La única razón por la que se impide la legalización total de la marihuana es porque su clandestinidad representa un negocio gigantesco entre narcotraficantes y gobiernos.

El actual esquema prohibicionista —tan gigantesco como sospechoso— genera enormes sobreprecios a la vez que una violencia de miles de muertos y senderos de sangre. Añádanse crímenes tan horrendos como cotidianos: secuestro, trata de personas, tráfico de armas y extorsiones. La guerra contra el narco iniciada en el sexenio calderonista ha sido un fracaso que lo único que ha propiciado es el empoderamiento de nuevos y más sanguinarios carteles del crimen organizado.

A ver: la tan anhelada pacificación del país pasa indispensablemente por la legalización de las drogas, empezando por la marihuana como ya ocurre en Canadá, Uruguay y gran parte de Estados Unidos. Porque aquí la condenamos, aunque científicamente está probado que es mucho menos dañina que un montón de productos comprables en cada tienda o supermercado y que son infinitamente más perjudiciales para la salud: el alcohol, por supuesto, en todas sus modalidades; las llamadas bebidas energizantes que provocan severos estados de ansiedad; los refrescos de cola y otros que producen obesidad y diabetes. Todos ocasionando adicciones crónicas. Y qué decir de la proliferación de casinos en todas nuestras grandes ciudades para esquilmar el fruto del trabajo de empleados y profesionistas. O ¿alguien podrá negar que el juego genera una ludopatía tan perniciosa que puede romper la vida de los seres humanos? Cada año mueren alrededor de 17 mil personas en accidentes de tránsito, seis mil de ellos provocados por el alcohol; en paralelo, de los más de 30 mil homicidios que se cometen anualmente, 21 mil de ellos son bajo la influencia del alcohol, que es una droga que circula libremente en todas partes. Que se sepa, nadie se estrella ni mata luego de fumar marihuana.

Por todo ello y más, alienta el fallo de la Corte Suprema para que un particular pueda, mediante un amparo, sembrar y consumir cannabis. Pero lo que verdaderamente puede hacer historia es la iniciativa que doña Olga Sánchez Cordero —futura secretaria de Gobernación— planteó ayer al Senado, como una Ley General para la Regulación y Control de Cannabis. En ella, se plantea reglamentar la siembra, cultivo, cosecha, producción, transformación, etiquetado, empaquetado, promoción, publicidad, patrocinio, transporte, distribución, venta, comercialización, portación y consumo de la cannabis para fines personales, científicos y comerciales. También se proponen reglas para la siembra individual e incluso “cooperativas” de hasta 150 socios.

En pocas palabras, se trataría de pasar del uso de la fuerza a la racionalidad del consumo, de la guerra de 200 mil muertos, al mercado regulado y pacífico.

Por cierto, en el plano económico, vale decir que la violencia en México, tan solo al cierre del año pasado, tuvo un costo 16 veces mayor al que tendría el desechado aeropuerto de Texcoco. Según datos del Instituto para la Economía y la Paz la violencia en México nos costó 4 millones de millones 720 mil millones de pesos en 2017. Un monto que equivale al 21 % del Producto Interno Bruto.

En suma, en lo social, en lo político y en lo económico, una oportunidad histórica.

Periodista. ddn_rocha@hotmail.com

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