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La grave crisis del sistema político mexicano requiere un cambio de régimen que enfrente la corrupción impune. Para lograrlo, dos preguntas son esenciales: ¿En qué consiste el cambio? ¿Cómo se puede hacer de manera pacífica?
No dedico espacio a fundamentar la necesidad. Hay diagnósticos de sobra que muestran por qué el Estado de derecho, democrático, no puede funcionar con nuestro arreglo institucional. Y hay suficiente hartazgo ciudadano para subrayar la urgencia.
La alternancia creó pluralismo de partidos, pero: 1) No generó contrapesos democráticos en el ejercicio del poder. 2) No estableció mecanismos de rendición de cuentas y autoridad institucional para hacer cumplir la ley a quienes tienen poder. 3) No empoderó a la ciudadanía para controlar a sus gobernantes e incluso revocarles el mandato. Hubo alternancia, pero no transición democrática. De ahí viene la corrupción impune y su secuela de inseguridad, desigualdad y hartazgo contra el régimen.
El cambio del régimen presidencialista mexicano requiere transitar a un sistema de corte parlamentario sustentado por un gobierno de coalición con amplia participación ciudadana.
Un nuevo régimen requiere diferenciar entre jefe de Estado y jefe de gobierno.
El jefe de Estado, el Presidente, dejaría de ser responsable principal de las políticas de gobierno. Se quedaría como garante de la institucionalidad, jefe de las fuerzas armadas y representante de la nación ante el mundo globalizado.
La nueva figura de jefe de gobierno sería jefe del gabinete. Su nombramiento provendría de una coalición mayoritaria en el Congreso. Con esa mayoría por coalición el gobierno tendría condiciones de ejercicio de autoridad y al mismo tiempo habría forma para la revocación de mandato.
El nuevo régimen requiere que funcione bien el sistema de procuración y administración de justicia, con autonomía y apego estricto a la legalidad. Para aplicar la ley a todos, especialmente a quienes tienen poder. Por eso es estratégico evitar la imposición en la nueva Fiscalía General de la República.
Además, el cambio debe abrir mayor democracia participativa. Hay que crear y recuperar los medios institucionales para la participación ciudadana en la deliberación y decisión de los asuntos públicos. En el nuevo régimen se requiere gobernanza democrática, no solo contrapesos del Congreso.
Ahora ¿cómo se logra ese cambio de régimen? El proceso electoral lo posibilita siempre y cuando se genere un gobierno de coalición comprometido con esa agenda y con una fuerza ciudadana que lo respalde y lo acote.
El Frente Ciudadano por México (FCM) apenas balbucea el concepto. Tendría que mostrar voluntad de transformación del arreglo político actual. Urge que presente una propuesta de nuevo arreglo institucional, para lograr la tan esperada “reforma del Estado”.
Tendría además que generar un programa para el gobierno de coalición con compromisos claros con la sociedad civil. La “savia” para dar vida a un el gobierno de coalición de transición debe surgir de la adopción de las agendas ciudadanas.
Un auténtico FCM sólo es posible si va más allá de los partidos, si hay representantes de la ciudadanía organizada ocupando espacios de poder, con la fuerza para exigir, impulsar y en el extremo, para revocar el mandato si se incumple el programa.
Y por último, pero muy importante, el FCM requiere elegir un candidato presidencial dispuesto(a) a abdicar de los rasgos autoritarios del presidencialismo mexicano. Una persona que por su talante y trayectoria ponga por encima los intereses de México sobre los de partido o grupo. El nuevo presidente debe tomar el poder para democratizarlo a fondo.
¿De veras en eso está el FCM? Espero que sí.
Consultor internacional en
programas sociales. @rghermosillo
