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En medio del proceso de asimilación y paulatina reconciliación derivada del proceso electoral por el que acaba de atravesar nuestro país, una parte importante de la atención del público se ha concentrado en el proceso de renegociación del tratado de libre comercio de América del Norte (TLCAN) y su potencial futuro como instrumento trilateral.
Varias son las razones que justifican dicha preocupación y ninguna de ellas es menor, desde luego. En primer lugar, destaca aquella relacionada con la profundización de las relaciones económicas contemporáneas con dicha región, aunque en estricto sentido y de manera más precisa, se relaciona con la sincronía de la economía mexicana con el ciclo económico estadounidense. En segundo lugar, el incremento en el riesgo , y en algunos casos incertidumbre, frente al efecto sobre la estabilidad económica y social del país debido al cambio institucional norteamericano no sólo por el aumento en la cultura proteccionista estadounidense y su creciente distanciamiento del multilateralismo, pero sobre todo por la ligereza de un aumentado discurso político nacionalista, antiinmigrante y antimexicano. En tercer lugar, y gracias a la presencia del Sr. Trump en el poder ejecutivo federal estadounidense, y casi sin importar el resultado que se obtenga al final de la renegociación bajo una estructura trilateral o no, México tendrá que diversificar sus relaciones económicas con el mundo y revalorar la importancia de la estructura económica interna.
En materia de medio ambiente, el tratado de libre comercio de América del Norte fue en su momento un mecanismo innovador. Es preciso recordar que, frente a las preocupaciones de amplios sectores de la sociedad organizada de los Estados Unidos y de su congreso en el sentido que un creciente flujo de empresas migraría a México debido a sus reducidos costos laborales y una estructura institucional de gobernanza ambiental menos sólida, se negociaron durante la administración del presidente Clinton los acuerdos paralelos en materia ambiental y laboral. Resultado de ello fue el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN).
Si bien el acuerdo paralelo en materia ambiental no es parte del núcleo del acuerdo comercial, su existencia como instrumento de referencia se encuentra determinado por la existencia de aquél. En un intento por moderar la competencia desleal con base en condiciones ambientales o laborales. Con este dispositivo hemos visto evolucionar una estructura institucional formada por la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA), con sede en Canadá y con representación trilateral; además de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF) y el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN). La primera de éstas radicada originalmente en Ciudad Juárez, Chihuahua y la segunda en San Antonio, Texas; ambas con un enfoque bilateral México – Estados Unidos, aunque las dos agencias al abrigo del acuerdo de libre comercio, mismas que han sido fusionadas recientemente.
Durante el periodo de negociación del acuerdo trilateral a principios de la década de los noventas, y aún después, la región vivió un ciclo de efervescencia intelectual significativa en materia de los asuntos del medio ambiente. México provenía de un período vigoroso de fortalecimiento de su política ambiental y ecológica con una disponibilidad sectorial de presupuesto público que nunca más se vería como proporción del producto interno bruto. Al mismo tiempo, se iniciaba un proceso de negociación de libre comercio entre un país en desarrollo y dos socios desarrollados. Ello lo capturó muy bien el debate que publicó el Scientific American en la edición de noviembre de 1993 y que escenificaron los profesores Jagdish Bhagwati y Herman Daly, al abordar la pregunta ¿daña al ambiente el libre comercio? Con lo cual se inició un periplo que veinticinco años después aún es vigente. Pero en cuyo recorrido hemos aprendido muchas cosas. Por lo que respecta al acuerdo comercial de México con Estados Unidos y Canadá, muchas de las promesas del libre comercio no se han alcanzado en materia ambiental, pero tampoco se han cumplido todas las calamidades auguradas.
Al respecto, no se puede pasar por alto que las decisiones de inversión que un gobierno decide alentar implican decididamente un patrón de aprovechamiento de bienes de la naturaleza a cuya tasa de prosperidad económica tendría que descontarse el costo del resarcimiento de daños o la conflictividad generada. Las autorizaciones lícitas para el desarrollo de actividades productivas, sin importar que tengan como objeto el comercio exterior o no, bajo condiciones de ecosistemas frágiles o con creciente competencia para diferentes usos como los poblacionales son una fuente segura de tensión y conflicto. De las otras, mejor no hablar. Nunca ha sido una buena idea en la democracia concentrar las ganancias y repartir los costos.
