Desde su larga campaña electoral, hasta su arribo a la presidencia, el tema migratorio no fue punto central en la agenda y propuestas del presidente. Impresiona que, existiendo millones de mexicanos en el exterior; que existe una larga lista de agravios a nuestros connacionales en la frontera norte y en territorio estadounidense, por la violación de sus derechos humanos; y que, en el territorio nacional, se han incrementado los flujos migratorios que provienen de Centroamérica, el gobierno actual no cuente con una estrategia clara, sólida y bien estructurada sobre la migración.
Además de los pronunciamientos sobre la decisión de defender a los migrantes, el único rasgo claro era la política de puertas abiertas a las personas que llegaban al país por la frontera sur.
No obstante, el gobierno federal sucumbió ante la nueva configuración de los flujos migratorios. Primero, no previó el incremento de las olas migratorias provenientes del sur del país. Segundo, no ha aprovechado la fuerza de la población migrante mexicana para posicionar una agenda bilateral equilibrada con Estados Unidos. Tercero, comprometió al país sin contar con los recursos y capacidad para atender a las personas que llegan a territorio nacional, y Cuarto, de expulsor de personas, México se ha convertido en receptor.
La ausencia de una política migratoria nacional, con estrategia y recursos, nos colocó en un conflicto bilateral con nuestro vecino del norte, del que hasta la fecha resulta evidente el papel que le corresponde como patrulla fronteriza de Estados Unidos, que frene la migración a ese país.
Las consecuencias ya se dejan ver: El despliegue de elementos de la Guardia Nacional; la revisión obligatoria, no legal, de los pasajeros de autobuses, incluidos mexicanos, y los conflictos en las estaciones migratorias por las limitaciones para la atención y resguardo de migrantes.
En este contexto, se ha pasado por alto que la migración por la situación económica de sus países, ha sido sustituida por la que huye de la violencia y la inseguridad. Cabe preguntar: ¿México está preparado para enfrentar la llegada de millones de migrantes y ha calculado su impacto en las finanzas públicas y en las comunidades del norte del país?
¿Será posible cubrir necesidades de empleo adicionales? Lamentablemente, la realidad del país nos hace pensar que México difícilmente aprobará la evaluación de Estados Unidos. Por ejemplo, la tasa de desempleo llegó a 1.9 millones de personas (3.5 por ciento de la población), y quienes se ocupan en actividades informales llega al 30.8 millones de personas, quienes no cuentan con seguridad social (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI, 1er. Trimestre, 2019).
El gobierno debe realizar una profunda reflexión autocrítica: el país no cuenta con las capacidades, infraestructura y recursos que le permitan responder a las necesidades de la población migrante. Ante su débil posición, debe recobrar el activismo de antaño, a través de mecanismos multilaterales, que le permitan tejer alianzas, para fortalecer la posición frente a Donald Trump.
Tenemos que garantizar el respeto a los derechos humanos, trato digno y oportunidades para lograr una migración ordenada. Prohibir y perseguir la migración, así como el cierre de fronteras, no es la solución, por el contrario, podría generar una crisis humanitaria que afectará a las comunidades locales cercanas a la frontera norte.
Preparémonos mejor para recibirlos, como nos gustaría recibieran a los nuestros.