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La consulta sobre el aeropuerto (NAICM) abre una discusión muy importante sobre la democracia en México. Más allá de las críticas a esta consulta, es innegable que en la decisión sobre una gran obra de infraestructura, consultar es totalmente válido.
Hay muchos mecanismos de democracia participativa. La votación en plebiscito es sólo una de ellas. No es la única. No puede ser la más frecuente, por su costo y complejidad. Y a veces no es la mejor, porque quienes participan no siempre asumen la responsabilidad y los efectos de la decisión.
Pero no hay duda, en la democracia, más participación siempre es mejor. Más participación quiere decir más formas y mejores medios de participar, más debate y deliberación pública, más personas y organizaciones involucradas.
Organizaciones internacionales como la ONU impulsan desde hace años la agenda de la “gobernanza”. Buscan que el ejercicio del gobierno incluya medios de participación de la ciudadanía en los procesos de decisión, tanto en la función legislativa como en el ciclo de las políticas públicas.
El concepto de “gobernanza” enfatiza la relevancia de contar con medios adecuados y reglas claras de participación, congruentes con el diseño institucional de cada país.
En México los mecanismos de la democracia participativa no se aplican en la práctica, pese a que diversas leyes los incluyen. Hay muy poca experiencia exitosa tanto sobre las formas más sencillas y cotidianas de gobernanza, como sobre las más especializadas y complejas.
Citando algunos ejemplos:
Hay muy poca “contraloría social” efectiva sobre programas sociales y servicios públicos como la salud y la educación.
Son contadas las experiencias sobre “Consejos Ciudadanos” que no sean decorativos, el del Conapred es una buena excepción.
La experiencia con la “participación ciudadana” en Consejos es negativa. Casi siempre son usados para “apagar fuegos” y generar imagen (como el Consejo de Seguridad Pública). O son capturados como ha sucedido tantas veces en organismos electorales y de transparencia.
Los Comités de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción son todavía una promesa, más que un mecanismo efectivo para involucrar activamente a la sociedad en esta tarea prioritaria.
El “presupuesto participativo” de la CDMX se ha convertido en una simulación para destinar presupuesto a acciones que de por sí deberían ser realizadas por los gobiernos locales.
No ha habido plebiscitos porque la legislación vigente hace casi imposible el procedimiento.
La iniciativa legislativa ciudadana sí tiene varios logros. El más importante fue el impulso a la Ley de Responsabilidades Administrativas, que fue punta de lanza para construir el Sistema Anticorrupción.
Urge entonces impulsar más y mejores medios de democracia participativa. Se deben modificar las reglas sobre plebiscito y referéndum para darles viabilidad. Y también la iniciativa legislativa para obligar a su dictamen en plazo perentorio.
En paralelo hay que crear y fomentar formas cotidianas y permanentes para que “la gente” vigile los recursos y participe en las decisiones en su colonia y municipio; en escuelas y hospitales; en políticas de seguridad y de bienestar; en el cuidado del territorio y la riqueza natural.
En esos campos, urgen también Consejos con participación ciudadana, nacionales y estatales, que tengan atribuciones efectivas en la deliberación de decisiones y en la vigilancia del presupuesto.
Para ello, un paso inicial sería reconocer en la Constitución el derecho a la participación ciudadana, con la consiguiente obligación de todas las autoridades de fomentarla. Esta reforma debe impulsar que se abran muchos espacios a la participación de la gente en los asuntos públicos.
Una amplia y auténtica participación ciudadana puede transformar la cultura ciudadana de “apatía” e incluso renovar la escena política. Con gobernanza, la política deja de ser ejercicio discrecional del poder de una persona o grupo para convertirse en la mejor forma para administrar entre todos lo que es de todos.
Consultor internacional experto
en programas sociales
