El derecho al trabajo es parte de los derechos humanos, desde la primera Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Y sobre todo a partir del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966, en el cual se establecen normas para garantizar trabajo digno (en inglés se dice decent work).
En México, hay un incumplimiento generalizado a este derecho. El 80% de personas empleadas y asalariadas no cuentan con condiciones dignas de trabajo. Poco más de la mitad no logran un ingreso laboral agregado suficiente para cubrir el costo de la canasta básica para su familia. 4 de cada 10 (42%) no han sido afiliados a la seguridad social por sus empleadores. Más de la mitad no cuentan con contrato estable. Y el 87% carece de afiliación sindical.
Estas carencias afectan a millones de personas. Son personas empleadas en condiciones que no cumplen con los mínimos estándares del derecho al trabajo digno.
Estos son los datos que presenta el primer reporte del Observatorio de Trabajo Digno dado a conocer por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza este lunes 29 de abril.
Muestran un panorama muy grave. Esta realidad explica, en buena medida, la magnitud y la permanencia de la pobreza en nuestro país. En México hay estructuras del mundo del trabajo que han sido, son y seguirán siendo —si no hacemos algo para cambiarlas— auténticas fábricas de pobreza.
Lo cual representa un escándalo y una gran contradicción, dado que el trabajo es la fuente de la riqueza y la mejor vía para “salir” de la pobreza y para evitarla.
El reporte del Observatorio de Trabajo Digno de “Frente a la Pobreza” está basado en datos oficiales. La fuente es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi. Uno de los estudios más solidos y consistentes, que tiene continuidad desde 2005 y presenta datos cada trimestre.
Uno de los datos más significativos es el indicador de “desempleo total”. El Observatorio registró un porcentaje cuatro veces mayor al dato de desocupación que se difunde oficialmente. La razón es que este indicador agrega el desempleo oculto. Es decir a personas que sí están disponibles para trabajar, pero que ya no buscan trabajo por no tener expectativas de conseguirlo. En total hay 7.7 millones de personas desempleadas, lo que representa una tasa de 12.4%.
Esta tasa es mucho más creíble y comparable a nivel internacional, si consideramos que el desempleo en Estados Unidos ronda entre el 6 y el 7% y en países de Europa como España se mueve alrededor del 10%, por lo que el dato oficial que se difunde en México de 3% refleja muy mal la realidad.
Entre las causas estructurales por las que se incumple con el derecho al trabajo digno, “Frente a la Pobreza” menciona: a) Normas contradictorias y lagunas legales que posibilitan las violaciones al derecho al trabajo. b) Omisiones y complicidad de las autoridades que las han permitido. c) Modelos de negocio que las promueven y reproducen. Y d) Dirigentes sindicales corruptos o cooptados por los patrones, que facilitan estas condiciones de trabajo.
Para transformar estas estructuras que generan pobreza y desigualdad, “Frente a la Pobreza”, una iniciativa de la sociedad civil surgida en 2015, con el respaldo de más de 60 organizaciones civiles del país, presenta 5 propuestas:
1) Aprobar un plan multianual para la recuperación gradual de los salarios. 2) Creación de un sistema de seguridad social universal. 3) Reformar leyes o normas que favorecen la simulación y sancionar las prácticas ilegales usadas para violar derechos laborales. 4) Reformar las leyes discriminatorias. Y 5) Promover un amplio diálogo social para construir una nueva cultura laboral.
Los datos del Observatorio de Trabajo, que se renovarán cada 3 meses, y el primer reporte se pueden consultar en www.frentealapobreza.mx
Consultor internacional en programas
sociales. @rghermosillo