La emancipación del poder económico y el poder político: hacia una reforma fiscal

En 1858 estalló la Guerra de Reforma. La semilla que la germinó fue el capricho de los conservadores que buscaban perpetuarse en el poder e impedir que los ideales liberales vertidos en la Constitución recién aprobada se instauraran en México.

Desde el inicio de la guerra hasta su final, en 1861, coexistieron en México dos gobiernos: el de los conservadores, encabezados por Félix Zuloaga, y el de los liberales, presidido por Benito Juárez.

La victoria de los liberales no fue sencilla. Los conservadores contaban con el apoyo de los grupos que ostentaban el poder económico, especialmente el del clero, que concentraba una gran riqueza, al ser una de las instituciones que más se fortaleció después de la Independencia.

Los liberales no contaban con recursos semejantes; su legitimidad emanaba del pueblo y de los ideales que férreamente decidieron defender. Juárez sabía que para que éstos triunfaran era necesario modificar las estructuras de poder establecidas, y separar las creencias religiosas de la sociedad de la economía y de la política.

Con la promulgación de las Leyes de Reforma, Juárez y los liberales lograron separar a la Iglesia del Estado, alejando así, de manera implícita, el poder económico del poder político. Sólo de este modo pudo terminar la guerra, y sólo así los ideales liberales se empezaron a enraizar en México.

Después de la Revolución mexicana, cuando las estructuras de poder empezaron a reacomodarse, surgieron nuevos grupos económicamente potentes. Desde entonces se fortaleció la simbiosis entre los intereses de estos grupos y los de la clase política.

Por esta razón, uno de los principales ejes del gobierno actual es conseguir nuevamente la separación entre los poderes económico y político. En este sentido, la reciente declaración del titular del Ejecutivo federal sobre el fin de las condonaciones de impuestos y de privilegios fiscales marca el inicio de una nueva etapa para México, y reivindica los ideales por los que hace un siglo y medio lucharon los primeros liberales.

Debe ser mandato de todo gobierno construir sociedades más justas, en las que la riqueza se redistribuya de manera adecuada. Para ello es necesario implementar las medidas necesarias, poniendo en el centro una política fiscal más justa y eficiente. Lamentablemente, la realidad que hemos heredado en el país dista mucho de esto.

Entendemos que la principal fuente de ingresos del Estado son los impuestos. De no contar con ellos, la infraestructura compartida de comunicaciones, salud, seguridad, agua, drenaje, iluminación y muchas otras no estarían a disposición de la sociedad. Sin embargo, la recaudación en nuestro país no ha alcanzado los niveles esperados ni ha ayudado a disminuir la desigualdad.

En 2017, México fue la nación de la OCDE que menos ingresos generó a través de la recaudación, en proporción al Producto Interno Bruto. En aquel año, la recaudación representó 16% del PIB, cuando el promedio de la OCDE es de 34%, mientras que los países que se ubican en los primeros lugares, como Dinamarca, alcanzan proporciones mayores a 40%.

Ese país, junto con sus vecinos escandinavos, no solamente tiene un sistema de recaudación eficiente, sino además una de las sociedades más igualitarias del mundo. Ejemplos como éste evidencian la importancia de la política fiscal en el desarrollo igualitario de los países. Por ello, en México es preciso implementar medidas que permitan alcanzar un mayor porcentaje de recaudación, sin necesariamente incrementar los impuestos.

Nuestra recaudación tiene que ser equitativa, verticalmente. Es decir, se debe garantizar la progresión del impuesto en relación con la capacidad de pago: quienes más ganan, más deben pagar. Éste es uno de los elementos que posteriormente permitirán al Estado hacer una redistribución justa y eficiente de los ingresos.

La equidad recaudatoria también tiene que ser horizontal. Es decir, personas con el mismo nivel de ingresos, o similar, deben pagar la misma cantidad de impuestos. No debe haber tratos preferenciales para ninguna persona o empresa.

Y todo ello debe ser llevado a cabo de manera eficiente. El costo de recaudar debe ser óptimo; se necesita instaurar mecanismos de deducción automatizada que ayuden a hacer más eficientes los procesos y, al mismo tiempo, se tiene que lograr la estandarización de los modelos para aumentar la certidumbre y la claridad.

La experiencia nos dice que las concesiones de impuestos y de privilegios fiscales para quienes más tienen solamente tendrán un efecto redistributivo del ingreso hacia arriba, sin generar mejores condiciones para la población más desprotegida. Por ello, es momento de cambiar esta visión.

Hoy podemos aspirar a vivir libremente y en un país más justo. Las acciones que llevemos a cabo incidirán en la vida de las próximas generaciones. Es cuestión de tiempo y, sin duda, como Juárez, estaremos del lado correcto de la historia.