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Doña Bertha perdió a su único hijo durante la masacre del 11 de febrero de 2016 en el penal de Topo Chico, donde murieron 49 internos. Aunque dicen que el tiempo todo lo cura, para esta madre, de 65 años, el dolor y el coraje reviven cada que piensa que su hijo no debió morir.
Aunque el joven había salido en libertad por falta de pruebas, en octubre de 2014, ilegalmente fue reaprehendido en marzo de 2015, por un recurso de apelación de la Procuraduría de Justicia del Estado, dice Bertha, segura que hubiera bastado presentar un incidente de libertad por desvanecimiento de datos o solicitar el beneficio de la condena condicional para que su hijo saliera del penal.
“Pero el abogado que traía el caso no movió un solo dedo, porque quería que le diera más dinero; me pedía 70 mil pesos, o que mi nuera se acostara con él”, afirma doña Bertha, traicionada por un llanto que rompe su serenidad y no la deja ni hablar, y es que con su pensión de 2 mil 400 pesos mensuales era imposible cubrir los honorarios que exigía el litigante, por más que le suplicó: “Sácalo, ya veré cómo te pago”.
Desde hace un año exige una indemnización al gobierno estatal, por el daño moral y económico ante la muerte de su hijo, “no me lo van a devolver, pero las cosas no pueden quedar así”. Dice que ojalá el gobernador les cumpla con esa demanda, “sino, ¿para qué quiere irse de Presidente?”
El miedo le gana al coraje por las cosas que vivió su hijo en el penal de Topo Chico, entre marzo de 2015 y febrero de 2016, cuando fue masacrado. Por eso doña Bertha ruega para que no se publique su nombre verdadero ni el de su ser querido, “porque tengo otros familiares y no quiero que les pase nada malo”.
Cuando me entregaron el cuerpo, querían que lo incinerara, para que no viera que tenía las costillas rotas y una herida de 15 centímetros en la frente que le llegaba “hasta atrás” de la cabeza y tenía desprendida la nariz, comentó con impotencia. A ella no le sorprendieron los videos de vejaciones a los presos del penal de Apodaca, porque también sucedía en el de Topo Chico, “son los cárteles los que mandan, y nadie se atrevía a denunciar”.
Doña Bertha encabeza a una de las ocho familias que representa uno de los abogado en la demanda de indemnización que presentaron contra el gobierno de Nuevo León, al exigir la reparación del daño a los tres mandos del reclusorio que son procesados por la masacre.
Otros litigantes representan a siete familias, mientras la mayoría de los deudos de los 49 fallecidos se conformaron con el apoyo que dio el gobierno estatal para gastos funerarios o desistieron de demandar, presionados por funcionarios estatales que les prometieron entregar 250 mil pesos como reparación del daño si abandonaban los despachos privados, lo cual nunca se cumplió, según el abogado Aurelio Galindo Rojas.
Con base en los artículos 502 de la Ley Federal del Trabajo, y 144 del Código Penal, a los deudos de cada fallecido correspondería una suma estimada en un millón de pesos, por reparación del daño económico y moral, pues el Estado tiene la obligación de velar por la seguridad y vida de los internos de los centros penitenciarios, comentó el litigante. “Nos van a notificar sobre una audiencia, para que haya una sentencia; pero antes vamos a buscar una cita con el gobernador”, concluyó.