Que el acuerdo comercial de América del Norte ha generado un crecimiento de las presiones sobre el medio ambiente en México es un hecho. Pero el desbalance ambiental y ecológico del país no lo inició dicho tratado. El reacomodo de la población hacia la zona fronteriza norte y el crecimiento de las actividades productivas para aprovechar las economías de localización han incrementado la presión y éstas han avanzado con mayor velocidad que la capacidad remedial de los gobiernos mexicanos.
En medio de las críticas por el perfil con el que se dio origen a la CCA , porque mantiene un enfoque de consulta, estudio o denuncia, predominantemente y sin capacidad de sanción; o bien, las correspondientes a ECOCEF y BDAN , con un carácter reactivo y no proactivo. Estas instancias al amparo del TLCAN han efectuado una contribución importante para México. Hoy tenemos una mejor idea de los efectos del libre comercio sobre una sociedad dependiendo de las características institucionales y de la credibilidad en la acción pública. Conocemos el intercambio de contaminantes regional, los efectos del transporte, tenemos inventarios de los ecosistemas de la región, evaluaciones de los efectos del turismo y necesidades de infraestructura requerida para cumplir con objetivos de sostenibilidad. Un conjunto de nuevos conocimientos que México hubiera podido tener con el tiempo, pero que tuvieron que acelerarse para cumplir con los compromisos establecidos en el ACAAN.
La renegociación del acuerdo comercial de Norteamérica y su eventual forma final mantiene en un impasse el conjunto de acciones que tendrán que revisarse en materia ambiental. Pero es previsible que sufran modificaciones en caso de confirmarse cambios en el capítulo de solución de controversias. Hay varias razones para considerar que ello será así y que corresponderá a la entonces administración federal del presidente López Obrador trabajar en tales ámbitos. En primer lugar, destaca el conjunto de acciones encabezadas por el presidente de los Estados Unidos en el ámbito multilateral, tales como el abandono del Acuerdo de Paris sobre cambio climático y el retiro de la UNESCO. Si en tales casos las formas son fondo, más allá que el Señor Utterson – personaje de Robert L. Stevenson del Extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde – pudiera calificar dichas acciones como reveladoras de actos poco enaltecedores por negacionista la una, o intolerante la otra; si en cambio son muestras que existen beneficios al romper acuerdos cuando nadie puede imponer costos. Al trasladar tales acciones al ámbito local estadounidense ante el cuestionamiento de las designaciones en la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), los objetivos por revitalizar la industria petrolera estadounidense o bien los recortes correspondientes y las limitaciones impuestas en los círculos científicos que dieron pie a la Movilización por la Ciencia , un escenario plausible es considerar que la componente ambiental del TLCAN cambiará sin importar si mantiene su carácter trilateral o no. Y su versión renovada pudiese ser inferior a la actual.
En el caso de mantenerse con un enfoque trilateral el TLCAN , las declaraciones de la canciller canadiense hacen difícil considerar que ese país podría aceptar rápidamente una reducción de estándares ambientales después de la experiencia del reciente acuerdo de Canadá con la Unión Europea, al que se ha referido en no pocas ocasiones como un acuerdo ambiental de oro y que incorpora previsiones económicas y acciones en materia de cambio climático.
Los cambios en la estructura productiva y de consumo de los Estados Unidos , así como en el diseño de su política económica tendrá manifestaciones, como siempre, en la dinámica económica nacional. En materia de medio ambiente en México se precisa fortalecer la política ambiental y ecológica que haga creíble la acción pública y la imposición de costos ante la omisión de la ley. El país ha acumulado una gran experiencia institucional que a veces se nos muestra de manera descoordinada en la gestión del patrimonio natural, quizá ésta tendrá que ser desempolvada para abordar problemas como los de las denominaciones de origen por regiones biogeográficas o ecosistémicas, modificar la cláusula que permite que un gobierno sea demandado por las empresas que consideran que la legislación local afecta sus intereses; o bien, el rechazo a las prácticas productivas de empresas regionales que, como las mineras, provocan en nuestro territorio procesos de depredación que difícilmente se encuentran replicados en sus países de origen. Este último ejemplo en particular no es responsabilidad del libre comercio o del funcionamiento del mercado, su autorización provino de algún gobierno mexicano.
La nueva administración federal mexicana podría verse comprometida a negociar en el corto plazo los términos de nuevas versiones de acuerdos paralelos o de la incorporación de éstos como parte del texto del acuerdo comercial, en cuyo caso aumentar la resiliencia socio – económica del país requiere diversificar las relaciones económicas nacionales, así como evitar confusiones en las que se subrogan las decisiones de un Estado a través de los mercados, o bien se considera que el libre comercio es la causa de nuestros males.
