Con una navaja estilo militar un gendarme rompió una red que aprisionaba a un tiburón martillo, una mantarraya y varias totoabas. Las especies marinas regresaron a su hábitat en la Reserva del Alto Golfo de California, ubicado en Baja California y Sonora, un polígono en el que se encuentra la vaquita marina, cetáceo endémico que está en la cuerda floja de la extinción.
Aquí entró un grupo especial de 50 elementos de la “Misión Ambiental” desde hace unos meses, para hacer frente al contrabando internacional de totoaba. Y no son los únicos.
En abril de 2016 se lanzaron los operativos para consignar los crímenes contra la biodiversidad en 177 Áreas Naturales Protegidas (ANP), en zonas del país que no han sido alteradas por los seres humano o que necesitan ser “preservadas y restauradas”. Entraron en operación 750 elementos divididos. La semana pasada el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano, destacó el compromiso de la Gendarmería Ambiental, inaugurando un museo interactivo de esta fuerza especial.
Pero la misión que les fue encomendada no se refleja de manera positiva en sus resultados durante este lapso, de acuerdo con documentos y expertos consultados. Hasta el momento sólo han habido labores de prevención, decomiso y detención en cinco estados de la República —de 22 que cuentan con ANP—, lo que se traduce en atención a 22.7% de la biodiversidad.
Eso no es todo. El número de detenciones revela que sólo hubo una por cada 107 elementos y no se entregó información de faltas administrativas, de acuerdo con información obtenida vía Ley de Transparencia.
Los casi mil gendarmes —detallan los oficios— decomisaron 513 objetos, entre los que se encuentran piezas de madera, ejemplares de fauna silvestre y subproductos de la misma, así como 40 kilogramos de totoaba —la especie endémica del Alto Golfo, cuya vejiga natatoria vale hasta 8 mil dólares el kilo, como lo documentó EL UNIVERSAL en diciembre del año pasado—, de abril de 2016 al mismo mes de 2017, según la Policía Federal.
Para Raúl Arriaga, presidente del Colegio de Biólogos, la Gendarmería Ambiental sólo se trató de una iniciativa para mostrar un “concepto pomposo” que no tiene “pies ni cabeza”.
“Nos venden una imagen con un uniforme muy bonito. Simplemente a cada uno de los inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente [Profepa] les toca cuidar 7 mil hectáreas, ahora a estos gendarmes les tocarán 10 mil hectáreas, es una tomada de pelo. ¿Por qué no fortalecer la labor de la Profepa con las Fuerzas Armadas de México para proteger zonas críticas?”, cuestiona Arriaga.
“Toda fiscalización, vigilancia y sanción tiene que venir por parte de la Profepa, que debe tener atribuciones y recursos para eso. La Gendarmería abre la puerta a la militarización de la vida civil”, dice el director de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani.
“Son policías tratando de cuidar algo que con la fuerza no se va a poder, eso se demostró con las drogas, ¿por qué querer repetir ese modelo?”, pregunta por su parte Eduardo Lino, abogado ambientalista de la organización Gente por la Defensa Animal (Gepda).
Los especialistas consideran que en lugar de crearse una Gendarmería se debieron ampliar las facultades de investigación, capacitación, persecución, así como el aumento de inspectores para consignar los delitos ambientales. Incluso, estas recomendaciones forman parte del reporte de la misión de la Unidad contra la Droga y el Delito de la Organización de las Naciones Unidas (Unodc).
Hasta ayer, Rafael Pacchiano, al frente de la Semarnat, no atendió la petición de entrevista para abordar estos puntos.
Débil la procuración ambiental
En julio de 2016 se firmó la Misión de la Gendarmería Ambiental de la Policía Federal (PF), que consistiría en “garantizar y salvaguardar las áreas naturales protegidas de jurisdicción federal, para proteger el derecho fundamental de las personas a tener un medio ambiente sano y sustentable”. Las acciones se concentran en tres puntos: prevención de delitos y faltas administrativas en materia ambiental; combate a las actividades ilegales como tala ilegal, furtivismo, tráfico de especies, entre otros; así como generar vínculos con los sectores de la sociedad que conviven con la biodiversidad de la zona. Los hechos y las cifras contrastan con el objetivo.
Este diario solicitó el número de faltas administrativas en materia ambiental y la causa de las mismas, pero en el oficio de respuesta no fueron entregados, lo mismo que lo correspondiente al presupuesto ejercido por sus operativos y el número de elementos utilizados para la Misión en cada Área Natural Protegida.
Las acciones están bajo la coordinación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), cuyo titular es Alejandro del Mazo Maza. La Profepa y la Semarnat han tenido como resultado siete detenciones: cinco en Guerrero, una en Morelos y otra en Sonora.
En cuanto a los aseguramientos se reportaron 112 piezas de madera aserrada, en Campeche; dos cocodrilos y 13 huevos de tortuga, en Guerrero; 292 vigas y polines de madera, así como 94 maderas de pino, en Morelos.
