es una decisión. No hay programa social que pueda revertir esta decisión generadora de pobreza. Y es altamente paradójico que hayan sido los patrones quienes promovieran un salario mínimo mayor y que sea el gobierno quien lo impida.
El salario mínimo tan bajo funciona como lastre, como ancla. Atrae a la baja los salarios de menor calificación. Y permite “modelos de negocios” sustentados en una abierta explotación del trabajo.
El gobierno no tiene pretexto. El impresentable presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, nombrado hace 35 años por Carlos Salinas, mantiene su pretensión de engañar con efectos de “inflación”. No es el caso. No puede haber efecto inflacionario de un mínimo tan bajo. Y no tiene impacto ya en otros precios, multas y cuotas.
La creación del “monto independiente de recuperación” (MIR) permite separar el monto porcentual, que sirve de referencia para el resto de los ajustes salariales, del MIR, en pesos, aplicado únicamente al salario mínimo.
La exigencia desde la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, es que el primer paso es superar el salario mínimo en el monto del costo de la canasta básica urbana. Esta posición ha sido consensada ya por un amplio y muy plural grupo de expertos, organizaciones civiles y, muy en especial, por Coparmex. Pero es sólo el primer paso.
La violación a la Constitución por parte de la Secretaría del Trabajo es evidente y flagrante. Por eso ahora una exigencia es a los organismos de control constitucional. En especial a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Y también urge una reforma legislativa para crear un organismo con capacidad técnica para fijar el mínimo con un mecanismo sólido y responsable para llevarlo al monto adecuado al tamaño de nuestra economía. No se trata de incrementar el salario mínimo hasta su monto normativo de un año para otro. Se requiere un plan multianual.
Para reducir pobreza, para ampliar mercado interno, para reducir factores de inseguridad y violencia, se requiere una nueva política de salario suficiente. Y así tendrá sentido lograr “el sexenio del empleo”.
Consultor internacional en programas
sociales. @rghermosillo