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La Ley de ingresos, como sabemos, es el instrumento que dota al gobierno de los recursos con los que le permitirá el ejercicio del gasto público en el plazo de un año. De acuerdo con datos registrados en dicha ley, la evolución de los ingresos del gobierno federal que comprenden los ingresos tributarios y no tributarios, así como el financiamiento, representaron para los años de 2012 a 2016, en promedio, 15.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y si consideramos que las estimaciones de 2012 fueron de 14.8 por ciento y para 2016 pasaron a 15.7 por ciento del PIB, notamos que hubo un aumento en casi un punto porcentual en los ingresos del gobierno federal.
En el estimado en la ley de ingresos para los años de 2015 y 2016, destaca que los rubros más importantes con un peso importante en la estructura de ingresos públicos son el de los impuestos, le sigue el de ventas y servicios a cargo de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, el de Financiamiento, transferencias y subsidios y cuotas a la seguridad social. Destaca que el rubro de Financiamiento ocupe el tercer lugar en cuanto a fuente de ingresos públicos, situación que muestra la fragilidad de las finanzas públicas en materia de ingreso, porque se sigue dependiendo de los recursos del sector energético y de los niveles de endeudamiento frente a la precariedad del ingreso vía impuestos.
El peso de los impuestos estimado, en la Ley de Ingresos aprobada por el Congreso de la Unión para 2017 es de 13.5 por ciento del PIB, el de las ventas y servicios de las empresas productivas el Estado, para este mismo año, es de 4 por ciento del Producto Interno Bruto y el nivel de endeudamiento representaría el 2.6 por ciento, también del PIB. Le seguiría el de las transferencias y subsidios con un estimado de 1.9 y las cuotas a la seguridad social estimadas para este mismo año son de 1.4 por ciento, ambas cifras en referencia al PIB. Estos rubros estarían entre los principales de la ley de ingresos.
Lo anterior nos obliga a reflexionar en el peso de los impuestos, en los ingresos vía Pemex y CFE como empresas públicas del sector energético, y en los niveles de financiamiento, como los rubros más importantes de los ingresos públicos, que nos muestran que seguimos dependiendo del petróleo y de los niveles de deuda pública, a pesar de que los impuestos representen apenas un poco más de la mitad que lo estimado para las empresas públicas y el financiamiento.
El incremento en la participación de los impuestos, de acuerdo a la Ley de ingresos, en casi cuatro puntos porcentuales del PIB, al pasar de 9.4 por ciento en 2012 a estimarse para este año en 13.5, no ha logrado compensar la pérdida paulatina de participación de los ingresos petroleros, aumentando el riesgo de buscar más recursos vía la deuda pública y con ello elevar el riesgo de una creciente deuda pública que en el mediano y largo plazo obligará a realizar ajustes en el gasto público.
Si la fragilidad de los ingresos públicos se acentúa para el próximo año, el recurso a la deuda vendrá acompañado de recortes en el gasto público que, como hemos observado en anteriores situaciones, tendrán efectos perjudiciales para el gasto social, a pesar de que se indique que no se afectará dicho gasto, siempre habrá daños colaterales a las políticas públicas que comprenden el ámbito social, afectando a la población más vulnerable de la sociedad mexicana.
