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Un cerro destazado ladera abajo y un muro de 80 metros de concreto irrumpen en el curso natural del Río Verde, en Los Altos de Jalisco. Es la imagen de una represa que nunca ha tenido agua.
Fue en 2005 cuando se anunció la construcción de la presa El Zapotillo, impulsada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con apoyo de los gobiernos de Jalisco y Guanajuato; tendría una cortina de 80 metros, se construiría en tierras de Jalisco y llevaría agua del Río Verde hacia León, Guanajuato.
En 2008, el entonces gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, dijo que la cortina no mediría 80, sino 105 metros. Con esa altura el embalse ocuparía más de 4 mil 800 hectáreas, por lo que se inundarían tres comunidades: Temacapulín, Acasico y Palmarejo.
Desde el inicio se gestó una de las luchas más peculiares de las últimas décadas en México: la Revolución del Agua de Temacapulín, una movilización de un millar de habitantes de los tres poblados milenarios, que durante 12 años se han opuesto a la represa que los expulsaría de sus casas e inundaría miles de hectáreas de tierras fértiles y sus sitios de ceremonias, iglesia y panteón. Su patrimonio tangible e intangible.
María Félix, por ejemplo, siembra en estas tierras chile de árbol, maíz, frijol, calabaza, cebolla, jitomate y cacahuate. Es aquí donde están enterrados sus bisabuelos y crecieron sus cuatro hijos. Ella es integrante del Comité Salvemos Temaca, que con apoyo de una parte de la sociedad jalisciense rechaza el proyecto por los posibles efectos ambientales y la violación a sus derechos humanos. “A mí me mataría que me mandaran aquí”, reclamó María a las autoridades de la Comisión Estatal del Agua del estado cuando le mostraron el sitio donde los pobladores serían reubicados si la presa empieza a funcionar.
La historia toca a tres administraciones federales. En 2005 Conagua autorizó el proyecto sin consulta ni información a las comunidades, pese a que así lo estipulan tratados internacionales ratificados por México.
Los pobladores enviaron cartas a los ayuntamientos, organizaron marchas y plantones, impulsaron una batalla judicial para evitar ser desplazados. Su lucha se acentuó cuando la Conagua licitó la construcción de una presa del doble de capacidad e impacto autorizado, de 105 metros de altura. Estos cambios, que suponían la inundación y afectación definitiva de las comunidades, se presentaron sin una nueva Manifestación de Impacto Ambiental.
Las obras se adjudican a un consorcio en el que la mitad del capital lo ponen las mexicanas La Peninsular y Grupo Hermes —de Carlos Hank Rhon—, y la otra mitad una empresa española: Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), una de las 50 constructoras más grandes del mundo y la que más contratos públicos recibe del gobierno español.
Indemnización millonaria
Temacapulín es un pueblo enclavado entre cuatro cerros, conocido por sus aguas termales. En el centro está la iglesia lateranense, de 257 años de existencia, y tiene vestigios prehispánicos que se remontan al siglo VI. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) certificó que al menos 70% de su patrimonio tangible es monumento histórico y que frente al proyecto hídrico se pone en riesgo de pérdida.
En medio del conflicto, el ex sacerdote Gabriel Espinoza pasó de guía espiritual a vocero del Comité Salvemos Temaca. Decidió abandonar el sacerdocio en 2015, debido a las presiones al interior del Arzobispado por su participación en el comité. De él es la frase “agua para todos y agua para siempre”, un lema que surgió en 2010 en las mesas de diálogo que sostuvo la comunidad con la Secretaría de Gobernación, a cambio de liberar el bloqueo que mantuvo la obra detenida en el Río Verde, tras el primer fallo judicial que ordenó su suspensión.
Para el religioso-activista, el problema se sintetiza en los beneficios económicos que deja este tipo de obras: “Les interesa el agua siempre y cuando ellos vayan a adquirir grandes ganancias; Temacapulín ha demostrado que podemos ser autogestivos y defendernos de empresas extranjeras, mexicanas, y de los gobiernos corruptos”.
Los fallos judiciales se sucedieron hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en 2013 decretó que la represa debía apegarse a la altura y capacidad que planteó la declaración de impacto ambiental y no a la que se licitó.
La sentencia de la Corte detuvo la construcción de la presa y el gobierno tuvo que indemnizar con 220 millones de pesos a la empresa española por la suspensión de la obra durante 2014. Pero ahí no acabó el conflicto. Desde hace tres años la represa está detenida y “pendiente de adaptaciones”, de acuerdo con la Conagua, pero no hay avances ni retrocesos en la construcción. Según las cláusulas del contrato, el gobierno mexicano seguiría indemnizando mensualmente a FCC y Grupo Hermes por un monto de 19 millones de pesos mensuales.
Conagua recibió una solicitud de EL UNIVERSAL para saber si ha cambiado el estatus jurídico del tema y si se continúa pagando la indemnización mensual, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
El gobierno de Guanajuato y Conagua siguen peleando una cortina de 105 metros. Es decir, la inminente inundación de tierras agrícolas, comunidades y vestigios arqueológicos.
En voz de los especialistas
En entrevista, la ingeniera ambiental Alessia Kachadourian dice que las mediciones para determinar la viabilidad de la obra, la inundación de pueblos y el trasvase de agua a León se desprenden de la NOM 011, una métrica obsoleta que “usan para contabilizar metros cúbicos de cuerpos fluviales superficiales, no subterráneos”. La presa, afirma, no asegura los 119 millones 837 mil metros cúbicos que exige Guanajuato y que prometió el decreto de Zedillo.
