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Desde 1917, la Constitución establece el derecho a la remuneración suficiente para la manutención del trabajador y su familia. Además, desde 2011, el art. 1º reconoce la vigencia en México de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
El salario suficiente para vivir dignamente es un derecho humano. Forma parte de los derechos económicos y sociales establecidos entre otros, en el art. 6º del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc).
La Constitución, en el art. 123 establece que el salario mínimo debe ser suficiente para la manutención de un trabajador y su familia, en el orden material y espiritual, así como para la educación de sus hijos.
Estos derechos han sido violados sistemática y flagrantemente por el gobierno federal. Especialmente a partir de 2016 en que se “desindexó” el incremento al SM para que no tuviera efectos hacia otros precios, multas, cuotas o créditos. Se acabaron los pretextos.
El próximo gobierno tiene la oportunidad de revertir una de las políticas más regresivas y generadoras de pobreza. Y puede hacerlo asumiendo a fondo el enfoque de derechos.
Para adoptar el enfoque de derechos se deben asumir con seriedad las disposiciones de la Constitución y de los tratados internacionales, y darles una institucionalidad apropiada.
En nuestro país el monto inferior para fijar el salario mínimo no está sujeto a debate académico y no requiere nuevos estudios. Desde hace más de 10 años lo fija el órgano del Estado, responsable de la medición de la pobreza: el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval). Usando datos de otro órgano: el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).
Pero no es suficiente, la Constitución establece que el monto debe ser suficiente para una familia. Incrementar el SM para que se ubique por encima del costo de la canasta básica es sólo un primer paso. Debe ser la decisión a tomar en diciembre de 2018; es indispensable, urgente, pero es sólo el inicio.
Para dar cumplimiento a la Constitución se requiere la recuperación gradual durante varios años. Por eso urge un plan multianual. Un plan de incremento gradual, sistemático y responsable, que permita ajustes al menos cada semestre, para llegar a cubrir lo necesario para quien trabaja y su familia, durante los próximos tres años, con base en análisis sólidos y serios para evitar efectos indeseables.
Para poder hacer ese plan con el debido sustento, se debe revisar a fondo el mecanismo institucional responsable de fijar el salario mínimo.
Es evidente que la Conasami —adscrita a la Secretaría del Trabajo— ha sido un organismo oneroso, obsoleto e inútil, como incluso lo ha mostrado la Auditoría Superior de la Federación.
Hay que desaparecer o transformar la Conasami de fondo. La nueva instancia no debe costar más. Bastan los estudios de Coneval, Inegi y el Banco de México, a quienes se les puede dar un mandato claro en la Ley.
El nuevo consejo de la entidad responsable de la política salarial, además de representantes de sindicatos y patrones, podría incluir a representantes de esos organismos del Estado. Y también sería conveniente incluir la presencia de académicos y activistas de la sociedad civil, que velen por una política responsable y seria, acorde con el enfoque de derechos previsto en nuestra Constitución. Todos a título honorífico, sin remuneración.
Esta sería una gran transformación. En estos días, la CNDH dará a conocer una recomendación que debe transformar la política salarial conforme al enfoque de derechos. Erradicar la pobreza laboral, al menos de quienes trabajan por un salario, es tarea alcanzable y necesaria para el próximo gobierno, si se quiere que “por el bien de todos, primero los pobres”.
Consultor internacional en programas
sociales. @rghermosillo
