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La prioridad del nuevo gobierno frente a la pobreza abre la oportunidad de un gran acuerdo nacional, de largo aliento y con amplísima convocatoria. Esta prioridad puede convertirse en un auténtico objetivo nacional. Puede ser punto de confluencia y colaboración entre una gran pluralidad de actores. Puede además ser factor esencial para la construcción de paz y seguridad ciudadana.
Para ello se necesita una base común, un marco conceptual y normativo compartido, que vaya más allá de las medidas y de los nuevos programas del nuevo gobierno —sin menospreciarlos.
Ese marco conceptual y normativo está al alcance y de hecho no es optativo: se trata del enfoque de derechos humanos, establecido en el Art. 1º de la Constitución desde 2011.
Ahí se establece: 1) Que toda autoridad pública está obligada en su campo de atribuciones a respetar, garantizar, promover y proteger los derechos humanos. Y 2) Que los derechos humanos establecidos en los Tratados Internacionales reconocidos por México, son parte vigente y válida de nuestra normatividad.
Viene al caso este llamado a construir un gran acuerdo, no sólo porque la discusión presupuestal y el arranque de los nuevos programas sociales debieran tener como foco esta obligación. Sino también porque el pasado 10 de diciembre, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM (IIS) presentaron un aporte fundamental para avanzar.
Ese día —con la participación del ombdusman Luis Raúl González Pérez—, se presentó el libro Pobreza y Derechos Sociales en México, así como 6 importantes estudios de diagnóstico sobre derechos sociales. (Disponibles en www.coneval.org.mx).
La propuesta presentada por Coneval y el IIS–UNAM permite dar un nuevo paso sobre lo ya logrado con la medición multidimensional de la pobreza, sin descartarla. Y permite superar la trampa promovida por el gobierno anterior de pretender modificar las variables de la medición de la pobreza, sin transformar las realidades.
El enfoque de derechos crearía un segundo “nivel” de medición centrado en el cumplimiento efectivo de derechos sociales, y no sólo en los mínimos de acceso.
Por ejemplo, este enfoque permitiría considerar no sólo la inscripción escolar sino la calidad de los aprendizajes. O no sólo medir la afiliación a sistemas de salud, sino el acceso efectivo a la atención oportuna y resolutiva en caso de enfermedad. O medir los días de acceso a agua en la vivienda, y no solo la conexión a la red. Por citar solo tres ejemplos relevantes.
Permitiría también incluir el derecho al trabajo, que hasta ahora sólo se ha considerado indirectamente. Y permitiría hacer patentes las brechas de desigualdad derivadas del ingreso, la condición étnica, el género o la edad, en el ejercicio de los derechos sociales.
Este gran aporte del Coneval y el IIS-UNAM va en línea con propuestas presentadas desde hace tiempo desde organismos internacionales como la CEPAL y la ONU, así como desde la sociedad civil, como el reciente estudio “Pobreza y Derechos Humanos” elaborado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, en convenio con la CNDH.
Y sobretodo la propuesta es pertinente y oportuna en esta nueva coyuntura del país. Ahora que hay consenso en que se requiere un gran cambio y que uno de los objetivos del cambio debe ser la superación de la pobreza y la reducción de la desigualdad.
Refrendamos la urgencia de abrir espacios de diálogo para tener mejores resultados frente a la pobreza y la desigualdad. Muchos queremos que le vaya bien al gobierno de México en sus acciones frente a la pobreza, la corrupción y la violencia. ¿Habrá espacio para dialogar?
Consultor internacional en programas
sociales. @rghermosillo
