El presidente está empeñado en lograr cambios a toda costa. La pregunta es: ¿Hacia dónde van los cambios frente a la desigualdad y la pobreza?
Es indudable el afán por mostrar la diferencia. Cambiar es uno de los objetivos principales. Por cambiar se han tomado decisiones con el riesgo de cometer errores, de afectar a miles de personas y hasta de violar disposiciones normativas.
Analizo brevemente algunos cambios relevantes y su implicación:
Sólo hay un cambio en política económica. El incremento al salario mínimo para ubicarlo por encima del costo de la canasta básica.
El cambio es relevante y sustantivo, por ubicarse en el terreno económico y porque enfrenta una causa de la pobreza en México: la política de contención salarial.
En política social el principal cambio es la creación de nuevos programas de transferencias. Se han destinado mas de 150 mil millones de pesos (mdp) para jóvenes sin trabajo, para personas con discapacidad y para ampliar monto y cobertura de la pensión para adultos mayores.
Este cambio presupuestal podrían tener un ligero efecto redistributivo, siempre y cuando los recursos sí lleguen a personas con mayor pobreza.
Otro cambio ha sido eliminar el modelo de corresponsabilidad con organizaciones civiles. Con la descalificación generalizada a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) como intermediarias, se han cancelado hasta ahora tres programas con participación de OSC: las estancias infantiles, los refugios para mujeres víctimas de violencia de la Secretaría de Salud y el programa de coinversión social del Indesol (Secretaría de Bienestar). Lo mismo sucederá con las convocatorias de Inmujeres, Imjuve y otras dependencias mientras siga vigente la “Circular no. 1”.
El cambio en estancias infantiles es regresivo. Con la eliminación del programa se han reducido derechos, montos presupuestales y coberturas, lo que contradice el art. 1º de la Constitución.
Al menos en el corto plazo no se plantea ampliar la red de servicios públicos de cuidado infantil, lo cual sería un cambio progresivo.
También hay cambios sin sustento: en el programa Prospera (antes Progresa/Oportunidades) se han eliminado las acciones de nutrición para la primera infancia y de salud preventiva, especialmente para la etapa perinatal.
Queda sólo como un programa de becas de educación básica, lo cual es el componente que las evaluaciones muestran que carece de impacto: las becas de primaria.
Hay cambios esperados aún pendientes. Por la experiencia de la titular de la Secretaría de Bienestar y la adscripción del Instituto Nacional de Economía Social (Inaes) a esa dependencia, se esperaría más apoyo al cooperativismo y las empresas sociales de pequeños productores, indígenas y campesinos.
Para esa medida no hay presupuesto extra y no está en la lista de proyectos prioritarios del Presidente. Lo cual mutila una vertiente de las acciones que podrían ser efectivas frente a la pobreza.
Hay cambios con un riesgo muy serio. La opacidad y falta de institucionalidad, si no es que franca partidización en el levantamiento del padrón del llamado “censo del bienestar”, que serviría para seleccionar a quienes recibirán las transferencias, es un riesgo muy grande.
Reforzar el clientelismo como parte del nuevo régimen político sería una gravísima regresión, con efectos sociales y políticos. Urge reglamentar el artículo 134 de la Constitución que prohíbe el uso electoral de recursos y programas públicos.
En materia de padrones, el cambio esperado es, más bien, que se apliquen los más altos estándares de transparencia y que estén sometidos al escrutinio social y toda la vigilancia institucional.
Los cambios frente a la desigualdad y la pobreza eran indispensables. El fracaso de Peña Nieto y la permanencia estructural de la pobreza requieren medidas audaces de gran calado. Esos son los cambios que se deben impulsar.
Consultor internacional en programas
sociales. @rghermosillo