En muchos sentidos, la pena corporal, el pago de cuotas, y abusos en general que sufren los internos en los penales de Nuevo León y del país, se extienden a sus hijos, esposas o madres, por falta de políticas públicas que ayuden a sobrellevar su propio infierno.
Problemas como la sobrepoblación y de autogobierno, que prevalecen en los penales, son resultado de políticas que privilegiaron elevar las penas de prisión para castigar los delitos y crear nuevos tipos delictivos. Estas medidas han sido implementadas por su popularidad, pues son tácticas infalibles para captar votos; sin embargo, no resuelven los problemas estructurales que inciden en la delincuencia.
El fracaso de estas políticas se debe a que se aplican en solitario, sin recursos para programas sociales y de prevención, como becas educativas y alimentos para los hijos de los internos. Y, sobre todo, para buscar que los penales estatales y federales cumplan la readaptación social.
Si bien hace 20 o 30 años ya existían problemáticas en las prisiones, los autogobiernos y toda la violencia que actualmente se documenta eran fenómenos aislados. El hacinamiento sí existía, pero no alcanzaba los niveles de ahora. De 320 cárceles, en cerca de 120 hay sobrepoblación, lo que junto con la falta de presupuesto impacta diariamente en la historia de vida de los internos y sus familias. En contraparte, las administraciones estatales también eran distintas, tenían una visión donde el trato y la alimentación eran más humanos.
Es innegable resaltar que las autoridades parecen no entender que la problemática de los reclusorios tiene un efecto multiplicador de los problemas sociales. Cuando una persona entra a un penal, el delito ya está instalado también en el núcleo de su familia. Si no hay programas de apoyo, se estará propiciando el círculo vicioso. Cuando alguien entra a prisión —en promedio 94% de hombres— lo hacen en edades altamente productivas de 18 a 40 años, y muchas veces son el único sostén económico, por lo que al ser recluidos su familia no sólo tiene que generar el ingreso que les hará falta, sino también ver cómo paga las cuotas que exigen los grupos de la delincuencia, contratar abogados, gastar en pasajes, comida y hasta medicamentos, con lo que los familiares subsidian un gasto que deben cubrir los gobiernos.
Otro problema que debe enfrentar un ex reo es conseguir trabajo, cuando en todas partes piden la carta de no antecedentes penales, y a veces sale a una edad de más de 40 años y aunque haya laborado en empresas establecidas en la prisión, no cuenta con un esquema de pensión, y tampoco pudo hacer ahorros, porque los sueldos son de 600 a mil 200 pesos por semana y casi siempre sin alguna prestación.
Autora del libro “Vulnerabilidad y silencio. El impacto carcelario en las familias penitenciarias”. Ha promovido en el Congreso de la Unión una iniciativa para que destinen fondos para alimentación y becas a los hijos de internos y se les dé seguridad social, para él y su familia, como ocurre en países como España.
