Más Información
El equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha determinado poner lupa sobre los presupuestos federales destinados a la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación, en particular en lo que toca al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Tiene la certeza de que se trata de un hoyo negro por donde anualmente miles de millones de pesos se esfuman bajo un esquema discrecional y opaco.
En el actual sexenio, esa entidad que depende directamente de la Presidencia de la República gastó casi 127 mil millones de pesos, con resultados que especialistas en la materia califican de mediocres. Pero tal cantidad sólo representa 40% del total asignado al rubro de ciencia. Otros 250 mil millones de pesos se diluyeron durante la administración Peña Nieto en una decena de dependencias más, en forma inconexa y muy poco transparente, a decir de expertos consultados por este espacio.
Este fue el telón de fondo para el evento celebrado el 22 de agosto en el Palacio de Minería de la capital del país, donde el rector de la UNAM, Enrique Graue, presentó la propuesta, presumiblemente elaborada por un centenar de instituciones, para enfrentar los desafíos del sector en el periodo 2018-2024. Lo que no se supo fue que horas antes, en ese mismo lugar, se produjo un intento de celada para acorralar al presidente electo e inducir definiciones en este campo, en particular sobre Conacyt, cuyo director saliente es Enrique Cabrero.
Mientras que el acto público fue programado a las 18 horas, se pidió a López Obrador una reunión privada a las 16:30. Ostensiblemente, a ese espacio no fue inicialmente convocada la doctora María Elena Álvarez-Buylla, designada futura directora de Conacyt. Casi en la víspera, el presidente electo alertó que no acudiría a ese encuentro, pero la designó a ella como su representante. Se trató de un mensaje contundente. Fueron necesarios los buenos oficios del rector Graue para ajustar el programa.
De tal manera, Álvarez-Buylla presidió esa sesión privada que parecía haber tenido el propósito de descarrilar su designación y proyectar a un candidato más cercano al statu quo de la burocracia dorada de Conacyt, con gran influencia sobre la comunidad científica del país por su control sobre apoyos para proyectos de investigación en universidades, empresas y organismos de todo tipo. Ello incluye el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) que destina ayudas, bajo criterios cuestionados, a casi 30 mil académicos del país, a lo que se suman decenas de miles de becas para estudiantes de posgrado en el mundo.
Toda esta urdimbre de intereses, unos legítimos, otros con descarados fines de lucro, fue puesta nuevamente en marcha el pasado 24 de septiembre en torno a uno de los oficios que la citada doctora Álvarez-Buylla ha dirigido a Enrique Cabrero, que habría sido filtrado por éste mismo o por alguno de sus colaboradores cercanos para alarmar a la comunidad científica y a los becarios del Conacyt, con el propósito oculto de impedir cambios de fondo en el sector.
El oficio filtrado fue eje de una escándalo que tergiversó los alcances del documento, pero logró impacto en redes sociales y en artículos periodísticos. Destacaron entre éstos los firmados por académicos ligados al ecosistema de ayudas del Conacyt. Este evidente cabildeo fue reforzado por agencias de relaciones públicas que representan en México a fabricantes de productos transgénicos, a los que la futura directora de Conacyt se ha opuesto por años, junto con una legión de científicos de todo el mundo.
Álvarez-Buylla Roces (CDMX, 1959) se forjó en la UNAM bajo las disciplinas de las matemáticas y la Biología. Forma parte de una familia surgida del exilio español en la que su padre, su madre, su hermano y ella misma son científicos con reconocimiento internacional. En 2017 recibió el Premio Nacional de las Ciencias y las Artes. Hasta hace algunos meses no conocía a Andrés Manuel López Obrador. No forma parte de la casta burocrática del sector, pero según se dijo a este espacio, parece tener claro lo que hay que hacer para transformarlo.
En el equipo del presidente electo se sabe que los oficios enviados al director de Conacyt, Enrique Cabrero, piden información sobre procesos administrativos detectados como opacos, discrecionales o excesivos. Ello se expresa, por ejemplo, en que el programa de apoyo a empresas para desarrollos tecnológicos, conocido como PEI, asigna miles de millones de pesos anuales de manera directa y sin criterios claros. O que el organismo cuenta con decenas de “centros de investigación” que operan como empresas privadas. O que se estén ejecutando a última hora decenas de gravosos contratos, lo que contraría un acuerdo establecido entre López Obrador y el presidente Peña Nieto. O que el señor Cabrero disponga para su uso personal de cuatro vehículos…
rockroberto@gmail.com
