A Leonardo Curzio, María Amparo Casar y Ricardo Raphael,
con afecto y solidaridad
La exigencia ciudadana por evitar que los recursos destinados a la reconstrucción sean desviados o usados para el lucro político avanza. La iniciativa de la sociedad civil “Epicentro” es buena noticia.
Vigilar lo que aportamos al fondo común denominado “finanzas públicas” y entender como se usan nuestros recursos en eso que llamamos “presupuesto”, puede ser un saldo positivo de estos desastres.
Escribo desde Pakistán. Vine a trabajar como consultor para el Programa Benazir de Apoyo al Ingreso (BISP por sus siglas en inglés). Les cuento que Pakistán nos aventaja en un aspecto: Cuenta con un Registro Socio Económico Nacional (NSER en inglés) con datos de casi toda la población.
El NSER permite focalizar los apoyos de BISP y otros programas a la población más pobre. BISP ha iniciado un operativo de gran escala, para actualizar la información socioeconómica del NSER.
En México nos urge un NSER.
A nivel internacional, el padrón único de beneficiarios no es una base de datos de quienes ya reciben apoyos. Se trata más bien de un Registro Nacional Ciudadano con información socioeconómica y datos de localización e identidad.
Es buen símil entender este Registro Ciudadano como un “RFC inverso”. En complemento al Registro Federal de Contribuyentes, el padrón único es el “registro federal de (potenciales) contribuidos”. Es la base de datos de las personas son susceptibles de recibir dinero de nuestros impuestos. La única y obligatoria puerta de acceso a transferencias de recursos públicos.
Y siguiendo el paralelismo, para crear y administrar este Registro se requiere crear un “SAT inverso”. Así como el SAT registra nuestros datos personales, contabiliza nuestros ingresos y recauda nuestros impuestos mediante el RFC, el “RFC inverso” debe estar en manos de una entidad pública. Una entidad con capacidad operativa y técnica capaz de crear y administrar el Registro Nacional Ciudadano para el Desarrollo (o para la Inclusión Social, si prefieren).
Crear el Registro urge. Sirve para evitar la exclusión. La Sedesol reconoce que hasta ahora sólo ha logrado identificar a 33% de la población en pobreza, a través del Sistema de Focalización para el Desarrollo (Sifode). Según la publicidad este sería el “padrón único”. No lo es en el sentido que se usa a nivel internacional.
Esta incapacidad de “encontrar” —ya no digamos apoyar— a quienes viven en pobreza, se revela en el documento rector de la Estrategia Nacional de Inclusión Social, aprobado en mayo pasado (https://goo.gl/Vu8Ncw).
Se confirma con los datos más recientes del Inegi: la mitad de los 7 millones de hogares con menores ingresos, no recibe transferencias gubernamentales.
El Senado realizó la semana pasada un Foro Internacional. Se presentaron las experiencias de Pakistán, Brasil, Colombia y Turquía.
Frente a la Pobreza propuso ahí crear el Registro Nacional Ciudadano reformando el art. 27 de la Ley General de Desarrollo Social, para establecer:
a) La obligación de los tres órdenes de gobierno de usar la base de datos del Registro Ciudadano para definir “beneficiarios” de los programas sociales.
b) Que cualquier transferencia de recursos públicos, en efectivo o en especie, se asigne con transparencia y objetividad, con base en la información sobre carencias y condición económica consignada en el Registro. Sin clientelismo o sesgo político.
c) Garantías prácticas para que las personas con mayores carencias, susceptibles de recibir apoyos, puedan ser registradas.
d) Que la entidad responsable del Registro cuente con participación de la sociedad civil en su órgano directivo.
El Registro Nacional Ciudadano nos permitirá saber quien recibe nuestro dinero, cuánto, porqué y para qué, como sucede ya en muchos países. Y, por cierto, también permitiría tener una respuesta más rápida y efectiva en caso de desastres.
Consultor internacional en programas
sociales. @rghermosillo