Sedesol cumple 25 años. El gobierno recién lo celebró con magno evento. Les faltó explicar una cifra: 53%. Es el porcentaje de la pobreza que había hace 25 años. Y que es el mismo hoy.
Actualmente, al igual que en 1992, la mitad de la población carece de ingreso suficiente para adquirir la canasta más básica. Sólo que ahora son 11 millones de personas más: casi 64 millones de personas.
Esto es inaceptable. La coincidencia exacta del porcentaje es casi surrealista. Hay que comprender su significado. Y hay que evitar interpretaciones que sólo descalifican porque “nada sirve”. Pero sobretodo, previene de todo triunfalismo.
El dato es comparable y es oficial. El actual corresponde a la población con ingreso inferior a la línea de bienestar, según la medición más reciente de Coneval. El de hace 25 años corresponde a la población en pobreza “patrimonial”, con datos de Inegi de 1992. En ambos casos, se usa la variable ingresos.
Son datos totalmente comparables técnicamente. En esto no hay duda.
En estos 25 años se dieron grandes cambios en lo social. Hace 20 años, los fondos del Programa Nacional de Solidaridad se descentralizaron a los municipios a través del ramo 33. En 2017 es un presupuesto nada despreciable de 67 mil 420 millones de pesos. Los fondos para agua, drenaje, caminos rurales y demás infraestructura básica para las zonas de mayor rezago han estado en manos de los presidentes municipales desde hace 20 años.
Los servicios de educación y de salud se descentralizaron a los gobiernos estatales, en 1992 y en 1996 respectivamente. Las dos grandes instituciones y presupuestos de lo social, las palancas del desarrollo, han estado bajo la responsabilidad de los gobernadores por más de 20 años. La receta decía que la descentralización permitiría mayor y mejor rendición de cuentas. Más cercanía en la responsabilidad y las decisiones permitiría mayor exigencia ciudadana. Esto no sucedió.
La transición a la democracia falló también para la política social. La inexistente rendición de cuentas y la falta de contrapesos de gobernadores y presidentes municipales no sólo afecta la democracia política, sino también impide los resultados frente a la pobreza. La corrupción y sobretodo el clientelismo político han capturado y desviado gran parte del gasto social.
En estos 25 años ha habido avances económicos, el Producto Interno Bruto se duplicó. Las exportaciones se multiplicaron por cuatro y la inversión extranjera directa se quintuplicó.
Estas mejoras económicas tampoco generaron reducción de la pobreza en el largo plazo. La captura de rentas en el presupuesto y el “capitalismo de cuates” no permite que la economía funcione para todos. Los ingresos laborales se han reducido en términos reales y relativos. El presupuesto no tiene efecto redistributivo.
La actual administración va a cambiar esta situación. Pero no lo hará con políticas más efectivas, sino modificando las variables del cuestionario usado por Inegi para medir carencias e ingresos.
La realidad no se habrá modificado, pero los indicadores mejorarán. Con “cartillas sociales”, certificando guarderías y otras acciones de “maquillaje” las cifras se van a mover. Y regresarán las discusiones sobre la confiabilidad y comparabilidad de los datos.
En todo caso, hay que entender que Sedesol no puede sola. La reducción sostenible y significativa de la pobreza requiere mejorar ingresos laborales y garantizar derechos sociales mediante un sistema unificado de protección social. Eso no es tarea sólo de una dependencia.
Y por supuesto, hay que recuperar la democracia para que funcione para la gente. Con programas sociales clientelistas y política económica excluyente no se puede reducir pobreza.
Consultor internacional
en programas sociales. @rghermosillo