El Puerto Interior es un corredor industrial de interminable sucesión de logotipos de empresas, medianas y grandes, dedicadas sobre todo a proveer de autopartes a algunas de las más famosas marcas de automóviles del mundo. Está franqueado por una sede del Instituto Politécnico Nacional y coronado por una glorieta de banderas del mundo. En días laborales son una vertiginosa ruta para los negocios: ejecutivos de rostros redondos y ojos rasgados que hablan, en su mayoría, inglés y japonés.
El corredor de cemento, que antes fueron campos de cultivo cercanos al aeropuerto del Bajío, está afuera de la ciudad de León, dentro de los límites de Silao, un municipio catalogado por activistas de derechos humanos como el “nuevo Juárez”, por su conversión de últimos años en una ciudad maquiladora.
La expansión industrial de estas dos ciudades detonó un crecimiento económico en el estado superior a 6% anual, arriba del resto del país.
Oficialmente se llama Puerto Interior, pero aquí le llaman Puerto Seco. Para crecer necesita millones de litros de agua que aquí no hay. Por eso, el gobierno estatal reclama el agua de Jalisco, que el gobierno federal prometió al estado de Guanajuato desde que impulsó formalmente el proyecto de la presa El Zapotillo, en 2005. Eso dicen los opositores al proyecto, aunque información oficial argumenta como objetivo “garantizar el suministro de agua potable para más de 1.5 millones de habitantes de las dos entidades”.
La construcción del acueducto de 140 kilómetros, que cruzará desde Cañadas de Obregón, Jalisco, hasta la capital industrial de Guanajuato, está a cargo de la empresa Abengoa, de capital español. En 2011, Abengoa ganó la licitación para capitalizar el agua contenida en la presa El Zapotillo, que construye la mexicana-española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). El contrato, por mil 600 millones de pesos, fue para el trasvase desde Río Verde, Jalisco, a Guanajuato, y la venta de agua. Pero seis años después, la construcción del acueducto no ha iniciado porque la obra está frenada por la oposición de pobladores de tres comunidades que serían inundadas, y por la falta de aceptación de los ganaderos y propietarios de predios por donde pasará el tubo: la región Altos Norte de Jalisco, importante franja ganadera.
Mientras eso se resuelve, la empresa, que se declaró insolvente en 2015, cobra los réditos de un proyecto por el que no ha puesto una sola piedra, y usa los contratos como garantía para pagar otras deudas.
“El gobierno defiende una empresa en quiebra”, resume María González, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, AC.
El estilo Abengoa
Para Abengoa, cuya deuda asciende a 6 millones de euros, México ha resultado un negocio redondo: gana licitaciones que usa como garantía para adquirir deuda en otros países, como la que tiene con el Banco de Inglaterra y, desde 2015, financia proyectos de inversión de alto riesgo, como el del acueducto del Zapotillo-León, con los fondos de pensiones, un mecanismo bursátil creado por el gobierno mexicano para salvaguardar las jubilaciones de los trabajadores.
El proceso es simple: el gobierno emite unos bonos, llamados CKD para financiar “desarrollo” [proyectos de industria, energía, infraestructura, incluyendo la compra de tierra para proyectos futuros]. Los bonos son administrados por la empresa Pranack Capital, subsidiaria de Artha Capital. En mayo de 2017, la propia empresa anunció el acuerdo entre Pranack y Abengoa para impulsar las obras de El Zapotillo.
El mecanismo para invertir recursos públicos de las pensiones de los trabajadores mexicanos en una empresa privada es legal y el argumento para especular con los ahorros de años de trabajo —no sólo en México, sino en el mundo— es que se necesita generar divisas para garantizar la pensión a los jubilados cuando no haya un capital productivo.
Pero no hay explicación de por qué el gobierno mexicano decidió invertir esos bonos en una empresa quebrada. Ni por qué los escándalos derivados de la crisis financiera de Abengoa son insuficientes para finiquitar las relaciones comerciales con el consorcio y, por el contrario, dotarlo una y otra vez de recursos públicos a lo largo del territorio nacional. Abengoa tiene 52 contratos con Pemex, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para obras concesionadas entre 2003 y 2015, según un estudio en proceso de la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder, por sus siglas en inglés). La corporación tiene en México proyectos de energía convencional y renovable, participó en la construcción del Centro Cultural Mexiquense y el proyecto Bicentenario.
En septiembre de 2009 Abengoa presentó una demanda contra el gobierno de México ante el tribunal internacional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por la cancelación del basurero tóxico en Zimapan, Hidalgo; la planta, que se iba a construir entre 2004 y 2007, iba a almacenar más de 170 mil toneladas de residuos peligrosos. A través de Befesa, su representante en el país, la empresa española alegó que la cancelación violó el Acuerdo Internacional de Protección a las Inversiones y el gobierno mexicano tuvo que pagarle 535 mdp como indemnización.
