La lucha de la Caravana #UnidosConValor enfrenta el poder discrecional y autoritario de la Secretaría de Hacienda. Muestra que mucho de la gobernabilidad del país está fincada en el uso discrecional de los recursos públicos. Y así, no hay manera efectiva de enfrentar la corrupción.
El poder discrecional de la SHCP es inmenso y multifacético. Está amparado en la Ley, aunque contraviene principios esenciales de las reglas democráticas. El halo académico, docto y neutral de la tecnocracia hacendaria es un engaño. Ejercen un poder sin contrapesos efectivos. Ese poder es una de las fuentes centrales del “capitalismo de cuates” y de la corrupción que padecemos. Veamos:
El poder discrecional inicia en la elaboración del paquete presupuestal con cifras trampeadas. Primero en la Ley de Ingresos. Se subestiman los ingresos para contar con ingresos reales superiores a usar libremente.
En el sexenio actual, a noviembre de 2017, se habían recibido ingresos extra por 1 billón 740 mil millones de pesos (mdp). Sólo en 2016, los ingresos extra recibidos fueron de casi 700 mil mdp.
En el presupuesto de egresos hay también gran discrecionalidad. En 2016, Hacienda autorizó un gasto de 614 mil mpd extra a lo aprobado por el Congreso. Esto equivale a casi todo el presupuesto educativo del país.
La Secretaría de Hacienda además autoriza el ejercicio de un presupuesto distinto al aprobado por el Congreso. Mediante las adecuaciones presupuestales se incrementan recursos a ciertas partidas y se reducen en otras. Un excelente estudio de México Evalúa (“Descifrando la caja negra del gasto) muestra que Hacienda autorizó ampliaciones presupuestales por 882 mil mdp y reducciones por 663 mil mdp anuales, en promedio entre 2005 y 2013. Esto sigue sucediendo y es mayor.
El Ramo 23 es el mejor –pero no único- ejemplo de la opacidad. Bajo administración de Hacienda, maneja fondos discrecionales, sin reglas y concentra el mayor número de adecuaciones presupuestales durante el ejercicio, autorizadas por ella misma.
En 2016, la Cámara de Diputados aprobó 146 mil mdp para el Ramo 23. Hacienda ejerció 255 mil mdp. Esto es 73% más, 108 mil mdp más.
Uno de los fondos, el Fondo de Fortalecimiento Financiero tenía aprobados originalmente menos de 2 mil mdp. Pero ejerció 65 mil mdp. Esto es 41 veces más. De ahí se están escatimando los 900 mdp convenidos para Chihuahua.
De ese fondo Chihuahua recibió 61 mdp durante 2017, pero había recibido más de 1,500 el año anterior, año electoral, cuando gobernaba Duarte. El contraste es elocuente. En el mismo 2017, el Estado de México recibió de ese fondo 5,291 mdp. Esto es casi 90 veces más que Chihuahua. El sesgo electoral es demasiado notorio. No hay argumento técnico para justificar esas diferencias.
A este poder presupuestal, hay que sumar otras atribuciones, como la capacidad de generar auditorías, como bien lo sabe el presidente de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Claudio X. González. También de la Secretaría de Hacienda depende la Unidad de Inteligencia Financiera que no ha podido prevenir ni cortar los flujos de recursos ni del crimen organizado ni de la corrupción rampante de los Duarte y cía.
Dice una máxima que “no te puedes pelear con la cocinera”. El castigo es inminente y doloroso, pues su poder es inmenso. Y su rol indispensable. Pero hay momentos que la dignidad es mayor.
La reacción de la sociedad, incluidos sectores empresariales es muy loable. Esta lucha va más allá de Chihuahua y de colores partidarios. El silencio de los gobernadores es comprensible, pero injustificable. Corral no debe ser doblegado. Y el poder de Hacienda debe ser acotado y sometido a controles democráticos efectivos.
Consultor internacional en programas
sociales. @rghermosillo