José Gómez Reyna, ingeniero y rector del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara, enfatiza: “El modelo de embalses sobre ríos y trasvases de una cuenca a otra es caduco. Es una aberración enviar caudales de una cuenca a otra, es decir, de la Lerma-Santiago a la de Guanajuato, y antes de proceder con tales cambios, como indica la UNESCO, aun si fuera técnica e hidráulicamente viable se deben valorar consideraciones sociales y ambientales”.
Arturo Gleason, asesor en captación de agua y saneamiento, va más lejos: “No estamos haciendo gran cosa más que la proposición del gobierno de lograr obras megafaraónicas, costosas, con una vida útil corta, y no estamos apostando a cambiar a la gente, a fomentar en niños y jóvenes cuidar la poca agua que queda”.
Lobby empresarial
FCC fue fundada por la aristocracia española hace un siglo y cuando ganó el proyecto de El Zapotillo y hasta 2016 la accionista mayoritaria era Esther Koplowitz y Romero de Juseu, marquesa de Casa Peñalver, quien ocupa la fortuna 488 del mundo según la revista Forbes. En 2014, el empresario Carlos Slim entró en FCC y desde julio de 2016 es el máximo inversionista, con 61% de acciones. En febrero pasado, el consorcio liderado por las mexicanas ICA y Carso, junto a las españolas FCC y Acciona, firmaron el contrato para construir el edificio terminal del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por 3 mil 900 millones de euros.
En España, a FCC se le ha vinculado con escándalos de corrupción, tráfico de influencias, fraude y malas prácticas laborales, pero sigue siendo la empresa que más contratos públicos recibe por parte de las diferentes administraciones españolas. De hecho, los dos directores de la filial de Construcción de FCC que participaron en El Zapotillo han sido imputados en España por fraude en contratos públicos. El último, Miguel Jurado, fue detenido en enero de 2016 por haber malversado fondos de la empresa pública española de gestión de agua en el mediterráneo, Acuamed, cuando estaba bajo la gestión de Miguel Arias Cañete como ministro de Agricultura y Medio Ambiente. Arias Cañete es ahora el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, y junto a su colega Maros Sefcovic, vicepresidente de la Unión Europea de la Energía, cargo en el que también han recibido críticas por privilegiar a empresas privadas.
Desde 2010, FCC argumenta “absoluta falsedad” sobre la imputación de que viola derechos humanos en el caso de El Zapotillo. “El Código ético de FCC obliga a la compañía a tener en cuenta aspectos no financieros [sociales, medioambientales, etc.] en los proyectos de inversión o actuación por los que se decide”. Pero el consorcio empresarial que integra junto con Grupo Hermes para construir el embalse ha promovido decenas de recursos de revisión y quejas ante el juez contra los amparos promovidos por la asociación de afectados Salvemos Temaca.
La empresa FCC rechazó una solicitud de entrevista con este diario y alegó que “la obra de El Zapotillo la lleva el Grupo Hermes Infraestructura (...) ya estamos desvinculados de este proyecto”. Sin embargo, en las cuentas anuales del corporativo español se confirma que FCC mantiene 50% de dos empresas: Administración y Servicios Grupo Zapotillo, S.A. de C.V y Constructores del Zapotillo, S.A. de C.V., cuyo valor neto de libros de cartera crece en 2014 y 2015 aun con la obra parada.
Erika González, de Ecologistas en Acción de España, y también investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina, asevera que el comportamiento de FCC y otras empresas españolas que tienen concesiones en México no es aislado. “No respetan la legalidad del país al que van, ni el derecho internacional, ni hay extraterritorialidad en la legislación española. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sí tiene estructura en el Banco Mundial para demandar a las multinacionales en el país de origen, pero en caso de resolver una sanción no pasa de una reprimenda moral”, asegura.
En la escena internacional
La ONU ha intercedido en el conflicto desde 2012, a través del relator de Derecho a la Alimentación, Olivier de Schubert, quien visitó Temacapulín. En su informe documentó denuncias de amenazas. En 2015, ante la inoperatividad de las obras, el gobierno de Jalisco contrató al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) una evaluación de la producción de la cuenca del Río Verde y las demandas de trasvase, con el fin de desbloquear el conflicto.
La UNOPS cobró 4.6 millones de dólares (90 millones de pesos) al erario jalisciense y abrió la veda a recuperar la idea de una cortina de 105 metros. El pasado 29 de junio presentó su informe final y entre sus cinco opciones de viabilidad sólo una respetaba la sentencia de la SCJN de una cortina a 80 metros de alto. El gobernador Aristósteles Sandoval se apresuró a tomar partido y eligió la opción cinco, de una cortina de 105 metros. “Salvar Temacapulín no es técnicamente asequible. Esta batalla no la perdieron solos, la perdí yo con ustedes”, dijo en junio, causando indignación entre pobladores.
Dicho estudio puede abrir otra batalla legal y política si se quiere reiniciar la construcción de la presa y el acueducto. En tanto, las empresas siguen ingresando su cuota mensual por detención de obras al erario público y esos gastos extras, como los 90 millones de pesos, podrían haber asegurado la canasta básica de todos los afectados por la presa durante nueve años.
Este reportaje fue realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.
