Una añeja demanda ciudadana puede hacerse realidad pronto. La Cámara de Diputados aprobó la semana pasada eliminar el fuero al Presidente, gobernadores, legisladores, y demás autoridades políticas. Es un triunfo ciudadano logrado al calor de la campaña electoral.
Para ser vigente esta reforma requiere aún ser aprobada en la Cámara de Senadores antes del 30 de abril. Posteriormente requiere ser aprobada en 17 Congresos locales. Es indispensable que esto suceda antes de la elección. Si no, corre el riesgo de quedar congelada.
El dictamen fue procesado a gran velocidad. Muestra lo que se puede lograr cuando hay presión ciudadana y diálogo político serio. La minuta fue aprobada el miércoles y votada el jueves. Por unanimidad.
No es una legislación “al vapor”. El dictamen fue elaborado en la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside Daniel Ordoñez, suplente de Guadalupe Acosta Naranjo, ambos del PRD, de la corriente galilea. Es un documento sólido que recoge y analiza 32 iniciativas, presentadas por diputados de prácticamente todos los partidos políticos, así como dos documentos generados por grupos ciudadanos. También considera posiciones de la Suprema Corte y del marco internacional de protección de los derechos políticos.
La minuta modifica 8 artículos de la Constitución. Sus aspectos más relevantes son: la eliminación de la figura del “fuero constitucional”; la inclusión del Presidente de la República y los gobernadores como sujetos de juicio político y procesamiento penal si cometen delitos; la protección de la libertad de expresión y funcionamiento para las y los legisladores; el respeto al debido proceso, garantizando la presunción de inocencia; y la eliminación de la necesidad del juicio de procedencia, que en la práctica era un obstáculo para perseguir a quienes tenían la protección del poder.
En pocas palabras, la reforma aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de abril logra que no haya nadie por encima de la ley. Es un paso en la dirección correcta para enfrentar el pacto de impunidad.
Pero no es suficiente. Se requiere un sistema de procuración y administración de justicia que funcione. Que sí investigue, procese y sancione. Que aplique la ley con criterios apegados a Derecho. Por eso una pieza clave del sistema anticorrupción es la Fiscalía General independiente.
Contar con una “Fiscalía que sirva”, con las atribuciones y con los recursos suficientes, y con mecanismos para su rendición de cuentas, es indispensable para enfrentar la corrupción de los grupos de poder. Y también para enfrentar la violencia del crimen.
El proceso de nombramiento es crucial. López Obrador en el debate defendió el derecho del presidente a proponer una terna. Sin embargo, si la persona a cargo de la Fiscalía es empleada y subordinada al Presidente, es imposible que pueda investigarlo y sancionarlo, como explicó Anaya durante el debate.
Una Fiscalía a modo no sólo cubriría al Presidente, también a sus allegados. Y se mantendría la posibilidad del su uso faccioso contra opositores y personas incómodas.
Para enfrentar la corrupción impune hacen falta instituciones. El dictamen con iniciativa de Ley para reformar el artículo 102 de la Constitución ha sido ya elaborado por la sociedad civil acuerpada en los colectivos “Fiscalía que sirva” y “Vamos por Más”. Propone un perfil y un proceso de selección de Fiscal conducido por la sociedad civil.
De quién depende nombrar al fiscal es crucial para tener una democracia con pesos y contrapesos. Si la Fiscalía funciona bien y es independiente, mostrará la relevancia de haber quitado el fuero a los políticos acusados de corrupción u otros hechos delictivos. Si la Fiscalía depende del Presidente será una nueva herramienta para encarcelar opositores. De ese tamaño es el dilema.
Consultor internacional en programas sociales.
@rghermosillo