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El próximo gobierno anuncia un censo para seleccionar a quienes recibirán los tres nuevos programas sociales. El propósito es localizar a más de 8 millones de adultos mayores, a 2.6 millones de jóvenes fuera de la escuela y sin trabajo, y a casi 2 millones de personas con discapacidad grave.
De entrada, nada habría que reprochar, y sí mucho que reconocer, de un ejercicio que pretenda:
a) Realizar una búsqueda activa —censal— de grupos de población en condiciones de vulnerabilidad.
b) Aplicar criterios de selección objetivos y transparentes para asignar recursos del presupuesto público.
c) Transferir subsidios directos a grupos de población con mayor necesidad.
d) Y así, contribuir a romper obstáculos que enfrentan estos grupos de población para ejercer sus derechos.
Por eso, el propósito del censo es incuestionable. Ejercicios similares han sido realizados con éxito en países como Colombia, República Dominicana y Pakistán, entre otros.
El resultado de estos ejercicios es un “Registro socioeconómico de población”. Una base de datos que permite asignar los apoyos sociales a quienes realmente lo necesitan.
Una base de datos así puede también funcionar como “Padrón único de beneficiarios”. Dado el enorme esfuerzo, la base de datos podría servir no sólo para los nuevos programas. Podría ser la única “puerta” de acceso a subsidios. Y la vía obligatoria para los tres órdenes de gobierno para canalizar programas sociales.
Los beneficios de un registro socioeconómico que funciona como “padrón único” son múltiples: se evitan duplicidades, se previene la exclusión, se posibilita la complementariedad de intervenciones e incluso —cuando la “base de datos” se articula a un sistema de información robusto— se puede dar seguimiento a los resultados. Sería el “SAT inverso”. Además, elimina la discrecionalidad y corta la raíz del clientelismo político.
Aunque solo fuera para los tres nuevos programas, que canalizarán más de 100 mil millones de pesos, el censo debe cumplir tres requisitos indispensables: institucionalidad, cobertura universal y rigor técnico.
1. Institucionalidad con sustento normativo. El censo debe ser realizado por un área del gobierno con las atribuciones legales necesarias, sujeta de responsabilidades administrativas, abierta al escrutinio público y sometida al control de entidades fiscalizadoras, del Congreso y de la ciudadanía.
2. Cobertura total. El ejercicio debe llegar a toda la población, tanto quienes viven en las 100 mil localidades más aisladas como los 70 millones de personas que viven en zonas metropolitanas. No basta cubrir las zonas marginadas. No se puede discriminar a personas con la misma condición socioeconómica por su ubicación geográfica.
3. Solidez técnica. Los medios de georreferencia, el cuestionario, su aplicación en campo y supervisión, los criterios para el procesamiento e integración de la base de datos, su administración y actualización, todo ello, requieren normatividad clara, sustento técnico y capacidad operativa.
Hay muy poca información del nuevo gobierno para saber si estos criterios se cumplen. Lo poco que se sabe es preocupante. De entrada porque no hay marco institucional. Pareciera que el ejercicio se está realizando ya, desde una estructura “parapartidaria”, dado que el próximo gobierno aún no ha entrado en funciones. Este origen no es un hecho menor. Afectará de manera irreversible el resultado. Imposible que sea padrón “único” y podría ser ilegal usarlo para los nuevos programas.
La “focalización geográfica a zonas marginadas” dejaría fuera una parte significativa de población generando una exclusión injustificable.
Y la prisa va en detrimento de la calidad de los datos. No hay manera de culminar un operativo complejo y masivo de estas características en pocos meses. A menos que el objetivo sea otro. Lo cual sería grave, triste y totalmente incongruente. Esperemos que no. Por el bien de todos, y sobre todo de los más pobres.
Consultor internacional en programas
sociales. @rghermosillo