El pasado 1 de junio, en el Museo Interactivo de la PF, se abrió una exhibición de la Misión Ambiental: “La creación de la Gendarmería Ambiental es un gran logro que demuestra el nivel de compromiso que tiene el presidente Enrique Peña Nieto, que incluso en épocas donde el presupuesto está ajustado, nos damos la oportunidad de crear un área en la División de Gendarmería de la Policía Federal, con 750 elementos y cuya cantidad continúa incrementándose, para garantizar el cuidado de este patrimonio natural”, señaló Pacchiano.
Según especialistas en temas ambientales, no se han potencializado de la misma manera los esfuerzos por parte del gobierno federal para fortalecer a la Profepa como la institución encargada de procurar la justicia ambiental. En el sumario de recomendaciones del reporte Herramientas para el análisis de los delitos contra la vida silvestre y los bosques, publicado por la misión de México de la Unodc, se prevé en los puntos 10, 11, 12, 30 y 32 que se amplíen las atribuciones y facultades en materia penal para la Profepa.
“Desarrollar por parte de la PGR y la Profepa políticas integrales en materia de prevención de daños al ambiente, investigación, persecución, sanción y prevención general y especial de los delitos e infracciones administrativas que los ocasionan; así como para la reinserción social de los individuos penal y ambientalmente responsables que induzcan al respeto de las leyes ambientales y los tratados internacionales”, recomienda el reporte.
Raúl Arriaga, académico y ex subsecretario de la Semarnat, dice que es una contradicción que aparezcan en este escenario los gendarmes cuando los inspectores de la Profepa necesitan recursos, capacitación y atribuciones.
Incluso en la iniciativa de la Ley General de la Biodiversidad —promovida por la senadora Ninfa Salinas, del Partido Verde Ecologista de México, grupo al cual también pertenecen el comisionado de la Conanp y el secretario de la Semarnat— se desarticula el marco de atribuciones de la Profepa en materia de inspección y vigilancia. En el reporte Ley General de Biodiversidad. Análisis del proyecto del Centro Mexicano del Derecho Ambiental (Cemda) se alerta este punto. “Quedan más débiles de como está regulada actualmente”, apunta Anaid González, abogada de la organización.
Operativo Alto Golfo, un paliativo
Las 177 áreas naturales protegidas representan 25 millones 628 mil 239 hectáreas, es decir, por cada área se destinarían cuatro elementos únicamente. No obstante, a la Reserva del Alto Golfo de California —donde habitan 30 vaquitas marinas, de acuerdo con el último censo del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (Cirva)— fueron asignados 50 gendarmes ambientales, pues el contrabando de la vejiga natatoria forma parte de un crimen contra la biodiversidad trasnacional.
Por el tráfico de esta especie —que alcanza hasta los dos metros de longitud y es consumido por los asiáticos por supuestas propiedades afrodisiacas— cae en redes agalleras la vaquita marina, ocasionándole la muerte. Forma parte de una agenda trilateral entre México, Estados Unidos y China. Este compromiso se llevó a cabo durante la COP 13 en Cancún, Quintana Roo, en noviembre de 2016. EL UNIVERSAL documentó en diciembre pasado una red organizada que sale con facilidad por las garitas de Estados Unidos y los aeropuertos de Mexicali y Tijuana.
En el boletín del 22 de febrero de 2017 se apuntó que a partir del 16 de febrero “50 elementos de la Misión Ambiental de la Gendarmería se encuentran en la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California enfocados a proteger y frenar los delitos ambientales”.
A pesar de la cantidad de elementos en el Alto Golfo y los operativos del gobierno federal, la solicitud de información indica que sólo se han decomisado 40 kilogramos de totoaba desde que comenzó la misión. De acuerdo con la investigación del diario el año pasado, hasta el momento no se han perseguido a cabezas de las redes de tráfico de totoaba, específicamente la presunta lista de líderes de narcobucheros que entregaron comunidades pesqueras a altos funcionarios ambientales.
Esto ocurre en el contexto donde la vaquita marina está a punto de extinguirse. De acuerdo con el reporte Se esfuma la vaquita: Salvando al mamífero marino en mayor peligro de extinción del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), el cetáceo endémico del Golfo de California podría desaparecer antes de la elección presidencial de 2018.
“Es igual que con las drogas, todo se quiere resolver a través del reforzamiento de seguridad, imponer la fuerza, desde un inicio la forma de resolver esto no creo que sea a través de la fuerza, incluso si logras hacer que no haya nada de pesca, es como una olla de presión porque la gente necesita trabajo”, abunda Lino.
Ampugnani concluye: “En el caso del Alto Golfo de California es como un paliativo que busca el Estado, pero que no termina de atender ni atacar de raíz el problema, atacar de raíz es la dimensión socioeconómica de la comunidad pesquera. El caso de la vaquita es el mejor ejemplo que nos retrata la negligencia con la cual el Estado mexicano se ha tomado el tema de conservación y protección de los recursos naturales, la vida silvestre en particular y las comunidades que conviven con ese recurso. Son zonas olvidadas; es un terreno fértil para negocios no legales”.