Derivado de la reforma constitucional publicada el 26 de marzo pasado, en el Congreso de la Unión teníamos la obligación de aprobar la legislación secundaria de la Guardia Nacional; obligación que cumplimos el 23 de mayo, en un periodo extraordinario de sesiones. Con esto, el presidente López Obrador estará en posibilidades de iniciar operaciones de la Guardia, a partir del 30 de junio como él mismo ha dicho.
Para completar el diseño institucional de esta corporación, hemos provisto la creación de un marco jurídico conformado por la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenciones. Asimismo, reformamos la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Hemos dejado claro que la Guardia Nacional será una corporación de seguridad pública de carácter civil, disciplinada y profesional; un órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Tendrá un comandante nombrado por el Presidente de la República y se establecen coordinaciones territoriales, estatales y de unidad.
Para garantizar el profesionalismo de este nuevo cuerpo de seguridad, hemos establecido que se solicite como requisito de ingreso: un control de confianza, certificado único policial, no estar suspendido o inhabilitado ni haber sido destituido como servidor público o de alguna institución de seguridad pública y sus miembros deberán cumplir con programas de formación, capacitación y profesionalización.
Asimismo, se establece un sistema de carrera, instituciones de formación y profesionalización policial, regímenes disciplinarios, coordinación operativa interinstitucional entre las Secretarías de Seguridad, Defensa y Marina, así como la colaboración con las corporaciones de las entidades y municipios. Se determina un control parlamentario mediante un informe anual al Senado sobre las actividades de la Guardia y se somete la intervención de comunicaciones al control judicial.
Se ha mandatado la creación de un Registro Nacional de Detenciones con el objetivo de concentrar la información a nivel nacional sobre las personas detenidas y prevenir cualquier violación a derechos, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como la desaparición forzada. Mediante este registro, que deberá hacerse de inmediato al momento que la corporación realice la detención, se evitará las detenciones arbitrarias. Asimismo, se establece un sistema público de consulta de este registro, que permitirá saber si alguien se encuentra detenido.
Era de la más alta prioridad para el Grupo Parlamentario de Morena, y así ha sucedido, dejar claro en la ley que el uso de la fuerza se empleará con pleno respeto a los derechos humanos y que la fuerza sólo debe ser usada como último recurso ante una agresión real, actual e inminente. Asimismo, hemos regulado el uso de la fuerza y las armas de fuego conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. Con esta legislación secundaria, en Morena no solo nos hemos asegurado de crear una corporación eficaz en el combate a la inseguridad pública, también hemos provisto a las y los ciudadanos de una institución garante de los derechos humanos de todas y todos.
Diputada. Presidenta de la Comisión de Gobernación y Población. @Rocio_BarreraB