El pasado 7 de junio, el gobierno mexicano cedió ante las presiones de Estados Unidos por la amenaza de imponer aranceles a los productos que México importa a ese país, aceptando endurecer su política migratoria dirigida a los migrantes provenientes de la frontera sur, permitiendo que los solicitantes de asilo se queden en territorio nacional en tanto se resuelve su demanda de asilo con el vecino del norte y con el compromiso de atender las causas de la migración con inversiones para el desarrollo en Guatemala, Honduras y El Salvador. También se pactó, a futuro considerar un acuerdo para que México se convierta el Tercer País Seguro
A partir de entonces, la política de puertas abiertas, que el gobierno federal pregonaba, se cerró, estableciendo una dura política de contención de migrantes, no solo en la frontera sur del país con elementos de la Guardia Nacional, sino, incluso, dentro de territorio nacional, con la obligatoriedad de identificarse a pasajeros de autobuses, de lo cual no se salvan los propios mexicanos. Este brazo vigilante llega hasta la frontera norte, donde también se ha incrementado la seguridad, con tristes episodios de migrantes ahogados en el río Bravo o lesionados en el trayecto del Tren denominado “La Bestia”, en su intento de cruzar hacia Estados Unidos. De mayo a junio, el gobierno mexicano incrementó de manera importante las deportaciones en más de un treinta por ciento.
En otro tema que ha generado gran controversia, México expandió los protocolos de protección a migrantes, aceptando, en los hechos, ser Tercer País Seguro, considerando que los migrantes centroamericanos ya no esperarán en territorio estadounidense la respuesta a su solicitud de asilo, sino que será desde México, que se realizará la solicitud y permanecerán hasta obtenerla. Insistimos: El país padece debilidades institucionales que imposibilitan que una medida de esta naturaleza sea sostenible. En estos primeros 45 días fue posible implementarla, pero, no será posible mantenerla sin una estructura que no podrá ser creada de un día para otro.
Las consecuencias del citado acuerdo son claras: México cedió el control de su política migratoria a otro país que le dicta los términos en los que debe aplicarla, comprometiendo personal de la Guardia Nacional que debería estar atendiendo el tema de la inseguridad y recursos, que también hacen falta en un país donde más de la mitad de su población se mantiene en la pobreza y miseria, y con un enorme rezago en la generación de fuentes de empleo.
Este esfuerzo, obligado, del gobierno mexicano, superó el primer examen parcial del profesor Donald Trump, quien enérgicamente le reprochó no hacer su tarea de frenar la migración. A 45 días de la reprimenda, el alumno salió airoso de la primera evaluación. Veremos qué pasa la siguiente revisión. Si México cumple, el gobierno de Estados Unidos le perdonará nuevamente la imposición de aranceles. Pero esto, hasta cuando continuará.
Es tiempo de pensar en una agenda migratoria a largo plazo, que supere las medidas coyunturales de control migratorio, que tenga como propósito el paso de una migración irregular a la migración legal, con una perspectiva humana y regional.
De lo contrario, preparémonos para un día reprobar el examen y pagar las consecuencias de ceder la acción soberana de decidir nuestra propia política migratoria.