Los problemas que hoy enfrentan los penales de Nuevo León son resultado de la carencia de una estructura política o administrativa que sustente la reinserción social, y el origen es la falta de personal capacitado al frente de estas instituciones, pensando erróneamente que todo se resuelve con mano dura.
No basta con tener un militar al frente (caso del penal del Topo Chico), donde se requieran políticas públicas de reinserción social, planes de capacitación, sicología, buena defensa, buenas instalaciones, no como un hotel, tampoco en condiciones tan deplorables, ni maltrato a los familiares, y todo deriva de una mano dura mal enfocada, así no se acaba el delito.
La corrupción es primordial para que la violencia y el autogobierno prevalezcan, ya sea la corrupción del celador que acepta dinero por permitir el ingreso de artículos prohibidos o de los administradores que por ciertas cantidades permiten conductas delictivas y privilegios.
Desde 2006-2008, que se empezó a recrudecer la violencia en el país, por la guerra del gobierno de Felipe Calderón contra el narcotráfico, hubo un abuso de la prisión preventiva y entró a los penales demasiada gente inocente o sin pruebas suficientes para su incriminación, porque ni las fuerzas federales o estatales, los agentes investigadores ni el Poder Judicial ni los penales estaban preparados para una oleada tan grande de detenciones.
Por todo el país se puso a militares en tareas de seguridad pública, pero no sólo es usar arma y ser bueno en estrategias de incursión y fuerza de choque, debe basarse en la prevención, pero apuestan a la mano dura, la que se lleva en medio a muchos inocentes, la que llena los penales.
He llevado la defensa de tres casos que fueron considerados emblemáticos a escala nacional, para ser presentados ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, uno de los cuales es el de la señora Ana Luisa Garza Aguilar, quien fue declarada inocente después de tres años presa en el penal del Topo Chico, sometida a torturas y acusada con pruebas falsas de halconeo para un grupo de la delincuencia organizada.
Para echar abajo las imputaciones tuve que llevar el caso hasta la Justicia Federal. Ana Luisa sigue siendo revictimizada por el gobierno estatal, pues desde agosto de 2016 se presentó ante la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas una demanda de reparación del daño por un monto de alrededor de 3.7 millones de pesos, con base en el fallo de la justicia federal que desestimó las imputaciones, todo lo cual fue corroborado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Sin embargo, a siete meses de la solicitud de reparación del daño, la CEEAV no ha resuelto ni a favor ni en contra, y se la ha pasado “echándose la pelotita”, con la CEDHNL, porque ésta no determinó una cantidad y la primera no la fija, pese a tener atribuciones.
Experto en la defensa de presos, víctimas de violaciones de derechos humanos.