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El accidente sucedido en Tlahuelilpan, Hidalgo, que lleva más de cien víctimas mortales a partir del aprovechamiento del derrame de gasolina realizado por pobladores, en una toma clandestina, nos debe llevar a identificar el origen del problema.
Por una parte, esta tragedia se relaciona con la ausencia de precaución frente al riesgo, implícito en la cultura nacional. Sin embargo, este es un tema psicosocial complejo, que requiere de un análisis puntual.
Por otra parte, este accidente se deriva del huachicoleo y esto es la manifestación de una problemática nacional de orden moral, que urge resolver.
Siempre se ha culpado a la pobreza como origen de actos corruptos, e incluso de la delincuencia. Esta percepción hoy forma parte de “usos y costumbres” de este país. El contexto sensible y emocional que rodea a la pobreza ha permitido crear paradigmas de clase social que nos impiden ver la realidad con objetividad.
La pobreza no justifica robos. Sin embargo, en el contexto de la pobreza, siempre ha habido una tolerancia absoluta al comercio informal, donde hoy se esconde la delincuencia en total impunidad.
Como antecedente reconozcamos que el robo de autopartes y todo tipo de productos de origen ilícito, estimulaba el comercio informal. También recordamos que otros artículos en venta provenían de la fayuca, así como productos piratas, que iban desde DVDs con películas, o CDs con música, hasta reproducciones ilegales de grandes marcas globales. Esos artículos circulaban con total impunidad frente a las narices de las autoridades. Incluso era común ver policías que pasaban a cobrar a los comerciantes informales cuotas por protección.
La frontera entre el comercio informal tolerado y la delincuencia es muy difusa. El argumento que justificaba la tolerancia era permitir la sobrevivencia de quienes vivían en pobreza.
Quizá nunca nos dimos cuenta en qué momento la delincuencia organizada y los cárteles empezaron a tomar control de la economía informal y por la fuerza subordinaron a esos microempresarios, que se escudaban en el argumento de la pobreza. La explotación de los grupos delictivos sobre la población vulnerable, conformada por comerciantes informales, es total. No querer reconocerlo es ingenuidad.
Antes una familia compraba una máquina y en casa se ponía a copiar CDs con música y DVDs con películas y salía a venderlos en un puesto semifijo. Un día la delincuencia organizada descubrió que esa era una actividad rentable y desplazó en muchas regiones a estos comerciantes.
Hoy los grandes cárteles se escudan en la presunción de pobreza de sus empleados, que parecen ser los dueños del negocio. Esto les ofrece impunidad.
Sin embargo, nada es casual. La corrupción gubernamental a gran escala pudo florecer en los últimos años manipulando los paradigmas emocionales vinculados a la pobreza, lo cual generó un velo protector caracterizado por la tolerancia al robo hormiga, que desviaba la atención respecto de los grandes negocios que hacían los funcionarios públicos.
El combate al huachicoleo ha destapado la cloaca y nos lleva a la presunción de que esta fue una conducta generalizada. El robo organizado desde la paraestatal se protegía con distracción a la opinión pública con el huachicoleo.
La forma más eficiente de combatir la pobreza es dando certeza jurídica y combatiendo con cero tolerancia todo tipo de conductas que moralmente constituyan un delito. Esta certeza fomentará la inversión y con ello se generarán empleos.
El combate a la economía informal, donde se esconde la delincuencia, permitirá apoyar con transparencia al microempresario. Las reglas claras combaten la corrupción.
Los mexicanos no nacemos corruptos, ni pillos, por origen genético. Mas bien, el tejido social se ha deteriorado tanto en el ámbito moral, que nos ha contaminado y ya perdimos conciencia de cuando estamos cometiendo un delito, principalmente cuando actuamos en grupo.
Tenemos una cultura compleja que justifica conductas inmorales. Por ejemplo, el robo de electricidad a través de diablitos parece no ser grave, o estar justificado por paradigmas que inician en la presunción de que no hay un propietario perjudicado.
Cuando algún camión de carga sufre un accidente carretero, termina siendo desvalijado en la suposición de que ya es producto perdido. Esta conducta inmoral se respalda en la auto-victimación de la pobreza, que la justifica.
La pobreza desde hace años ha sido administrada desde el gobierno porque representa una reserva electoral de votos que se controlan desde los programas de asistencia social.
Debemos replantear el combate a la pobreza en un entorno de transparencia que impida la corrupción. A su vez, atacar la economía informal, que es donde se esconde hoy la delincuencia, bajo el escudo emocional de la pobreza.
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