El suicidio de Alan García, expresidente del Perú, es sintomático de cómo se está ejerciendo la justicia en otros países, incluso latinoamericanos, cuyas condiciones son parecidas a las nuestras.
Alan García iba a ser detenido por la policía de su país y prefirió pegarse un tiro en la cabeza, antes de pasar la vergüenza de pisar la cárcel en el marco de las investigaciones que en ese país se están realizando con motivo de las denuncias de soborno a funcionarios de altísimo nivel, entregados por la empresa brasileña Odebrecht para conseguir contratos de obra pública. Él había ejercido la presidencia durante dos periodos, el último concluido en 2011.
Este no es el único expresidente peruano a quien se le sigue proceso por estas acusaciones de soborno, ya que Ollanta Humala ha estado en la cárcel, Pedro Pablo Kuczynski, quien gobernó Perú hasta el año pasado, fue detenido cautelarmente la semana pasada y Alejandro Toledo también ha sido denunciado y está prófugo, viviendo en el extranjero.
A su vez, el expresidente de ese país, Alberto Fujimori, está cumpliendo una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad y además corrupción y su hija, la excandidata presidencial Keiko Fujimori, desde octubre pasado cumple una condena preventiva de 36 meses por corrupción vinculada también con Odebrecht.
En Brasil el expresidente Michel Temer, quien gobernó hasta el año pasado, fue arrestado por corrupción en marzo pasado, así como el expresidente más popular de ese país, Luiz Inacio Lula Da Silva, quien actualmente cumple una condena de 12 años por corrupción.
Podemos seguir por Latinoamérica y vemos que en Guatemala fue arrestado el presidente Otto Pérez Molina, militar con grado de general, mientras aún estaba en funciones, lo mismo que su vicepresidenta Roxana Baldetti, ambos por corrupción, quienes siguen presos.
En México solo ha habido promesas de luchar contra la corrupción, pero aún y con una nueva administración que realizó su campaña prometiendo luchar contra este cáncer institucional, no se ha concretado ni un acto judicial contra ningún funcionario de las anteriores administraciones, ni siquiera porque las investigaciones realizadas por el caso Odebrecht señalaron en lo específico a funcionarios de PEMEX que recibieron dinero de esa multinacional brasileña.
Además, la más famosa líder magisterial de México aún no ha sido exonerada de los cargos de corrupción que la llevaron a la cárcel y sin embargo, recuperó su libertad, sospechosamente apenas empezaba esta administración federal.
La realidad es que debe ser tan grande la corrupción y tan extendida en México, que irían a la cárcel demasiados políticos y entre todos se protegen.
Además, los compromisos que se derivan de la amistad propician solidaridad y con ello protección de la justicia para los amigos, esperando reciprocidad si se llegase a requerir. Así es como la impunidad crece en México.
Mientras tanto, otros países latinoamericanos nos muestran que cuando hay instituciones fuertes y poderosas, la justicia si se puede aplicar con apego a la ética y el derecho y puede alcanzar los niveles más altos de la estructura gubernamental.
Por ello nos debe preocupar la declaración del presidente de México, quien dice que entre la justicia y la ley, prefiere la justicia, lo cual es un contrasentido, pues la única garantía de que se aplique justicia de verdad, la ofrece el respeto a la ley. Todo lo demás son interpretaciones subjetivas sin sustento.
¿Usted cómo lo ve?
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