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Muchos buenos deseos por año nuevo se centran en “que haya salud”. Es lógico, la calidad de vida depende esencialmente de ello.
Cinco problemas graves afectan al sector salud en México. El nuevo gobierno ha anunciado un gran cambio, que debe enfrentarlos eficazmente:
1) Exclusión. Al menos 19 millones de personas carecen de afiliación a servicios de salud. El gobierno de Peña Nieto fue omiso en ampliar la cobertura. Incluso redujo presupuesto al sector.
2) Segmentación y trato diferenciado. La salud se vincula al régimen de contratación laboral. Menos de la mitad de la población recibe servicios de salud vía el IMSS o el ISSSTE. El resto de la población solo puede contar con el “Seguro Popular”.
Esa segmentación genera múltiples ineficiencias y duplicidades. Pero el problema central es que cada “proveedor” ofrece distinto paquete de atención y diferente calidad. Esto genera problemas de salud y grandes cargas financieras, que pueden llegar a ser insostenibles.
3) Mal uso de recursos crecientes. El financiamiento público a los servicios de salud creció sustancialmente de 2000 a 2012, pero la afiliación no garantiza atención y no hubo mejora en los principales indicadores de salud.
Se avanzó en “más dinero para la salud”, pero no hubo “más salud por el dinero”. Las transferencias para la salud a los gobiernos estatales son el rubro con más observaciones documentadas por la Auditoría Superior de la Federación.
4) Sobrecarga de emergencias hospitalarias. El funcionamiento del sector salud tiene un sesgo hacia la atención hospitalaria de emergencia como vía de acceso a los servicios, en detrimento de la atención preventiva y de la detección y tratamiento oportunos.
Las acciones preventivas están casi abandonadas o son inefectivas por la simulación. La consulta médica de primer nivel (ambulatoria) se ha privatizado en la práctica, sobre todo hacia los consultorios adyacentes a farmacias, con un doble efecto perverso: más gasto de bolsillo en medicamentos, menos prevención y seguimiento oportuno.
Los servicios públicos se quedan con el paquete más costoso. Cargan con las cirugías y los tratamientos de alto costo. Esta es la peor división del trabajo para la salud y para su financiamiento.
5) Baja exigibilidad y nula rendición de cuentas. Las personas carecen de medios de defensa cuando se les niega el servicio o cuando se les ofrecen citas con meses de retraso. Esto deja a la población en la indefensión, mientras los indicadores de salud siguen en deterioro sin que haya rendición de cuentas ni autoridad responsable.
El gobierno ha decidido romper la inercia. El 8 de diciembre anunció un cambio radical: Más que “desaparecer el Seguro Popular” creado por Fox en 2003, se revierte la descentralización en la prestación de los servicios de salud, impulsada por Zedillo en 1996.
El gobierno federal reasume la responsabilidad en la prestación de los servicios. La recentralización se inicia en los 8 estados del sur sureste: Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz. Este es un cambio muy importante. Varias de las medidas anunciadas podrían ir en el sentido correcto, sin embargo también hay múltiples riesgos. Y sobre todo, muchas preguntas por responder.
De entrada, el IMSS adquiere un papel central como prestador de servicios. Iniciando por las unidades del régimen no contributivo denominado originalmente IMSS Coplamar, hoy rebautizado por quinta vez, como IMSS Bienestar. Este podría ser el inicio para construir un sistema integrado. Debe priorizar zonas de mayor rezago social, con un modelo de prevención y promoción de la salud.
Para que “haya salud” los cinco problemas deben ser enfrentados a fondo. Desde la sociedad civil, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza les dará seguimiento y exigirá que se logre cobertura universal y acceso efectivo a servicios de salud con equidad y calidad.
Consultor internacional en programas
sociales. @rghermosillo
