Durante décadas el actual sistema político mexicano, fincado sobre una compleja estructura donde se tejen los más diversos intereses y complicidades, con una política rentable para pocos y una crisis económica permanente para la mayoría, generó un magro desarrollo excluyendo a los ciudadanos y beneficiando a un grupo de privilegiados.
El hartazgo que hoy en día tiene la sociedad por los niveles tan elevados de corrupción y el grado de impunidad que esos intereses generan, deja en los ciudadanos un sentimiento de frustración, por el grado de exclusión en la participación política y en la falta de inclusión en el desarrollo económico.
Esta situación demanda avanzar en la construcción de un sistema político, incluyente y con oportunidades para todos, que abra de lleno la vida política a la participación de los ciudadanos.
Esa es la ruta que la sociedad demanda: La construcción de un proyecto de país que nos lleve a la creación de espacios para nuevos actores y aliente la participación con formas de organización política a nivel regional y local.
Tenemos que establecer las condiciones para que los ciudadanos puedan vigilar y hacer responsables a los gobernantes de sus acciones; que los ciudadanos puedan premiar a los buenos gobiernos y castigar a los malos; debemos promover la responsabilidad política, que cierre las puertas a los corruptos y las abra a quienes hacen de la política una actividad solidaria.
Permitir que los ciudadanos estén en el centro de las decisiones, pasa por una serie de acciones: Postular a ciudadanos a los cargos de elección popular para que impulsen los cambios; restituir a los ciudadanos el derecho de destituir, en caso de ineficiencia o corrupción, o ratificar, en caso de buenos resultados, a los gobernantes en su cargo a través de la revocación de mandato; lograr que los ciudadanos influyan en las decisiones de gobierno mediante el presupuesto participativo, la iniciativa popular, el plebiscito, el referéndum, la acción de inconstitucionalidad ciudadana, la audiencia pública, el cabildo en sesión abierta y el derecho de réplica ciudadana
Por estas razones, la comunidad mexicana migrante requiere de las condiciones necesarias para participar en la vida política y electoral del país, a fin de, tener la oportunidad de acceder a cargos de elección popular para que puedan defender los derechos de los millones de mexicanos migrantes.
En este contexto, la comunidad de mexicanos que viven en el extranjero ha sido excluida de las decisiones, pese al gran aporte que realizan con su valor y casos de éxito, por su liderazgo y gran calidad humana, más allá del monto de las remesas que envían al país.
Ahora bien, el trabajo de empoderamiento del migrante se debe fortalecer mediante el establecimiento de la figura del Diputado Migrante , como representación de los mexicanos que viven en el exterior -iniciativa que presenté el año pasado ante el Pleno de la Cámara de Diputados-, que les permita tener presencia en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.
Con representación en el Congreso de la Unión de la propia comunidad migrante, se alcanzarán importantes retos como incidir en la construcción de un régimen migratorio ordenado, seguro, digno y respetuoso, e influir en la definición de una política exterior mexicana que permita el fortalecimiento de sus vínculos con nuestra cultura y la reintegración económica a sus lugares de origen.
Con ello, estaremos mitigando en parte la deuda histórica que el Estado mexicano tiene con sus migrantes.
