El pasado 22 de junio un grupo plural y especialistas electorales nos reunimos por tercera ocasión con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova. Expusimos los grandes peligros que amenazan los comicios que definirán el rumbo y el futuro del país. Sostuvimos con toda energía que se sancionen los abusos cometidos flagrantemente por los gobiernos federal y los estatales para inducir ilegalmente el sufragio. El colmo ha sido la compra de credenciales dentro de las instalaciones del CEN priísta a un precio exorbitante y sus ramificaciones han sido la desaparición de boletas electorales en algunos estados, la intervención de los gobernadores en la compra y coerción del voto y las presiones de muchos empresarios a sus trabajadores para que voten a favor de candidatos que benefician sus intereses. Desde luego las campañas negras orquestadas desde el partido oficial y el amedrentamiento y asesinato de candidatos a diversos cargos, violencia política tolerada por el gobierno.
Según las encuestas, 53% de los ciudadanos cree “poco o nada” en las autoridades electorales. Grave señalamiento de la conciencia política nacional que ha detectado la degeneración de las instituciones en la materia construidas con enormes esfuerzos y sacrificios en las negociaciones que la oposición sostuvo con el gobierno en 1989, 1994 y 1997. Vivimos hoy un escenario paradójico, ya que el prestigio mundial que acompañó a dichas reformas se ha convertido en un boomerang en virtud de que se ignora que éstas se han corrompido. Diversas organizaciones han producido magníficos documentos que prueban tanto los delitos electorales cometidos por las autoridades, como los planes que están instrumentando para distorsionar el sentido del voto popular.
Hemos instado al INE para que prevenga, investigue y sancione todas las violaciones a la ley que son manifiestas y documentadas, pero no hemos recibido respuesta alguna. Frente a denuncias precisas han contestado con respuestas generales. El Instituto tiene carácter nacional con atribuciones jurídicas en los distintos órdenes de gobierno, pero no las ejerce por subordinación mental y política. Finge ignorar que en materia electoral tiene facultades superiores al Presidente de la República. El mayor riesgo para nuestra transición democrática es el sesgo oficialista de la mayoría de los magistrados del TEPJF. La disfuncionalidad de los órganos electorales respecto de su obligación garantista a favor de un régimen democrático puede generar un grave conflicto político y en el extremo la fabricación de un escenario jurisdiccional destinado a posponer durante semanas o meses —gracias a una avalancha de demandas— la declaratoria formal del titular del Poder Ejecutivo de la Unión.
Todos los análisis coinciden en la irreversibilidad de la victoria del candidato puntero. Sin embargo, eluden la consideración de la estrategia gubernamental, aliada a los poderes fácticos, concentrada en el propósito de evitar una mayoría clara, de las fuerzas emergentes, en el Congreso que harían viable la transformación del país. De ahí la importancia democrática de “votar parejo”; esto es hacer coincidir el sufragio, según su opción política, en todos los candidatos propuestos a la decisión de la ciudadanía. A ello debemos añadir los equilibrios del sistema federal, ya que los gobernadores de los estados tratan de evitar, mediante la transferencia y triangulación de recursos federales, la pérdida de sus bastiones políticos.
Es muy preocupante la declaración del candidato José Antonio Meade, en el sentido de que su partido mantendrá el poder: “haiga sido, como haiga sido”. Frase copiada a su antiguo jefe Felipe Calderón para avalar cínicamente el fraude electoral de 2006. La actitud de un tecnócrata moderado reivindicando el derecho de su partido a gobernar eternamente. Es una declaración de guerra. Hace suponer que el régimen está dispuesto a todo para evitar la transferencia del poder. Recuerda a aquella consigna priísta que prevaleció durante decenios y cuyo ideólogo era Fidel Velázquez: “llegamos al poder por una Revolución y no saldremos sino por otra”. Tiene razón, ya que serán barridos hasta la cancelación del registro de su partido por sus delitos electorales y la pulverización democrática de sus militantes. La refundación de la República demanda consensos nacionales por encima de las burocracias políticas.
Comisionado para la reforma
política de la Ciudad de México