La tragedia ha despertado una gran energía social. Millones de personas se han activado. La energía se ha expresado también como exigencia política: quitarles dinero a los partidos para destinarlo a la reconstrucción. Esta exigencia tiene gran apoyo. Urge que sea un logro democrático y evitar simulaciones.
Es necesario enfocar bien. Al menos hay que lograr: 1) Reducir el dinero a los partidos permanentemente y no por única vez. 2) Quitar otros gastos más altos e igual de onerosos, como la propaganda gubernamental. 3) Generar garantías de que los recursos sí lleguen a su destino.
1. Para lograr la reducción del financiamiento de manera permanente se requiere una reforma a la Constitución. La fórmula está presentada hace casi 9 años en que desde Alianza Cívica y posteriormente desde la Asamblea Nacional Ciudadana (ANCA) promovimos la campaña #¡YaBájenle!
Recientemente la propuesta fue retomada por Kumamoto, con la campaña #SinVotoNoHayDinero. Ya se aprobó en Jalisco.
A nivel federal, la iniciativa legal ya fue presentada por el diputado Manuel Clouthier. Después del sismo, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Acosta Naranjo, ofreció presentarla para ser votada.
Basta entonces que se apruebe en el Congreso para lograr la reducción del dinero de los partidos a la mitad. Esto de entrada podría llegar a reasignar casi 6 mil millones de pesos a la reconstrucción si se aplica también en lo local.
2. Pero esto no basta. El gobierno de Peña Nieto gasta más de un millón de pesos por hora en propaganda gubernamental. Sólo eliminar este despilfarro puede generar ahorros por casi 9 mil millones de pesos.
El gasto en publicidad gubernamental no genera beneficios. Sirve sólo para promover la imagen de los políticos. Además tiene como efecto perverso someter a los medios de comunicación.
Y cuidado, quitar recursos a partidos y dejarlos para publicidad del gobierno, es una trampa contra la democracia.
También habría que eliminar los privilegios de la alta burocracia. Aunque el monto no sea muy grande, es altamente significativo por el agravio que generan los bonos y otras prebendas de los políticos.
Para reasignar recursos de la publicidad y otros gastos onerosos a la reconstrucción, basta aprobar estas modificaciones en el presupuesto que será aprobado por los diputados en noviembre.
3. Pero lo más importante es que los recursos sí lleguen a quienes los requieren. Quitarles el dinero a los partidos para dárselo a Peña Nieto, Rosario Robles, Ruiz Esparza o los gobernadores, no es garantía de que se usen bien. Casi al contrario. No queremos otra “Gran Estafa” con los recursos destinados a atender la tragedia del 19-S.
Tampoco se puede aceptar el lucro político con el reparto de despensas o la entrega de viviendas para personas damnificadas en pleno proceso electoral.
Crear un fideicomiso administrado por un grupo de reconocidos líderes sociales, como propuso E. Krauze, puede ayudar como primer paso y como ejemplo. Pero no basta. Hay que vigilar y recuperar todo nuestro dinero.
La sociedad civil debe desplegar su energía también para vigilar la reconstrucción. Un medio es generar una contraloría social coordinada desde el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
La contraloría social y otros mecanismos anticorrupción son indispensables para que el conjunto de nuestros recursos. Son medidas para aplicar no sólo al Fonden, sino también a los fondos destinados para vivienda, salud, programas sociales.
Ésta es una oportunidad para dar un paso definitivo en el combate a la corrupción. Ésa era la prioridad antes del sismo. Ahora, ante la emergencia nacional, cuidar nuestro dinero, o sea el presupuesto público, es más urgente, más importante. Hoy sabemos que literalmente es de vida o muerte.
Consultor internacional en programas sociales.
@rghermosillo