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María camina entre matorrales. Con la palma de la mano cubre sus ojos del sol. “Antes esto no estaba así, las mineras han acabando con todo”, dice la mujer, quien se detiene al filo de una excavación minera. El municipio de Sabinas, al que pertenece este poblado, se encuentra al norte de México, a menos de 100 kilómetros de Texas. El lugar está en uno de los extensos llanos del desierto de Coahuila, donde el calor distorsiona el paisaje.
Los foráneos que llegaron a este lugar desearon hacerse ricos. Cloete forma parte la reserva de carbón más grande de México, conocida como la Región Carbonífera. El paisaje mezcla el color ocre del desierto con el pétreo color del carbón. La negrura llega a ser brillante con la luz solar; las vetas de este codiciado mineral están expuestas, basta abrir un pozo artesanal o cavar con pico y pala para extraerlo.
Las instalaciones de las grandes empresas mineras superan en infraestructura a los pequeños poblados de la región; el tamaño de la maquinaria con la que remueven los minerales rebasa cualquier edificación del lugar. Dentro de las compañías hay comedores, hospitales, vías férreas, transporte para el personal y pozos de agua: servicios inexistentes en la mayoría de los pueblos cercanos.
Las empresas suelen poseer filiales dedicadas a la explotación de mineral en zonas ilegales, explica en entrevista Cristina Auerbach, integrante de la organización Familia Pasta de Conchos. Pero la poca regulación en el sector carbonífero ha generado que operen bajo esquemas irregulares o que la ley no contempla.
En Coahuila, las concesiones mineras se venden o se rentan entre particulares para explotar el mineral. Esas transacciones no pagan impuestos y no son públicas, a pesar de que se trata de recursos “propiedad de la nación”, según lo estipula el artículo 27 de la Constitución.
Otro negocio es el de la compra-venta de carbón para comercializarlo a la Comisión Federal de Electricidad o al gobierno del estado. En entrevista, Raúl Vera, obispo de Saltillo y defensor de los derechos humanos, explica que el negocio de la minería es acaparado por empresarios locales: “Se tiene que estar ligado al PRI para entrar en el negocio del carbón”, dice.
En enero de este año, en Cloete, un grupo de empresarios mineros se hizo acompañar de militares para desalojar una manifestación pacífica y reiniciar las operaciones en una mina, pese a una clausura de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Poco antes de esta entrevista, pobladoras de Cloete enfrentaron a trabajadores que removían tierra en una mina colindante con una colonia habitacional, donde las casas están agrietadas por la remoción. Los habitantes poco pudieron hacer ante el ruido de la maquinaria y la prepotencia de un operador que informó: “Somos de la minera Los Compadres”. La excavación sólo se detuvo cuando la máquina perdió parte del tren motriz.
Pobladores de Sabinas, Coahuila, se oponen a proyectos mineros que afectan sus comunidades. Los accidentes en la minería son tan viejos como la extracción de mineral en la región. En México, la catástrofe de este tipo en la que más personas murieron ocurrió en Coahuila, en una mina de carbón hace más de 100 años, cuando 300 personas murieron enterradas en el foso llamado “El Hondo”.
En 2006 otro suceso marcó la historia de la región carbonífera, no sólo por la muerte de 65 mineros, sino porque la mina Pasta de Conchos, propiedad de Grupo México —que ocho años después ocasionó en Sonora el peor desastre ambiental de la historia del país—, evidenció cómo el gobierno mexicano encubre a empresas, aunque éstas operen fuera de la ley. La minería ilegal no extraña a nadie en esta zona, donde se genera 7% de la electricidad que se consume en el país. La organización Familia Pasta de Conchos tiene localizadas a más de 30 pequeñas empresas involucradas con la minería ilícita.
Políticos mineros
A Norma le ofrecieron hacer un foso para extraer carbón en el patio de su casa, a cambio de darle una cuna para su bebé. Ella rechazó la oferta, aunque le advirtieron que el desierto de Cloete, donde está su casa, no es fértil. El ofertante Álvaro Jaime Arellano es regidor del municipio de Sabinas, donde vive Norma. Servando Guerra, el otro ofertante, es un vendedor de chatarra convertido en empresario minero.
Al negocio de la minería han entrado políticos, empresarios y grupos del crimen organizado. Una importante célula del cártel de Los Zetas se estableció en la zona y se dedicó a la explotación de carbón, según declaró el propio ex gobernador Humberto Moreira en 2012: “El carbón se convirtió en una fuente de financiamiento para los narcotraficantes”.
