Efectivo acceso a la justicia: demanda apremiante

Unos de los retos más importantes a los que se enfrenta el Estado mexicano es, sin duda, el proporcionar condiciones adecuadas para garantizar a la población un verdadero y eficiente acceso a la justicia, y una tutela judicial efectiva.

Esta legítima necesidad pasa, indefectiblemente, por el replanteamiento y la transformación de la instancia de impartición de justicia en nuestro país.

Para nadie es un secreto, y así lo demuestran informes, estudios y encuestas ciudadanas, que algunos de los temas que más preocupan a la población son el de la justicia y el combate a la corrupción y a la impunidad.

Tampoco es un secreto que, con el paso del tiempo, el Poder Judicial ha venido enfrentando severos problemas de burocracia, corrupción, nepotismo y conflictos de interés que demeritan la calidad de la impartición de justicia, y restan credibilidad a tan importante labor del Estado mexicano.

Basta conversar con abogados, víctimas, imputados, para darse cuenta de los severos problemas que enfrenta la justicia en nuestro país.

Conscientes de esta situación, y con el objeto de fijar un punto de partida para la reflexión, discusión, deliberación y diálogo institucional, es que se han presentando y se presentarán propuestas legislativas enfocadas en un solo objetivo: mejorar la calidad de la impartición de justicia, eficientando los órganos encargados de impartirla y combatiendo la corrupción y la impunidad bajo un esquema de rendición de cuentas adecuado, con miras a dar repuesta a una de las más legítimas demandas de la sociedad.

Por ello, el pasado jueves, ante el Senado de la República, presenté una iniciativa que modifica los artículos 94, 95, 100, 105, 107, 113, y 109 de la Constitución, para crear una Sala Anticorrupción en el Poder Judicial. Ésta y todas las propuestas constituyen un punto de partida que, como bien se sabe, dentro de un proceso legislativo habrán de enriquecerse e incluso ajustarse, con las valiosas aportaciones que hagan al efecto la academia, la sociedad civil, los operadores del derecho, los justiciables, y a través del diálogo institucional entre los Poderes del Estado.

Las iniciativas en materia de anticorrupción y eficiencia, y optimización de la actividad administrativa del Poder Judicial de la Federación tienen, en particular, los siguientes objetivos:

Optimizar el funcionamiento de la actividad jurisdiccional.

Lograr la especialización orgánica para una mayor y mejor atención de una problemática latente en todas las vertientes públicas, como lo es la corrupción.

Modernizar el aparato administrativo en la gestión del Poder Judicial, de acuerdo con las nuevas circunstancias del país, que demandan una política de austeridad, optimización de recursos y hacer más con menos.

Establecer el entramado institucional que favorezca la transparencia, la rendición de cuentas y, sobre todo, la calidad en la impartición de justicia.

Sin duda, esta aspiración requerirá de esfuerzos institucionales integrales, y el Poder Legislativo no será la excepción, por ello se ha decidido presentar estas propuestas, como el inicio de un gran proceso de discusión que habrá de iniciar en los próximos días.

Finalmente, recordemos que los grandes cambios que se han venido suscitando en materia legislativa han partido de una propuesta; en este caso, de trata de un planteamiento que persigue uno de los fines más preciados del Estado: justicia a la altura de la población de este gran país.