En la teoría política clásica, el ejercicio del poder y autoridad solía distinguirse en Auctoritas y Potestas. La primera refiere el hecho de tener el reconocimiento moral sobre los que están al cuidado de quien ejerce un influjo positivo —y del cual son conscientes los seguidores— y por tanto se le obedece de forma espontánea y natural. Por tanto quien la tiene, goza de cierta superioridad moral reconocida por el grupo. La segunda mira a contar con la fuerza de facto, la facultad oficial para mandar y aplicar las reglas al grupo que gobierna. En Zapotlán, la Marina, teniendo en cuenta las circunstancias, contaba con la legítima facultad para hacer uso de la fuerza, y aun así, optó por la primera. Los elementos de la Marina se contuvieron, sí, hicieron disparos al aire, los cuales desde el primer momento se supo fueron una acción disuasiva. Se atuvieron a sus órdenes y aplicaron los protocolos. Como muchas otras voces han señalado, los provocadores sabían que no iban a responder.
Así, como señala su comunicado: “El personal, en apego a la doctrina y valores navales, no repelió las agresiones físicas y verbales sufridas, inclusive cuando fueron agredidos de manera directa, mientras trasladaban a un elemento naval que requería primeros auxilios”. Aplaudo y saludo el honor y virtud con lo que se condujeron los marinos, pero no deja de ser preocupante el nivel de desprecio por las instituciones de algunos grupos —aunque son los menos— de la sociedad civil. El país vive un momento delicado y, además, durante la última década, esa necesaria y muy sana cultura de derechos humanos que se ha ido implantando, ha traído un dejo de deformación cuando se cae en la vulneración del orden público. Creer que porque alguien ejerce sus derechos humanos como individuo, ese sujeto está por encima de los demás, de la comunidad y del orden institucional, es no entender las responsabilidades ineludibles que también implica un Estado de derecho, de derechos humanos.
Los marinos fueron golpeados con piedras, palos y botellas con agua, sin repeler la agresión. Cabe decir que no todos agredieron a los marinos y que algunos agitadores fueron los que propiciaron tales acciones. ¿Podría estar alguien detrás?: sin tener certezas, no resulta descartable. ¿Qué hubiera pasado si los marinos se hubieran defendido ya que su integridad y quizás sus vidas hubieran estado en riesgo? Los titulares, las condenas y los lamentos no cabrían en todas las primeras planas.
Los derechos humanos individuales se ven amenazados ipso facto cuando no hay Estado de derecho, imperio de la ley y, por tanto, cuando hay beligerancia social. Cuando no existe en un momento y en un determinado lugar el Orden Público deja de haber la posibilidad para el respeto y promoción de los derechos humanos. Y ese orden incluye el respeto a las instituciones. Es decir, el respeto a los funcionarios competentes para hacer cumplir la ley. No nos equivoquemos, lo que pasó en Zapotlán es una vergüenza para los pregoneros de la libertad de expresión —sagrada y bendita—, y que algunos en sus excesos profanaron. Sin embargo, lo que pasó en Zapotlán fue honor y victoria para los marinos que demostraron con hechos que las Fuerzas Armadas y el pueblo son uno y lo mismo. Fue una verdadera demostración de Auctoritas.
Académico investigador de la Facultad de Derecho de la UP Twitter: @rsotomorales