Pobladores del municipio de Sabinas, quienes piden anonimato, aseguran que fueron los políticos y empresarios quienes se hicieron pasar por zetas para amedrentar a los habitantes.
“Son los mismos empresarios que también hoy operan en la región”, dice una mujer. Uno de ellos es el candidato a la gubernatura por Morena, Armando Guadiana, empresario que tiene concesiones de minas en Coahuila, Zacatecas, y Baja California. En 2016 una filtración telefónica reveló que su hija vivió en España con Paola Muñoz, hija de Juan Manuel Múñoz —representante del grupo criminal en Europa y detenido en Madrid en marzo de ese año—.
En el comercial donde se promociona aparece con sombrero, pañuelo, saco y camisa blanca, junto a Andrés Manuel López Obrador y dice: “Coahuila no merece gobernantes corruptos”.
La industria del carbón
El empresario inglés William Broderick Cloete fundó este lugar; llegó a Coahuila a finales del siglo XIX. La Región Carbonífera ya era la codicia de varios.
El carbón fue el combustible con el que se movían las locomotoras y uno de los minerales con los que se hace el acero. La roca sedimentaria es vitamina indispensable para los países en crecimiento, desde los andamiajes de los rascacielos hasta la industria armamentista. En la Segunda Guerra Mundial las acereras de Pittsburgh, en Estados Unidos, estuvieron dedicadas a suministrar metales para la guerra.
El gobierno mexicano tuvo la necesidad de reemplazar las importaciones y fundó en Monclova la empresa Altos Hornos de México (AHMSA). Así aseguró la explotación de carbón y abastecimiento de acero en el país.
Coal del Norte extrae carbón en una concesión propiedad del candidato Armando Guadiana. Altos Hornos fue vendida por el gobierno mexicano a Alonso Ancira Elizondo en 1991. Una de las empresas de Ancira, CIC Corporativo Industrial Coahuila, tiene uno de los contratos más caros que se hayan hecho en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, con un monto de más de 15 mil millones de pesos, según una investigación publicada por Animal Político. La licitación pública se hizo con el fin de adquirir carbón mineral” utilizado por CFE para la generación de energía. El contrato se firmó 12 días después de que Peña Nieto tomó posesión como presidente; su duración será hasta 2018, con el fin del sexenio.
AHMSA es una de las empresas beneficiadas con los vacíos legales que permiten la compra-venta de concesiones mineras en México. La que fuera una empresa paraestatal del gobierno mexicano compró en 2011 la concesión de una mina a cielo abierto a un particular: Jenaro Garza Guerra.
Cómo vivir en una mina
Camino con María entre los desfiladeros que dejan las mineras después de extraer el carbón en Cloete. La fauna en el lugar está extinta. Ver un zorro o una víbora es una rareza en estos páramos agujerados. La mujer muestra una charca color cobre y explica que el contacto del mineral con el agua la vuelve imbebible.
La mina en la que estamos pertenece al ex líder carbonero Urbano Santos Múzquiz. Aunque el desarrollo lo ha hecho su empresa, Coal del Norte, la concesión pertenece al candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana Tijerina. Documentos hechos llegar a Pie de Página vía la plataforma Mexicoleaks revelan que la concesión número 161542 del lote “Cloete Sur” fue otorgada a Materiales Industrializados S.A. de C.V., cuyos propietarios son Armando y José Luis Guadiana Tijerina.
La mina está a menos de 300 metros de las casas y contraviene la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) Microregión 2, que establece: “No se permitirán mineras dentro de los predios de la zona urbana comprendidos a una distancia de 350 metros de la última casa del municipio de Sabinas”. Tras protestas de los habitantes, la Profepa y la compañía acordaron que las operaciones se distanciarían gradualmente del poblado. Pero cada día se acercan más.
Los pobladores de Cloete interpusieron una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque las minas dañan sus salud y afectan sus casas y el Río Sabinas. Las construcciones están agrietadas, los azulejos rotos y los cimientos desencajados. Los vecinos temen que las casas se derrumben antes de que la CNDH emita su recomendación.
Mientras recorremos parte del pueblo, le pregunto a María lo que piensa del candidato empresario, que no se ha apersonado aquí en toda la campaña. “No se vale que le haga esto a los más pobres”, responde.
Este reportaje fue realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS y el sitio digital Pie de Página (PdP)