Modus operandi y ruta de negocio
Poder considera que Abengoa se presenta como una compañía que invierte en ciencia, tecnología e investigación y que de ese modo capta recursos que le sirven para pagar deudas que ha adquirido previamente. Es decir, se endeuda con unos para pagar a otros.
“La empresa adquiere proyectos, por cada proyecto va a haber inversionistas que le van a meter dinero, y eso le permite mantener los altos sueldos de los directivos, comprar otros proyectos y adquirir nueva deuda”, explica Patricia Legarreta, investigadora de la organización.
Es una forma de operar que no sólo aplica en México. Según la investigación de Poder, Abengoa es el deudor único más grande del Gobierno de Estados Unidos (recibió 2.34 mil millones de dólares en la administración de Barak Obama). En diciembre de 2015, una semana después de que la empresa española se declaró insolvente, el entonces senador Mike Pompeo envió una carta a los secretarios de Energía, Ernest Moniz, y del Tesoro, Jack Lew, en la que cuestiona por qué a una empresa en quiebra le dieron préstamos tan altos para desarrollar energías y qué planean hacer para recuperar la deuda.
En Cañadas de Obregón, Jalisco, los pobladores de tres comunidades han dado una batalla judicial de 12 años contra el trasvase de agua en la represa El Zapotillo, y están decididos a ganar. En Silao, Guanajuato, lo que se ve es un monstruo industrial que necesita tragar millones de litros de agua para sostener el crecimiento económico que presume el gobierno actual y que comenzó cuando Vicente Fox fue presidente.
Aquí, los empresarios ven con gusto el aumento de inversión extranjera y evitan el tema de las consecuencias sociales de marginación y violencia que han llegado junto con el “progreso”. Muchos de los terrenos para estos proyectos fueron regalados a las empresas por el gobierno del estado, que además les otorga beneficios fiscales. El caso más reciente fue documentado en junio de este año por la organización Mexicanos Contra la Corrupción: Entre 2014 y 2015 el gobierno de Guanajuato pagó 481 millones de pesos por la compra de 31 terrenos —a través de operaciones intermediarias— que en realidad tenían un valor de 191 millones.
Una de las cosas que más llama la atención al llegar a los municipios de León y Silao, el corazón de la Ruta del Negocio que está señalizada en todo el trayecto desde Jalisco hasta Silao, son los letreros oficiales de “Bienvenida” escritos en castellano, inglés y japonés.
Los políticos en turno, comentaristas y promotores del megaproyecto de represa y acueducto, reducen el movimiento socio-ambiental opositor a una vieja disputa entre Jalisco y Guanajuato por el agua. Pero no se trata de una simple batalla, sino del despojo de un derecho fundamental para ponerlo al servicio de empresas y necesidades industriales, dicen activistas.
“Guanajuato es el estado más neoliberal del país”, resume Gustavo Lozano, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).
Iván Patiño, académico de la Universidad Iberoamericana campus León, explica que el modelo de desarrollo de Guanajuato se basa en atraer inversiones a costa de afectación ambiental y déficit social, por desventajosas negociaciones.
“Por cada unidad automotriz, el proceso utiliza 280 mil litros de agua y la devolución del líquido utilizado es agua contaminada con metales pesados, supeditada a un confinamiento especial que debe ser tratada para de nuevo ponerse en uso y consumo humano”, advierte el investigador Patiño.
A eso se agrega que para construir el proyecto de presa y acueducto Zapotillo-León, se ha pagado a 12 pesos (poco más de medio dólar) el metro cuadrado en tierras ejidales y ni siquiera se ha concretado el pago total. El argumento de “estamos atrayendo inversión para generación de empleo”, tiene un efecto contrario, insiste Patiño, puesto que sólo se benefician las empresas extranjeras: inglesas, japonesas, españolas.
El apoderado legal del ejido Agua de Obispo —por donde pasará la mayor parte del acueducto—, Alejandro López, explica la negativa de ganaderos a dar su testimonio: “Son actores importantes económicamente y en ese corredor hay mucha gente malora, esa es la preocupación”. La ganadería, agricultura y silvicultura son las principales actividades de San Miguel El Alto, Jalostotitlán, San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno. Estos municipios producen 23% del PIB estatal y usan aguas superficiales y subterráneas de la cuenca. Una vez que inicie operaciones la represa, cada metro cúbico de agua trasladado por Abengoa al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Siapal), tendrá un costo, y el gobierno lo venderá sin distinción. Desde su perspectiva, el trasvase para abastecer de agua a la industria y agroindustria de León pone en riesgo la sostenibilidad del corredor económico en los Altos Norte y sus 800 mil habitantes, que se sostienen de envasar y producir derivados de leche, cosechar maíz, generar forraje y producción en granjas avícolas y porcícolas.
A unos días de terminar 2016, aparecieron ocho tubos del acueducto en un predio del municipio Cañadas de Obregón. Tienen el logotipo de Conagua, del gobierno de Guanajuato y de Abengoa. Reposan al pie de la carretera y para los habitantes de Temacapulín, la revolución del agua no ha terminado.
Este reportaje fue realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.
